Pietro Lora Alarcón
Hay más de una fórmula para que los sectores más atrasados de la derecha orienten la normatividad jurídica y conduzcan al poder judicial a la defensa de sus intereses de clase. El fenómeno jurídico es dialéctico e histórico y el derecho una construcción humana.
Una evidencia de las manipulaciones jurídicas es el endurecimiento o la flexibilización de las conductas. Por ejemplo, penas rigurosas para los hombres o mujeres que promuevan la acción de masas por justas reivindicaciones y, por otro lado, autonomía en las relaciones laborales, encubriendo la desigualdad real entre empresarios y trabajadores para mantener las condiciones de sobreexplotación. Las normas son funcionales para controlar a la población, generar un ambiente represivo y desmovilizador y garantizar la reproducción del orden neoliberal.
De esta manera los textos legales pierden el sentido emancipador dado por los revolucionarios del siglo XIX y los luchadores del constitucionalismo social de comienzos del siglo XX. Mas recientemente la palabra Lawfare traduce las técnicas utilizadas para huir del derecho creado para las libertades y agredir a los pueblos. La clase dominante reinventa las garantías procesales para ofender la democracia. El caso de Brasil y del expresidente Lula es un referente importante para analizar y demostrar que no se puede subestimar el tema.
Luego de una larga batalla de recursos y apelaciones ante la CIDH, la Corte Constitucional brasileña concluyó: primero, el juez que tramitó el caso Lula no tenía atribuciones legales y todo fue resultado de una maniobra jurídica para que esa instancia lo asumiera, convertido por los medios en el superhombre contra la corrupción; luego, las supuestas pruebas fueron prefabricadas y presentadas de forma que impedían la amplia defensa procesal de Lula como consta en los diálogos escandalosos entre los fiscales y el juez; finalmente, que la prisión de Lula fue un ignominioso atropello que violentó la garantía de presunción de inocencia.
En resumen, la Corte dijo, técnicamente, aquello que los sectores democráticos gritaban en las calles y reconocían en los foros internacionales: que toda la farsa jurídica era un atentado a la democracia, un caso de Lawfare, de uso del derecho para impedir la candidatura de Lula y que nunca hubo prueba capaz de controvertir su inocencia.
El problema es que la decisión llega después del efecto del Lawfare: Bolsonaro asume la presidencia en medio de la burla a la soberanía popular y el resultado está allí para quien quiera ver: 2.000 muertes diarias por covid-19, una economía ligada al capital financiero y una agenda de retroceso social.
Alguien podría preguntar: ¿la prisión de la señora Áñez en Bolivia es Lawfare? La respuesta es ¡no! El Lawfare es una práctica de denuncias falsas, eliminación de garantías, compra de funcionarios, uso innecesario de la prisión preventiva sin indicios de fuga para humillar al dirigente popular y simbolizar la fuerza represiva de lo más escabroso de la derecha. Áñez tiene en su cuenta una conspiración contra el pueblo que provocó muertes mientras que nada de ilegal fue constatado en la elección de Evo. El Lawfare no es una necesidad política de la izquierda sino un arma de la derecha.
A propósito, en buena hora el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia se pronunció compartiendo la preocupación por el pedido de preclusión hecho por la Fiscalía en favor de Uribe. Con sobradas razones, el Consejo destaca el trabajo rigoroso, argumentado y valiente realizado por el senador Iván Cepeda.
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