Esta es la pregunta que ronda la mente de muchos líderes del país y la comunidad internacional al iniciarse el pasado 20 de julio la última legislatura del periodo presidencial 2014 – 2018, y a 90 días del fin del Procedimiento Legislativo Especial conocido como fast track, limitado por el fallo de la Corte Constitucional que permite a los congresistas, sin la aprobación del Ejecutivo, introducir modificaciones a los Acuerdos. Adicionalmente, es bueno precisar que las facultades extraordinarias otorgadas por el Acto Legislativo 01 de 2016 al Presidente de la República para expedir decretos con fuerza de ley, no podían prorrogarse y terminaron a finales del mes de mayo con una cascada de más de 30 decretos.
En otras palabras: la normativización de los acuerdos vía procedimiento especial ha entrado en la recta final y siguen pendientes reformas constitucionales y desarrollos legislativos fundamentales para que lo firmado por las partes no termine siendo un texto histórico con buenas intenciones, pero sin efectos prácticos en cuanto reformas al Estado, presupuesto y políticas públicas concretas.
Según el segundo informe “Cómo va la Paz”, hasta el momento el gobierno nacional ha tramitado 15 proyectos de ley o actos legislativos, de los cuales dos se han retirado y seis se han aprobado: la ley de amnistía, la jurisdicción especial para la paz, Voces de Paz en el congreso, seguridad y estabilidad jurídica del Acuerdo Final, reincorporación política y estatuto de la oposición. Se encuentran en trámite los proyectos de innovación agropecuaria, adecuación de tierras, sistema general de regalías, reforma política y electoral, circunscripciones especiales transitorias de paz, Unidad Nacional de Protección, administración de justicia y monopolio de las armas por parte del Estado.
A su vez, el Presidente de la República ha emitido 65 decretos con fuerza de ley sobre distintos temas de los acuerdos de paz. De ellos, 29 están relacionados con la reglamentación de las zonas veredales y puntos de normalización, ocho tienen que ver con la creación de organismos como la Csivi, el Consejo Nacional de Reincorporación y la modificación al Consejo Nacional de Paz; tres están dedicados al desarrollo económico y social rural a través del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de la Vivienda Social Rural, y los otros 24 tratan de temas variados que van desde autorizaciones de gasto público, designación de funcionarios, hasta el inventario de los bienes de las FARC, tributación, entre otros.
En conjunto, es un paquete importante, pero todavía muy insuficiente para las dimensiones de lo acordado. De ahí lo valioso de esta última legislatura para terminar de fijar las bases o cimientos legales necesarios para la implementación. Entre los anuncios oficiales se habla de priorizar, por lo menos siete proyectos: la reglamentación de la JEP, la reforma política, garantías a la participación ciudadana, la ley de tierras, la reforma del catastro rural, y el régimen penal diferenciado para pequeños cultivadores de coca. También debería ocupar un lugar prioritario la reforma a la ley 152 de 1994, necesaria para dar fuerza normativa al Plan Marco de Implementación durante los próximos Planes Nacionales de Desarrollo.
Contra este propósito de sacar adelante una legislatura que le cumpla a la paz en aspectos principales, conspiran varios factores en un contexto de abierta campaña electoral que permite apreciar con mayor claridad la crisis política y ética del Congreso Nacional, una de las instituciones más desprestigiadas del país.
En primer lugar, la campaña oportunista y guerrerista del Centro Democrático y la extrema derecha que agudiza su estrategia de desinformación y ataques de diverso tipo para impedir el avance de los acuerdos bajo la consigna de volverlos trizas.
En segundo lugar, la debilidad del Gobierno, que con sus vacilaciones e inconsecuencias y ya con el sol a las espaldas, sufre las deslealtades propias de los políticos tradicionales, cada vez más voraces en sus apetitos clientelistas y burocráticos, hoy cruzados por el ajuste ministerial en curso.
Muestra de ello es la oposición abierta de sectores de Cambio Radical, el Partido Conservador, el Partido Liberal y de la U, a algunas leyes o a partes esenciales de las mismas, como lo expresan las propuestas que buscan limitar los alcances de la JEP en su reglamentación, o los obstáculos que impidieron a finales de la legislatura anterior aprobar las Circunscripciones Especiales de Paz. Saboteo político en el que también sobresale en primera fila, Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación, cuota política de Cambio Radical.
En este contexto, el papel del movimiento social y político democrático no puede ser otro que el de fortalecer la veeduría, la presión social por la implementación y una amplia convergencia. La voluntad política del Senado y la Cámara está a prueba y no se puede permitir impunemente que le incumplan a la paz.
