El Congreso de la Republica está sesionando. Lleva dos semanas y cuatro plenarias que hasta ahora dejan la sensación de ser un canto a la bandera respecto de la crisis económica, social y en salud por la que atraviesa el país
Redacción Política
La correlación de fuerzas no ha cambiado en el parlamento, las intervenciones de los partidos declarados en independencia o aliados del Gobierno, con algunas excepciones, son un gran comité de aplausos. Las evidencias científicas de la pandemia son el menor de los argumentos para defender la gestión de Iván Duque y su afán de levantar la cuarentena.
La oposición política, se encuentra unida, aunque sus iniciativas se muestran descoordinadas. Las iniciativas políticas no tienen hasta el momento impacto ni incidencia, los debates de control político no generan la contundencia necesaria. Solamente la propuesta de moción de censura hecha por el senador Gustavo Petro en contra del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, alcanzó a ser tener eco, pero no maduró.
El partido de Gobierno es hoy dueño del ritmo del Congreso mientras los gremios económicos dictan las disposiciones, a su medida, para soportar y superar sin perder sus privilegios. Por eso la oposición decidió sistematizar sus propuestas sobre el manejo de la crisis en salubridad, sus consecuencias sociales y económicas, y un plan de atención inmediato en diez renglones de la economía.
Situación carcelaria
La bomba penitenciaria puede estallar de no tomarse las medidas adecuadas. El covid 19 se encuentra en los penales de Colombia y el Gobierno se niega a declarar una emergencia carcelaria y tomar las medidas eficaces. Hasta ahora la ministra del Interior no ha podido sino proyectar un decreto que le habilitaría la salida a cuatro mil personas, cifra que en nada libera la presión del hacinamiento carcelario.
Por eso la oposición propone: libertad inmediata a las personas privadas de este derecho que hayan cumplido su pena o los requisitos para el otorgamiento de prisión domiciliaria o libertad condicional, libertad condicional para las mujeres cabeza de familia privadas de la libertad por delitos menores; sustitución de prisión domiciliaria para los mayores de 60 años, sustitución de medida de aseguramiento intramural por detención domiciliaria a las personas privadas de la libertad no violentas que no hayan sido condenadas; libertad condicional a campesinos condenados por delitos relacionados con los cultivos de uso ilícito, libertad condicional a exguerrilleros firmantes del Acuerdo de Paz; y sustitución de prisión por prisión domiciliaria a quienes hayan cumplido la mitad de la pena, además de libertad condicional a penados que no superen condenas de ocho años.
Salud pública
En general la bancada alternativa ha señalado urgente la continuidad del servicio sin corte por ausencia de pago. Gratuidad en servicios públicos estratos 1, 2 y 3 durante confinamiento. Prohibición de corte, mínimo vital y congelar tarifa en los servicios públicos necesarios para sobrevivir la cuarentena obligatoria.
En materia de salud pública, además de la propuesta de girar un billón de pesos de los fondos ministeriales de Defensa a la salud, se reclamó la suspensión de compra de armamento y equipos militares no esenciales prevista para este año. De hecho, se pidió que el billón de pesos tuviera una destinación especifica: ampliación de Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, en todo el país, compra de test para diagnosticar el covid-19 y la adquisición de elementos de bioseguridad y al pago de salarios al personal de la salud.
Se pidió igualmente reformulación de la ley 100 de 1993 eliminando la intermediación de EPS y la disposición de los derechos de la seguridad social al mercado. Es decir, lo que la senadora Aída Avella viene señalando: “lo que no sirve se cambia y el modelo EPS no sirve. Debemos nacionalizar la salud en Colombia”.
Agro
Reactivación y fortalecimiento inmediato de los mercados campesinos étnicos y agroecológicos del país. Garantía del derecho humano a la alimentación y a la protección de la producción de alimentos de las economías familiares y comunitarias: beneficios para los pequeños productores, y no para los grandes gremios; acceso efectivo a créditos para los pequeños productores; priorizar los productos locales en las compras públicas, entre otras medidas.
Sin techo
Adecuación de albergues y hogares de paso que cuenten con un enfoque de salud pública y que garanticen la alimentación, la salud mental y la atención a quienes sufren de un uso abusivo de drogas, para habitantes de calle y población que no tenga un techo fijo.
Educación
La oposición reclama que se subsidien, por el tiempo de la emergencia sanitaria, los pagos de pensiones y matrículas en los centros privados de educación preescolar, básica, media y superior a las familias que no cuenten con ingresos fijos. Además, no se cobrará ningún tipo de certificado o registro que soliciten los estudiantes al área administrativa.
Durante el tiempo de clases virtuales o vacaciones adelantadas, los centros de educación preescolar, básica, media y superior no podrán suspender los auxilios de sostenimiento a los estudiantes. Las instituciones que decidan educar bajo la modalidad virtual deberán garantizar que todos sus estudiantes cuenten con los medios necesarios para cumplir con sus obligaciones, para ello, podrán establecer planes de acción con el Ministerio de Educación y el de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
Vivienda
“Proponemos un subsidio en arriendos para personas sin ingresos fijos mensuales y que estén siendo afectados económicamente por el aislamiento obligatorio por el periodo de confinamiento y un mes después. Lo mismo que la suspensión del cobro de arriendo a estratos 1, 2 y 3. Esto lo debe asumir el gobierno, que las agencias de arrendamiento lo lleven como un costo deducible adicional, o como descuento tributario. Expedición inmediata del decreto que suspende el desalojo y pago del canon de la vivienda o local comercial arrendado y castigar con multas los desalojos de arrendatarios durante la pandemia”, explicaron los voceros de la bancada.
Renta básica
Renta básica a trabajadores por tres meses, así como a la población desempleada y en condiciones de vulnerabilidad durante la emergencia vinculada a los sectores formal e informal de la economía. Esta renta básica incluiría un salario mínimo mensual con todas las prestaciones ($1´479.000) para 9.3 millones de trabajadores informales y 2.8 millones de trabajadores formales vinculados a actividades vulnerables. Un salario mínimo mensual ($877.803) durante tres meses a 2.3 millones de personas desempleadas; un salario mínimo mensual con las prestaciones a 486.000 trabajadores informales de origen venezolano debidamente registrados en Migración Colombia, Ministerio de Relaciones Exteriores. Un monto de $490.000 pesos en promedio para cubrir los gastos de arrendamiento y servicios públicos.
Puntualmente se reclama: Condonación de la deuda externa, y moratoria hasta por dos años con otras entidades financieras con las que se tengan deudas.
Cultura
Revocar el Decreto 516 de 2020 que condena a nuestros actores y talento audiovisual a la miseria al otorgar el 80% de la parrilla de contenidos a los canales abiertos a producciones extranjeras.
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