El partido de la FARC lo califica de show mediático
Hernando López
En medio de la campaña electoral para elegir a los senadores y representantes a la Cámara y de las consultas para escoger algunos de los candidatos presidenciales de los partidos políticos, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, anunció con bombos y platillos la captura de los hermanos Norberto, Uriel y Janeth Mora Urrea, comerciantes, dueños de supermercados en Bogotá, Cundinamarca y otros departamentos, debido a que “en larga y rigurosa investigación la Fiscalía recopiló evidencias de que son testaferros de las FARC, que contribuyeron a lo largo de varios años a ocultar bienes de la guerrilla”.
Según Martínez Neira, los bienes de la familia Mora Urrea suman más de 650 mil millones de pesos, representados en propiedades en varios departamentos y en supermercados, que ganaron prestigio porque con precios populares permitieron que familias de escasos recursos mejoraran sus condiciones de consumo y tuvieran fácil acceso a los artículos de primera necesidad. “En el show mediático”, como fue calificado por la FARC, el Fiscal General de la Nación, confundió los hechos y señaló como de propiedad de la familia Mora Urrea varias casas y fincas en Bogotá, Villavicencio, Puerto López, Puerto Gaitán (Meta) y en San José del Guaviare, que pertenecen a otras personas detenidas con el mismo cargo de testaferrato y enriquecimiento ilícito. Pocos días después, Martínez Neira le entregó a su colega ecuatoriano, de visita en Bogotá, 13 millones de archivos que comprometen a los Mora, según él, con propiedades en el vecino país que son de las FARC.
En medio de contradicciones le atribuyen la relación a los Mora con el “Mono Jojoy” por la “estrecha amistad” de este con su madre Ana Bertilda Urrea. También le asignan cercanía con Henry Castellanos (“Romaña”) y hasta con el “negro” Acacio, muerto en combate hace varios años. La acusación estriba en supuestas relaciones con los jefes guerrilleros desde los años 90 del siglo pasado, y que sus negocios rinden exagerada utilidad. Llegó al colmo de la irresponsabilidad de acusar a los más de 1.500 empleados de ser guerrilleros de las FARC y a los administradores de delincuentes.
Pruebas fabricadas
Consultados por VOZ, expertos abogados penalistas opinaron que se notan contradicciones en las explicaciones del fiscal y de sus funcionarios, así como debilidad en las pruebas que se basan en suposiciones y delaciones de exguerrilleros ahora informantes del Ejército. Es decir, trabajan para este.
Generan sospecha y duda que la investigación la iniciara el DAS hace más de diez años, organismo que fue liquidado, porque estaba al servicio de los paramilitares y los narcotraficantes. Tres de sus exdirectores están presos y condenados por graves delitos. También hizo parte de la investigación la inteligencia del Ejército que “no tiene la calidad de organismo de investigación judicial y no está facultada siquiera para hacer el levantamiento de un cadáver”, comentó un penalista. Esas investigaciones cobraron legalidad porque las aceptó sin beneficio de inventario la Fiscalía General de la Nación.
“Las pruebas contra los Mora son fabricadas”, dicen amigos y vecinos de la Provincia del Sumapaz. Aseguran que es una familia muy reconocida en la región, trabajadores honestos, que desde muy jóvenes se dedicaron al comercio de alimentos y a abrir tiendas y supermercados con precios populares. Así surgieron sus negocios Supercundi, Merkandrea y Mercafusa.
El ataque de los vándalos
Varios supermercados fueron quemados y atacados por vándalos, después del show mediático de Martínez Neira, quien de manera irresponsable condenó a los detenidos sin otorgarles garantías judiciales y el debido proceso. También por el nefasto papel de los grandes medios de comunicación que desplegaron con espectacularidad y como “caso juzgado” el novelón del fiscal. “Si esto se cae como es previsible, la Nación tendrá que pagar miles de millones de pesos de indemnización por daños y perjuicios” le dijo un abogado a este semanario.
Debido a lo anterior, como a la labor de enemigos de la paz por las redes sociales y oscuros personajes conocidos de autos, los delincuentes fueron incitados a atacar los supermercados y a saquearlos, también se sumaron gentes necesitadas, angustiadas por el hambre, es la triste realidad de la Colombia pobre, sin futuro.
Desde la “gran prensa”, vil y mentirosa, se le atribuyen los saqueos e incendios al odio contra la guerrilla. Con el mismo cuento justifican los asesinatos de excombatientes y el saboteo a los actos del candidato presidencial Rodrigo Londoño y de los candidatos al Congreso del nuevo partido.
“No más espectáculo…”
“Señor Fiscal General, no más espectáculo mediático” es el título de la declaración del Consejo Político Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, con fecha del 21 de febrero de 2018. A la vez reafirma la reconocida trayectoria del Fiscal General “de entorpecimiento a la implementación del Acuerdo Final, tal y como se manifestó en su oposición a la creación y puesta en marcha de la Unidad de Investigación Especial de los Crímenes del paramilitarismo y en su trabajo sistemático de alteración del sentido y los contendidos de la Ley Estatutaria de la jurisdicción Especial para la Paz, durante su trámite en el Congreso de la República. Por cuenta de su actuación se dio una bofetada a las víctimas del conflicto, al excluir de la JEP a los altos mandos militares y a los llamados civiles terceros y los funcionarios civiles del Estado”.
Para Iván Márquez, cabeza de la lista al Senado del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el fiscal Martínez “lo que busca es sacar a los guerrilleros de la JEP”, así pasarían a la justicia ordinaria. Henry Castellanos (“Romaña”) declaró que no conoce a los Mora Urrea y tampoco a los desertores, uno de ellos que dice haber sido su conductor, cuando en los parajes que él transitaba lo hacía a pie o en bestia porque no existen carreteras. Otro directivo del nuevo partido le declaró a VOZ, que el “show mediático se hizo público en medio de las sindicaciones a Álvaro Uribe y de la entrega de una nueva guaca anunciada por el presidente Santos de varios lingotes de oro y millones de dólares, en cumplimiento de los compromisos hechos por las FARC en La Habana. Ya pasa del billón de pesos lo entregado para reparar a las víctimas”.
La realidad
Un veterano dirigente agrario del Sumapaz le dijo al semanario VOZ que la madre de los Mora Urrea, doña Ana Bertilda Urrea, no fue conocida del comandante Jorge Briceño, sino que fue una luchadora agraria, cercana a Juan de la Cruz Varela, dirigente de las guerrillas de la región, en los años cincuenta. Como se sabe Varela firmó la paz y llegó a ser senador y representante a la cámara en las listas del MRL, durante el Frente Nacional. Además señaló que “uno de los Mora estuvo secuestrado por las FARC en los tiempos de los diálogos del Caguán y luego tuvieron que pagar ‘impuestos de guerra’ a los guerrilleros como tantos comerciantes de la región”. Asegura que “esto es un burdo montaje judicial”.
Nunca en ningún país que allanó el camino a la paz se habían realizado tantos montajes y dilaciones para impedir, desde el Estado, la culminación de un proceso de paz, necesario y anhelado a nivel nacional e internacional. Uno de los mayores enemigos de la reconciliación en Colombia es el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, designando con el apoyo y el guiño definitivo del presidente Santos por la Corte Suprema de Justicia, no obstante que en la terna figuraba un experto abogado penalista como Yesid Reyes, hijo del prestigioso jurista Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia, inmolado el 6 de noviembre de 1985 en la retoma del Palacio de Justicia por los militares, ocupado por un comando de la guerrilla del M-19.
