Hernán Camacho
@camachohernan
El Lawfare es una guerra no convencional que consiste en perseguir y aniquilar al opositor sin usar la fuerza. Se considera a Charles Duplan, un militar estadounidense, como el padre de la doctrina. Este instrumento es una línea estratégica de la doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. El Lawfare se desarrolla en distintos escenarios: no solo en instancias del poder judicial, sino en acciones de poderosos medios de comunicación cuya misión es legitimar las acciones abiertamente ilegales para perseguir a la oposición desde el aparato judicial.
Estas operaciones militares se ejecutan en los laboratorios de guerra sucia. Basta recordar la “farcpolítica”, un expediente judicial construido por la inteligencia militar, en complicidad con la Fiscalía, y que apuntó contra la dirigencia del Partido Comunista Colombiano, la senadora Gloria Inés Ramírez y Carlos Lozano director del semanario VOZ, en el año 2008.
Gustavo Petro ha sido víctima del Lawfare. Siendo alcalde de Bogotá fue sancionado por el nefasto exprocurador Alejandro Ordóñez, quien lo inhabilitó por 15 años para el servicio público por la crisis de basuras en la ciudad. Recientemente quisieron montarle un caso judicial desde la plenaria del Congreso, con el video bautizado “petrobolsas”. La Corte Suprema de Justicia no encontró razones para investigar conducta ilícita alguna, pero el daño moral ya este hecho.
La senadora Aída Avella fue notificada por la Corte Suprema de Justicia de una tutela interpuesta por el representante legal de una guarnición militar del sur del país, alegando que la parlamentaria violó el derecho al “buen nombre” del Ejército Nacional, cuando ella expresó su rechazo a las denuncias sobre las torturas contra los jóvenes soldados en proceso de formación. La Corte inadmitió la tutela.
El 26 de febrero del año en curso el Consejo de Estado decidió negar la solicitud de pérdida de investidura en contra Aída Avella, Gustavo Petro, María José Pizarro y otros, alegada por el señor Fabio Humberto Cely, un exoficial de la Policía Nacional.
Cely señaló en su alegato difamatorio que la congresista debía presentar un “impedimento moral” para opinar sobre una reforma a la Policía luego de la masacre del 9 de septiembre en Bogotá: “La parlamentaria no pierde oportunidad para culpar al Estado y a la fuerza pública de cualquier hecho criminoso, es evidente la animadversión en su contra. La senadora tiene un marcado interés en debilitar el accionar operativo de la Policía Nacional y convertir a Colombia en otra Venezuela”, dijo Cely a los magistrados.
El pasado 10 de mayo, Caracol Noticias publicó una supuesta investigación que daba cuenta de la creación y promoción de noticias falsas en contra de la Policía Nacional. La nota, libreteada y editada en la sala de comunicaciones de la Policía Nacional, señaló a una concejala de Bogotá, de promover fakenews y advirtió que sería vinculada a un proceso judicial. Un mes después, la Fiscalía abrió investigación a la concejala de Bogotá por la Unión Patriótica Heidy Sánchez, por denunciar palmarias violaciones de derechos humanos en el marco del paro.
La decadencia del Establecimiento decidió echar mano del Lawfare, como acto desesperado para detener el terreno ganado en la conciencia crítica del pueblo. Barbosa, Cabello y Camargo, se están llevando por delante la maltrecha democracia aniquilando opositores en una guerra jurídica estratégica. Tal y como advertía Charles Duplan, estamos «haciendo mal uso de la ley para alcanzar objetivos militares». Bandidos.
