Como ha quedado claro, el montaje que tomaba como chivo expiatorio a Seuxis Hernández, tenía como objetivo central a la JEP. Este artificio no era la única pieza de la acción pérfida contra la justicia transicional. Involucrar funcionarios, fiscales y magistrados en escándalos de corrupción hacían parte de la conspiración.
El objetivo era sumir a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP en tal descrédito, que su rediseño para hacerla inocua o su eliminación por vía del congreso fuera pan comido, lo que, ligado a las objeciones a la ley estatutaria de la misma, constituiría el golpe final.
La planeación y ejecución de este montaje se centró en las agencias de seguridad norteamericanas que actúan a su antojo en el país, con el triste papel de peón de la Fiscalía General de la Nación. Toda una trama digna de series televisivas.
Pero fracasaron. La ley estatutaria debió ser sancionada por el presidente, en medio de su evidente amargura, la JEP otorgó la garantía de no extradición a Seuxis Hernández, el Consejo de Estado mantuvo la investidura del dirigente fariano y la Corte Suprema de Justicia ordena su libertad y asume la competencia de investigar al nuevo aforado.
A los uribistas nuevos y a los tradicionales no les quedó más remedio que aceptar a regañadientes recibir al nuevo representante del partido de la rosa en el Congreso de la República. Pero no lo iban a hacer a las buenas. Como matoneadores expertos, aplicaron todas las formas posibles de berrinches para hacer sentir su ira. Demoraron su posesión, acudieron a la objeción de conciencia para no hacerlo, levantaron las sesiones donde el neófito parlamentario acudía por derecho propio y hasta lo recibieron en la plenaria con comportamientos insultantes y agresivos.
Mientras tanto el subpresidente, de manera pública, acusa, juzga y condena a Seuxis Hernández, sin la mínima consideración por las reglas del Estado de Derecho que dice admirar.
De inmediato, y con el pretexto de oponerse a las decisiones de la Corte Constitucional sobre el Código de Policía, el uribismo inicia una cruzada contra todo el sistema judicial, sacando de nuevo la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente y un referendo para derogar la JEP.
Todo este novelón, cobra sentido si lo examinamos a la luz del proyecto de refundación nacional que orienta la caverna política del país. No se trata solo de hacer trizas el acuerdo de paz, de lo que se trata es de destruir todas y cada una de las posibilidades democratizadoras de la sociedad colombiana. El acuerdo de paz abre espacio para allanar la senda aperturista, por eso se empecinan en frustrarlo.
Este proyecto de refundación se articula muy bien con las expresiones neofascistas y conservadoras en el mundo. Basa su dogma en las manifestaciones religiosas más atrasadas, atacando las libertades y derechos de mujeres, minorías étnicas, diversidad sexual, el medio ambiente, etc. Pero, sobre todo, ha organizado su apuesta política sobre la idea de que solo una gran autoridad, la de ellos, y en particular la de su líder, es capaz de salvar a la patria. El conflicto armado, el asesinato a líderes sociales, la idea de crisis institucional y la pugnacidad política les sirve para plantearse como los únicos salvadores del caos político y social.
En ese contexto, una Asamblea Nacional Constituyente sería el escenario en el que jugarían su partida final, para rediseñar la arquitectura del Estado colombiano, en función de ampliar los privilegios de la nueva nobleza colombiana.
Es aquí donde iniciativas como Defendamos la Paz, al lado de los procesos unitarios para la participación electoral, la unidad para la movilización social, la defensa de la vida de los liderazgos sociales, la defensa de los derechos de las mujeres, la diversidad sexual, las minorías étnicas, el medio ambiente, las libertades y derechos civiles y políticos, juegan un papel importante para dar al traste con tan ignominiosa pretensión.
Por eso, con lo que está en juego, no podemos darnos el lujo de hacer concesiones innecesarias, guiados por la corrección política o el oportunismo electoral. Intentar buscar un “blanqueamiento” ante la estigmatización de la derecha contra los sectores democráticos y alternativos, usando sus conceptos, contenidos y hasta su estética, para diferenciarse, ni siquiera puede calificarse de ingenuidad política sino de pésimo cálculo político.
Seuxis Hernández no necesita de validación, ni de bienvenidas calurosas de quienes tienen distancia política de él. Tampoco que nadie meta las manos al fuego por su inocencia. Solo necesita que se cumpla con lo pactado, con las garantías que ofrecieron y firmaron. Que le permitan demostrar su inocencia en derecho.
El resto lo hará el talento político, el decoro y la gallardía de un revolucionario que ha terminado, para el dolor de los enemigos de la paz, como la prueba de la voluntad de paz de los insurgentes que han cumplido a cabalidad su palabra, a pesar de las traiciones de su contraparte.
