“Nosotros somos una población vulnerable, por lo tanto no podemos pagar más IVA, ni los impuestos por la relación bancaria que debe asumir el Inpec con el Banco Popular”, dice José Ángel Parra
Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
Para nadie es un secreto las condiciones de vulnerabilidad en las que viven las personas privadas de la libertad en las cárceles colombianas. Los tratos crueles y los abusos de poder generados por los guardias son cotidianos, así se ha denunciado en múltiples ocasiones por parte de las personas recluidas, que a su vez señalan, ser víctimas de la crisis de un sistema carcelario que, de manera impune es afianzado por el Instituto Nacional Penitenciario, Inpec.
La vacuna económica
El primero de junio del presente año, la población reclusa fue notificada por el Inpec de que, a partir de la fecha, las consignaciones bancarias que familiares hacen a quienes están tras las rejas y que son consignadas en el Banco de Popular, tendrían un Iva adicional y un cobro como impuesto por cada consignación, de dos mil pesos. Situación que generó un descontento entre quienes se benefician del servicio, pues alegan ser una población vulnerable que no cuenta con las condiciones económicas para asumir una responsabilidad que le corresponde cubrir al Inpec.
VOZ, dialogó con José Ángel Parra, preso político de las FARC, y quien aún continúa tras las rejas pese a los acuerdos firmados con el Gobierno nacional. Él y sus compañeros recluidos en la Picota denuncian que es una situación injusta. “Nosotros somos una población vulnerable, por lo tanto, no podemos pagar el IVA ni que nos cobren dos mil por la consignación en el Banco Popular. Solicitamos nos ayuden a denunciar este abuso, pues ya se les está cobrando a nuestros compañeros”.
Algunos miembros del sindicato del Inpec dirigieron una comunicación a la entidad bancaria buscando explicaciones frente a esta situación. Según explicó el mismo banco ante la reclamación, estas dos entidades tienen una relación comercial desde hace nueve años, y hasta ahora, afirma la entidad bancaría, el convenio les ha representado pérdidas. “Teniendo en cuenta los costos operativos en los que incurre el banco para cumplir con lo pactado, fue necesario buscar opciones de reciprocidad para el proceso”, afirman en la comunicación. También aseguraron que desde 2017, la propuesta que la entidad le hace al Inpec fue la de “mantener promedios mínimos retributivos en su cuenta corriente y de ahorros, o el pago de una comisión de operaciones. El Inpec, decidió el pago de una comisión de operaciones, pero ésta le fue atribuida a los presos. Así se les notifico desde el primero de junio.
El banco se lava las manos y el Inpec se descarga de su responsabilidad
La misma entidad bancaria, en su explicación de la situación, asegura que esta responsabilidad debió ser asumida por la entidad carcelaria, “nuestra relación contractual es con el Inpec y no con los usuarios que se benefician del convenio, los costos operativos que genera el banco la prestación del servicio de recaudo deberían ser asumidos por el Inpec”.
José Ángel comenta que, según la documentación que han recogido hasta el momento, “el cobro que nos están haciendo en el Banco Popular es porque el Inpec le solicitó al banco que lo hiciera. Es infame, pues ellos saben que ese mismo dinero que nos consignan se queda en las manos del Inpec, porque tienen el control del centro de acopio o como ellos lo llaman, el centro de expendio. Allí nos obligan a comprar los productos de primera necesidad a costos elevados y de mala calidad. Un pan de los que le llaman roscón, pequeño y sin nada por dentro cuesta 700 pesos. Los jabones de baño cuestan mas de dos mil y así cada producto”. La mayoría de las personas privadas de la libertad, como bien lo afirma José Ángel, carecen de recursos económicos para poder garantizarse unas mínimas condiciones en la reclusión. Las consignaciones no dan abasto con los altos costos de los elementos básicos, eso sin contar con las condiciones en las que deben vivir, pues más allá del costo de la vida en la cárcel, el hacinamiento y las extorsiones son infames. Hay patios destinados a 264 personas, pero que hoy pueden superan los 900, y por tener un espacio en el cual descansar, hay que pagar.
Ante esta situación, los presos llaman a poner los ojos sobre las irregularidades del Inpec, el abuso de poder que se ejerce sobre quienes están recluidos. Por ello, exigen que se elimine la vacuna de los dos mil pesos por consignación, y que sea el Inpec quien tenga la relación bancaria con el Banco Popular, quien asuma su responsabilidad comercial y no los usuarios del servicio, quienes ya pagan impuestos por cada transacción.
