El informe anual que realiza la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Acnudh, hace una evaluación sobre esta cuestión, en el año 2019, que generó duras críticas del presidente Duque. Al parecer, el presidente no leyó el informe o quiere seguir ocultando la realidad de la violencia, y a la vez, desprestigiar la autoridad política que tiene esta institución.
El documento critica las graves y continuas violaciones a los derechos humanos en el territorio nacional y la inseguridad de los líderes sociales y prueba, además, que no existe la debida protección del Estado: indica que la tasa de homicidios fue de 25 por cada 100.000 habitantes, lo que demuestra la existencia de un nivel de violencia endémica, (según la Organización Mundial de la Salud hay violencia endémica cuando la tasa de homicidios supera 10 muertes por cada 100.000 habitantes). Se registraron, entonces, 36 masacres que significaron 133 personas asesinadas, la más alta registrada por la Acnudh, desde 2014. Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Cauca y Norte de Santander. La labor de defender los derechos humanos en Colombia se volvió de alto riesgo, pues la oficina documentó 108 asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos y reclamantes de tierras, el 75% de los cuales ocurrieron en los territorios rurales, en municipios con índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional y caracterizados por la presencia de economías ilícitas, de grupos criminales y otros grupos violentos. En cuanto al papel de la Fiscalía General de la Nación en la investigación de los casos, se destacó que no se avanza en la judicialización de los autores intelectuales.
Llama la atención que en lo referido a las diferentes protestas desplegadas en el marco del paro de noviembre, existe la preocupación de Naciones Unidas, en lo que respecta a la represión violenta de la policía; el incumplimiento con las normas y estándares internacionales de los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, que ocasionaron lesiones y muertes a algunos manifestantes.
Por lo anterior, recomienda investigaciones exhaustivas, efectivas e independientes en los casos del exceso en el uso de la fuerza por parte del Esmad y propone una profunda transformación de este, que incluye la revisión de sus protocolos sobre el uso de la fuerza, armas y municiones menos letales, para que cumplan con las normas y estándares internacionales. Asimismo, criticó las detenciones arbitrarias, con el pretexto de “traslado por protección”, le confirió facultades discrecionales a la policía, que terminaron por restringir el derecho a la libre movilización de las personas.
El informe también señala negativamente el interés de la justicia penal militar en solicitar su competencia en investigaciones de casos de privaciones arbitrarias de la vida, cometidas por el Ejército y la Policía. Casos que, en virtud de las normas y estándares internacionales deberán, mantenerse en el marco de la competencia de la justicia ordinaria. Para esto, recomienda que la Fiscalía General de la Nación aplique de manera integral los Protocolos de Minnesota y de Estambul en las investigaciones de violaciones que involucran a estas instituciones del Estado.
La respuesta del gobierno se caracterizó por menospreciar el informe. Este pretende ocultar la atención sobre la realidad que padece el país, al señalar que es una intromisión a la soberanía colombiana por parte del comité de derechos humanos de Naciones Unidas. Pero, en esta ocasión, la inconformidad se da porque esta misma oficina había recomendado que los condenados tengan un nuevo recurso para impugnar la sentencia que los condenó en única instancia. Dicha recomendación fue apoyada y tramitada en el congreso, ya que favorecía al exministro Arias, pero esta vez, el asunto no favorece el interés político gubernamental, y ya existen voces que buscan limitar las funciones de la ONU porque el informe evidencia la represión violenta del Gobierno contra las movilizaciones sociales y su impotencia o desidia para combatir los delitos de lesa humanidad que comete la extrema derecha.
Duque también alega que el informe tiene datos incompletos, con esta observación pretende minimizar el impacto de las observaciones de la ONU y eludir su compromiso prioritario de defender los derechos humanos. En definitiva, no tiene voluntad para enfrentar la creciente violencia que hay en el país, ni de adoptar medidas reales y efectivas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos humanos de la población, como tampoco de viabilizar el ejercicio democrático de la protesta social y los derechos de la oposición.
El prestigio y la seriedad del Gobierno para cumplir sus compromisos con la comunidad internacional y las instituciones como la ONU, queda cuestionada, además queda demostrada la poca importancia que le da Iván Duque al apoyo político y financiero de la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas al Acuerdo de Paz.
El valor de las opiniones y recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, posee importancia para lograr avances en la implementación del Acuerdo. Es evidente que el mal gobierno de Duque está conduciendo al país a un aislamiento internacional, y mayor sometimiento a las imposiciones estadounidenses.
