La aplicación del lawfare ha resultado ser una herramienta poderosa y útil para el restablecimiento de la derecha neoliberal en América Latina. El lawfare se conoce como la estrategia de utilización indebida de los aparatos judiciales y de control como arma política para el desprestigio o eliminación de contradictores políticos, aunado a un despliegue mediático que coloca al acusado en la picota pública.
En Colombia, la estrategia se ha aplicado de manera particular contra Gustavo Petro desde que se encontraba en la Alcaldía de Bogotá, orquestada principalmente por el entonces procurador, Alejandro Ordóñez, y seguidas por la Contraloría Distrital de Bogotá. Tanto en la Fiscalía, el Consejo de Estado, como en la misma Procuraduría, después de la salida del señor Ordóñez, debieron cancelar las investigaciones, al no encontrar mérito para ello.
En los últimos meses y coincidiendo con los desarrollos del escándalo de Odebrecht que tiene en jaque al fiscal Néstor Humberto Martínez, se han producido varios hechos judiciales que tienen efectos sobre la vida política de Gustavo Petro.
En primer lugar, la decisión de la Corte Constitucional de dejar en firme la norma contenida en la Ley 734 de 2002, que permite la inhabilidad política por responsabilidad fiscal en contravía de lo definido por la CIDH al respecto. El segundo hecho es la decisión del Consejo de Estado de devolver al Tribunal Administrativo de Cundinamarca el estudio de la medida cautelar contra la sanción de la Contraloría Distrital en el caso de las tarifas de Transmilenio, por haber sido tomada por el magistrado ponente de esa corporación y no por la sala correspondiente de manera colegiada. El tercer hecho, es la nueva tanda de sanciones que el contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, vinculado recientemente al pago de coimas de Odebrecht mientras era gobernador de Boyacá, ha expedido contra Petro, las cuales llegan a los 130.000 millones de pesos por detrimento patrimonial en los casos relacionados con el esquema de aseo y por el pago que Peñalosa realizó de la sanción que impuso la Superintendencia de Industria y Comercio por supuestamente violar el régimen de libre competencia.
Con todo este material judicial y fiscal, la gran prensa ha tratado de equiparar los cuestionamientos al Fiscal General con las acusaciones a Petro, con el propósito de deslegitimar el control político y las denuncias que la oposición pueda realizar desde el Congreso de la República y en la movilización ciudadana, en el caso de las coimas de Odebrecht. El momento oportuno ha sido el escándalo de Odebrecht, además del mal momento político del presidente Duque, que a solo 100 días de su mandato, la favorabilidad de su gestión cae estrepitosamente.
Es necesario develar con toda claridad esta estrategia contra Petro, que no solo afecta su particular proyecto político, sino que incide directamente sobre todo el proyecto alternativo. La respuesta está en continuar fortaleciendo y alimentando la movilización social demostrando como se articula el lawfare contra Petro, no solo con su intención de generar impunidad en la elite financiera y política del país, en el caso de Odebrecht, sino también en la idea de garantizar las impopulares medidas fiscales en beneficio del gran capital y detrimento del pueblo colombiano y debilitar las opciones de disputar espacios políticos en los próximos comicios territoriales.
Por eso hoy lo más responsable es ampliar el sentido unitario, combatir el vanguardismo, encontrar y construir las identidades necesarias para fortalecer la movilización social, vinculando a nuevos sectores y rodear a quienes están en confrontación con las medidas gubernamentales como el movimiento estudiantil. En lo inmediato está orientar toda nuestra capacidad de movilización y creatividad para las acciones populares del próximo 28 de noviembre, donde todas las organizaciones sociales, activismos y expresiones ciudadanas debemos converger y dejar marcado el camino hacia el 2019.
