César Santoyo Santos
@Cesar_Santoyo_S
La estela siniestra del narcotráfico se ha aprovechado de la pobreza, la exclusión y la desigualdad de Nuestra América. Incluso Colombia, según instituciones multilaterales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Undoc, es el productor de productores de cocaína; esta afirmación implica que se haya mantenido la “guerra contra las drogas” que libran los estados a nivel global, únicamente atacando la parte de la cadena que corresponde a la producción, pero ¿qué pasa con el consumo?
Por esta razón y teniendo en cuenta que el gobierno fallido de Iván Duque ha promovido acciones y noticias en relación a que han logrado erradicar el 98% de la meta que se han impuesto como gobierno, lo real es que esta “guerra” se ha desatado sólo contra los eslabones más débiles de la cadena: campesinado y colonos pobres, condenados a sobrevivir en la frontera agrícola, ante el abandono de este Estado que jamás se ha hecho cargo de estos territorios, más allá de la expoliación, el despojo y el ventajismo de grupos económicos nacionales, transnacionales, legales e ilegales.
La Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense, Redhpana, y el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, OFB, el pasado 12 de enero interpusieron una acción de tutela en la que solicitan la protección de los derechos fundamentales a la consulta previa; consentimiento libre, previo e informado; la protección del derecho a la salud, la vida digna y el mínimo vital, al debido proceso y el derecho a la paz de las comunidades afectadas por la inminente aspersión de glifosato en sus territorios, a pesar de los acuerdos de sustitución voluntaria firmados. Estas geografías siguen sufriendo el conflicto social y armado todos los días.
Esta acción se presentó en el departamento de Nariño ante la inminente afectación por la implementación y el regreso del Programa de Erradicación de Cultivos de Uso Ilícito, Pecig, mediante aspersiones aéreas con el herbicida glifosato, la cual se gestiona a través del incesante lobby de organismos de seguridad del Estado, en este caso, con la resolución 001 del Ministerio del Interior.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto admitió la acción de tutela y ordenó suspender la aplicación de la resolución 001 de 2020 emitida por la dirección de consulta previa del Ministerio, que niega la existencia de comunidades étnicas en los 104 municipios, pertenecientes a 14 departamentos, los cuales, según la Dirección de Antinarcóticos serían los epicentros de despliegue del Pecig.
Debido a la negación y violación de los derechos colectivos por parte de la Dirección de Consulta Previa, la suspensión provisional de la Resolución 001 es de gran importancia para la vida, permanencia de los pueblos y comunidades que habitan estos territorios. Las comunidades y las organizaciones sociales no han cesado en denunciar las afectaciones socioambientales que se causarán y que no se están teniendo en cuenta por parte del gobierno nacional.
Este fallo judicial permite reactivar ejercicios de exigibilidad para proteger los derechos fundamentales por encima de intereses particulares y que nunca más los territorios volverán a ser envenenados con glifosato, incluso, abre la puerta sin mayor dilación a la legalización del uso y consumo de derivados de la hoja de coca, como salida a la criminalidad parásita, narcotraficante, que coopta y destruye el enfoque de desarrollo basado en la paz.
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