En Colombia el progreso se detiene por conveniencia de quienes nos dirigen
Aída Avella Esquivel
@AidaAvellaE
Si no fuera por el dinero de la corrupción y del desplazamiento forzado de campesinos en varias regiones del país, no habrían llegado personajes al Congreso, que no contribuyen en nada al progreso de Colombia. Han hecho con este país un festín de la corrupción, de la violencia y de la burla a la justicia.
Tanto dinero fruto de delitos, como el saqueo descarado de los recursos destinados a la alimentación de los niños, la salud, la educación, la infraestructura.
Con la parapolítica, desde el gobierno de Álvaro Uribe, llegó el cartel de la toga del que ahora vemos sus consecuencias. Compra y venta de fallos judiciales de los congresistas encartados por asesinatos, fraudes y financiación de grupos paramilitares.
Pero con solo la denuncia no acaba el escándalo, pues la operación criminal de la clase política se renueva en caras. Después de ser condenados, llegan sus hermanos o familiares muy cercanos a ocupar su curul. O en su carrera por apropiarse de las rentas del Estado van por los puestos de gobernadores, alcaldes, asambleístas, concejales, embajadores y hasta directores de institutos. O por el camino de la otra rama del poder, se reencauchan en la Fiscalía, en las altas cortes, en la justicia local, departamental y nacional; también en la Registraduría Nacional o montan oficinas de abogados para tramitar los procesos de otros parapolíticos y corruptos locales a cambio de jugosas sumas de dinero y cuyo único valor jurídico para ejercer como juristas, es tener las mejores relaciones con los magistrados de las cortes que alguna vez ayudaron a elegir.
Pero como se va sofisticando el crimen, los viejos políticos corruptos o parapolíticos condenados, resultan como presidentes de los gremios económicos, la empresa privada y hasta en las iglesias. No se les escapa ningún sector. Como si fuera poco, tienen sus planes b, c, d, etc., para continuar con las dinastías de la corrupción y los delitos derivados.
“Casas políticas”
Ahora las castas se reproducen y se hacen llamar “casas políticas” de la región, para continuar en la misma compra y venta de votos, que les proporciona los miles de millones que sacaron de las arcas públicas, de los sobornos a los contratistas. Unos colocan a sus hijos llorando en la televisión, otros piden perdón a sus electores. Si están realmente arrepentidos, saquen a sus familiares de las listas al Congreso y dejen descansar los territorios de tanto pícaro disfrazado de político.
Nos preguntamos cómo pueden dirigir desde las cárceles, el proceso electoral en las regiones, quiénes les mueven el dinero mal habido, quiénes son sus testaferros, quiénes los protegen. ¿Por qué la justicia no actúa, siendo que los partidos continúan como empresas electorales para ofrecer avales al mejor postor? ¿Por qué los ladrones de cuello blanco continúan teniendo el poder no solo del dinero, sino el miedo que imprimen en determinadas poblaciones si no votan por ellos? El poder del dinero corrupto juega con la miseria de las personas, que sienten recompensados sus votos, por los 20.000, 50.000, 100.000 pesos que les dan a las familias en época electoral, por el cupo en el colegio, por el nombramiento de un hijo como maestro o como funcionario público, como trabajador en sus inmensas extensiones de tierras, muchas de ellas sin títulos, pero aprovechadas, a la sombra de grupos armados que son una realidad en muchos municipios del país.
Pero lo más aberrante, es que los partidos, con capacidad de otorgar avales, les hacen el juego, respaldando a los amigos y familiares de quienes están en las cárceles, para no perder los votos amasados con el delito. ¿No sería causal de perdida de las personerías, tantos avales dados a tal cantidad de personas que han reconocido delitos públicamente? No existen los delitos de sangre, pero cuando uno roba porque es congresista, el otro porque es gobernador y tiene a uno en reserva por si pasa algo y tiene la desfachatez de proponerlo a Cambio Radical, la U, al Partido Liberal, Conservador, cuyos presidentes se hacen los ciegos, los sordos, para no escuchar el clamor generalizado. No solo es un problema judicial, sino de ética, que está lejos de aplicarse en Colombia.
Impunidad
En otros países, más serios que el nuestro, los escándalos de corrupción hacen caer a dirigentes políticos, dirigentes de fútbol con investigaciones a fondo y no amañadas. En Colombia, donde la ley de la gravedad no aplica para la corrupción, los dirigentes políticos de derecha e indecentes caen para arriba, lo vemos en las listas de los partidos tradicionales y sus apéndices, la cantidad de herederos de la corrupción, del desplazamiento forzado y otros, pululan en las listas del Congreso, aunque sus cabezas visibles están en las cárceles, ejerciendo el poder detrás de las rejas.
Coincido con quienes creen que el combate contra la corrupción es indispensable no solo para el saneamiento de los partidos, para rescatar la actividad política de manos de los ladrones, sino para cambiar las costumbres políticas, construir el desarrollo y superar la pobreza, que en el caso de Colombia, se debe en parte a una pésima distribución de la riqueza. Este país no es pobre, tiene todo el potencial del mundo para saltar tres pasos en el progreso y construir una sociedad democrática, decente y repleta de un futuro esperanzador.
El miedo de las élites politiqueras que se hacen multimillonarias con el ejercicio de la política, es que el pueblo deje de votar por ellos y pierdan sus privilegios. El 60% de los electores en Colombia se indignan por la clase corrupta que los dirige, pero el día de las elecciones se quedan en la casa. Yo invito a ese sector de la población, a que se sume a la indignación y que elija a quienes hacen de la política un servicio social. ¡Basta ya de esas castas de cacos!
