Arrebatarle la independencia al organismo de control fiscal colombiano es propicio para agigantar el boquete de la corrupción
Simón Palacio
@Simonhablando
El próximo 16 de agosto se reunirá el Senado en pleno para elegir el sucesor Edgardo Maya Villazón, el contralor general de la Nación para los próximos cuatro años. Quien quede elegido se encargará de poner la lupa sobre los asuntos fiscales y financieros del Estado colombiano, y sobre todo, echar a andar una política en contra de la corrupción, así como poner en cintura disciplinaria a los funcionarios que mal gasten o se roben los dineros de los colombianos.
La metodología de escogencia cambió para la elección de esta semana. Antes, el Contralor era elegido por el Senado de una terna presentada por el ejecutivo al legislativo, ahora es el propio legislativo el que elige, ya no de una terna sino de un número determinado de candidatos que debieron pasar el filtro de elección de un comité técnico especializado a cargo de la Universidad Industrial de Santander.
En esta oportunidad las mayorías del Senado dan por descontada la elección de José Félix Lafaurie. El ganadero que ha sido condenado por el Consejo de Estado por tráfico de influencia es el más firme candidato a quedarse con la dirección de la entidad de control fiscal. Así no lo avalen sus antecedentes disciplinarios como vicecontralor, pues fue denunciado por aceptar las recomendaciones de los congresistas más cercanos a su inclinación ideológica para usar esa entidad como una bolsa de empleos.
Pero esa sanción no es su único cuestionamiento. En el año 2016 el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, le pidió a la Contraloría una auditoria al Fondo Nacional del Ganado, entidad administrada por la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegán, a cargo de Lafaurie, para controlar los recursos que le llegaban al Fondo con origen en los pagos de parafiscales y cuya única destinación eran las actividades propias del gremio.
La auditoría encontró: “según lo previsto por las Leyes 89 de 1993 y 101 de 1993, los recursos parafiscales ganaderos tienen una destinación específica, y por tanto el órgano de dirección y administración del Fondo Nacional del Ganado debe dirigir la distribución, ejecución e inversión de los mismos, estrictamente en las actividades y para los fines previstos en el ordenamiento jurídico y en el Contrato de Administración vigente, suscrito con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”, indica el informe.
El manejo de los recursos públicos para el desarrollo del sector fue ineficiente debido a los créditos de inversión de un Fondo que dos años antes de la auditoría venía con una tendencia a producir pérdidas por el orden de 18 mil millones de pesos anuales, a pesar que era uno de los Fondos con mayor de ingreso presupuestal.
La defensa del ganadero y aspirante a dirigir la entidad que le hizo la auditoría al Fondo que administraba años atrás, es declararse perseguido político del gobierno saliente por su militancia en el uribismo y en el Partido Conservador. Hasta hace menos de un mes, Lafaurie era el encargado de coordinar el empalme del gobierno Santos y Duque, en el Ministerio de Agricultura. A la misma instancia a la que como jefe de los ganaderos le reclamaba al Gobierno nacional devolver el manejo de los recursos que dos años antes no pudo manejar.
En la bancada de gobierno con el Centro Democrático y el Partido Conservador se podría elegir al Contralor, pero los cálculos matemáticos no son suficientes para que la derecha se quede con la Contraloría. El Partido de la U y Cambio Radical llevarán a la plenaria un candidato diferente a Lafaurie, y como está la correlación de fuerzas políticas en el parlamento, no tiene asegurada su elección.
De salir elegido Lafaurie el uribismo no solo tendría el ejecutivo, la mayoría legislativa y ahora uno de los dos organismos de control más importantes para las instituciones y por consiguiente, dejándola huérfana de independencia fiscal.
