Luego de dos semanas de paros, marchas y otras manifestaciones de protesta en todo el país, el Gobierno nacional se empeña en no asignar los recursos para financiar la educación, formalizar planta de personal y conseguir los dineros para mejorar los servicios de las entidades estatales
Juan Carlos Hurtado Fonseca
La toma de cinco importantes ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín y Bucaramanga, por parte de miles de profesores, luego de dos semanas de cese de actividades, muestra la contundencia de la protesta de la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, y lo lejos que están las posiciones en la mesa de negociación con el Gobierno nacional.
El cese de actividades inició el pasado 11 de mayo, cuando los maestros decidieron protestar con determinación, por los incumplimientos gubernamentales en puntos acordados años anteriores, y principalmente, para oponerse a la imposición de la jornada única sin el presupuesto ni la infraestructura necesarios. Las manifestaciones han contado con un vasto apoyo de estudiantes y padres de familia.
Ante los argumentos de los docentes, la jefe de la cartera de Educación, Yaneth Giha Tovar, dijo que no son ciertos, que el Gobierno ha cumplido. Además, el pasado 24 de mayo, no sin antes pedir el levantamiento del cese de actividades, aseguró haber propuesto una bonificación que beneficiaría a todos los docentes del país cada vez que cumplan un año de trabajo. El otro escenario sería una bonificación dirigida al 65% de los maestros que tienen ingresos más bajos. El 35% restante, corresponde a los docentes del grado 14 (los más antiguos), quienes ya reciben una bonificación que se acordó hace dos años. “Es una propuesta responsable y transparente con la realidad fiscal del país. Quisiéramos dar más, sabemos que no es suficiente, pero este Gobierno ha hecho un esfuerzo enorme por mejorar las condiciones laborales de los maestros y seguirá haciéndolo”, argumentó la Ministra.
Posición de los docentes
Para conocer lo que pasa en las diferentes comisiones que discuten los temas, VOZ habló con el profesor Pedro Arango, integrante del comité ejecutivo de la Federación, quien en relación con lo dicho por Yaneth Giha, dijo que actualmente los trabajadores estatales que devengan menos de dos salarios mínimos mensualmente, tienen como beneficio una bonificación del 50% de su salario cada año. Y, quienes devengan más de ese valor, reciben un 35%. La propuesta de la Ministra consiste en que los profesores como trabajadores estatales al no contar con ese derecho, obtengan un 14% quienes ganan menos de dos salarios y 6% el resto de ellos.
Los docentes rechazan la propuesta porque aun así, los deja por debajo del resto de trabajadores del Estado, pero además, expresan que lo fundamental de esta negociación es la financiación de la educación, sobre todo, los recursos y la infraestructura para poder atender la jornada única.
Las comisiones se abrieron luego de la movilización del pasado 16 de mayo, y en la que discute sobre el sistema general de participación, Fecode se mantiene en su posición de una financiación de la educación pública y que se dé una adición presupuestal, con una fuente diferente al sistema. Además, que el mismo sea reformado. “Eso a largo plazo, pero de inmediato lo que pedimos es que nos resuelvan el problema de falta de plata, de recursos”, anotó Pedro Arango.
En otra comisión se discuten algunos decretos de jornada única, donde exigen que para implementarla, antes se deben cumplir algunos criterios relacionados con infraestructura, alimentación de los niños, pago de servicios públicos de las instituciones educativas, mantenimiento de los colegios, espacios recreativos y aumento salarial para extender la jornada laboral de los maestros, entre otros temas. “El Gobierno dice que no hay plata, pero que se implemente la jornada, que esos problemas los resuelvan los maestros; entonces ahí estamos…”, comentó Arango.
Pero también hay temas que ni siquiera se han iniciado a tratar como salud, financiación y bonificación por servicios prestados. “El problema es que la seguridad y salud en el trabajo requieren 300 mil millones de pesos y no los han aprobado. También hay un tema de prestaciones, de pensiones por invalidez, o sea, el manual de calificación y el tema del defensor del usuario, que tampoco se ha elegido. Eso es más fácil de resolver, pero todavía nada”, explicó el profesor Pedro Arango.
Los otros estatales
Alberto Vanegas, negociador por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, en la mesa de los trabajadores estatales, dijo a VOZ que por ahora siguen en anormalidad laboral trabajadores del Ministerio de Trabajo, el Inpec, de algunas universidades y del Instituto de Bienestar Familiar.
“Luego de las movilizaciones de los trabajadores del Estado, el Gobierno subió su propuesta de 0,15% al 0,45 en reajuste salarial. La posición de los negociadores representantes de los trabajadores era que luego de la reforma tributaria y los incrementos en el costo de vida, el alza debía ser del IPC más cinco puntos, pero para avanzar en las negociaciones bajamos a IPC más 4,25”, señaló Vanegas.
También insisten en que se destinen recursos para la formalización de plantas de personal, presupuesto para las entidades públicas y nivelación salarial para miles de ellos. Además, continúan sin avanzar en los puntos de los incumplimientos de los acuerdos de los años 2013 y 2015. “Se puede decir que hasta ahora estamos iniciando la negociación…”, indicó Vanegas, el fin de semana pasado.
Los docentes de preescolar, primaria y secundaria, de todo el país, están en paro desde el pasado 11 de mayo, y muchos trabajadores estatales, desde el pasado 16. Los conflictos se remontan a años anteriores, en los que se hicieron negociaciones que no han sido cumplidas por parte del Gobierno central, y a peticiones de aumento en la financiación de la educación, la formalización laboral y el incremento presupuestal para el funcionamiento de varias entidades estatales.
