Desde el sector minero energético, Colombia necesita una ley que regule la explotación minera, y se piense el desarrollo del país como una responsabilidad social
Carolina Tejada
@carolltejada
El perjudicial sistema de extracción de recursos naturales, entregado desde el Gobierno central a las multinacionales, y el anuncio de las limitadas reservas de petróleo que existen en el país, y que según afirman los expertos, alcanzarían para 5.1 años, ha implicado, como lo mencionamos en el anterior artículo, que desde la Unión Sindical Obrera, USO, se elabore una propuesta de le ley de hidrocarburos, la cual insta a la regulación de la explotación del crudo, pero además, a llevar al país por el camino de las energías limpias o alternativas.
Desde la reflexión que el presidente de la USO, César Loza hace sobre esta situación, está el hecho de que en el país, se piense una salida al actual sistema de explotación de los recursos y la llamada crisis energética que implicaría buscar salidas urgentes, sin afectar los territorios y los ecosistemas y, por otro lado, que beneficie la economía nacional.
La energía y la economía del país
Advierte Loza que, aunque la economía colombiana no depende en su totalidad del petróleo, un importante porcentaje de recursos sí provienen de las fuentes del sector minero energético y en especial de los hidrocarburos. Según los estudios elaborados desde la USO, en el año 2016, este sector le aportó a la economía nacional cerca de 24 billones de pesos, lo que representó un 4,42% del PIB. Las exportaciones fueron de 14,2 billones de pesos y las ventas nacionales de combustibles 9,8 billones.
Para César, “al perder el autoabastecimiento petrolero, no solo se tendría que importar petróleo, sino que las consecuencias económicas para el país y para los colombianos, serían bastante complicadas. El Presupuesto General de la Nación para el año 2017 es de 224, 3 billones de pesos y se estimó que cerca de 23 billones fueran aportados por los hidrocarburos”. Igualmente consideran que, al darse este fenómeno, el Gobierno se vería obligado a buscar otras fuentes económicas para suplir lo que dejaría de aportar el petróleo. Acudir a la ya impagable deuda externa que hoy supera los 111.820 millones de dólares, o una nueva reforma tributaria, que afectaría directamente los bolsillos de la población colombiana, pues implicaría el aumento de impuestos, retención en la fuente, impuesto global a los combustibles, etc.
Otro elemento que se examina, es el de empezar a importar el petróleo, para las refinerías de Ecopetrol en Barrancabermeja y Cartagena, que según comenta César, demandan en promedio 320 mil barriles por día. Allí, es donde se produce buena parte de los combustibles que se consumen en el país. Pero, al no darse esa posibilidad, la otra alternativa es la compra del combustible. Desde la USO, ven esta posible salida como uno de los negocios más apetecidos por las empresas privadas, e incluso, el camino abierto para el cierre o venta de dichas refinerías. Lo anterior implicaría un golpe duro a la economía del país, en detrimento de los bolsillos de la población colombiana, de manera directa para quienes poseen vehículos o viven de ellos. En Colombia hay 5.760.000 vehículos, entre automóviles, camperos, camionetas, camiones, tractomulas, etc., y 7.480.000 motos.
Regalías no, impacto ambiental sí
En el periodo presidencial de Álvaro Uribe, se le otorgaron beneficios a las multinacionales petroleras que iban en contra posición al bienestar de la nación. Según la USO, entre otras decisiones, le quitó a Ecopetrol la administración y manejo de las cuencas hidrocarburíferas en el país; creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos, como un ente dependiente del Ministerio de Minas, implementa el contrato de concesión petrolera, donde las multinacionales son dueñas del 100% de la producción que obtengan, obligándoles a pagar únicamente los impuestos y regalías establecidas por ley; ya no están obligadas a dar participación de la producción petrolera al Estado, con lo cual la participación del país en la renta petrolera, pasó de un promedio del 74% a un 42%. E inició un proceso de privatización de la empresa y, por ende, la pérdida de garantías laborales para sus trabajadores.
Además de ello, logró que el congreso aprobara una reforma constitucional, que definía la concentración de las regalías en manos del gobierno central, dejando a los municipios sin esos recursos y con altos niveles de afectación ambiental producto de la explotación. Esa afectación en los territorios tendría que ser mitigada por los mismos municipios. La crisis social y económica de las regiones, en donde se producen dichas explotaciones aumentó.
Contrario al discurso del desarrollo que se ofertaba desde el establecimiento, las comunidades expresan que solo le han dejado la contaminación ambiental, el aumento del costo de vida, cinturones de miseria, inseguridad, prostitución, y el desplazamiento de muchas de las comunidades nativas que en estas zonas habitaban. Ante este denominado abandono estatal, las comunidades han expresado su descontento, por un lado, en contra de las empresas y por otro, en contra de la forma desaforada con la que pretenden explotar el recurso natural, increpando el desarrollo de nuevos proyectos y exigiendo la salida de dichos monopolios.
César menciona que los impactos son integrales sobre las comunidades, “en el caso de El Centro hay unos 40 resumideros de crudo, que se dan producto de la inyección de agua para poder sacar más petróleo, y esos efectos los reciben las comunidades. Y debería estar regulado. En el caso de Rubiales, en el 2014 recibió 60 millones de dólares en regalías. Ese campo esta operado por una multinacional canadiense, y las condiciones sociales de los habitantes están sin satisfacer. No hay acueductos, ni calidad en la prestación de la salud, ni para la educación. Este año han muerto varios niños por inanición, por física hambre, y no es justo que siendo uno de los municipios que más genera regalías al país, estén viviendo esas condiciones”. También comenta que, en la mayoría de estas zonas, la economía local ha cambiado, como también se ha sustituido la agricultura, pues la oferta de las posibilidades de empleo en las multinacionales generaba expectativa en las comunidades.
La ley orgánica, una responsabilidad social
Colombia depende de los hidrocarburos para garantizarle a toda la población, que la energía pueda llegar a sus hogares. En la antigüedad, por poner un ejemplo, el uso de energía solar, de manera muy tímida, así como la quema de madera, eran parte de las fuentes de energía calórica de la población pero, en la medida en que han ido avanzando los desarrollos de nuevas y pequeñas tecnologías, a la par con el proceso de globalización, el uso y consumo de estas se han incrementado exponencialmente y la disponibilidad de la energía se ha convertido en un elemento esencial, también lo es así para el avance económico de los países.
Por eso, cuando mencionan que se está agotando la principal fuente que provee la energía a cada rincón del país, es necesario relacionarlo con cualquier ámbito de la realidad social. Surge la pregunta, ¿de dónde se proveerá a la sociedad de la energía suficiente para cubrir sus necesidades más básicas, como las que genera el mismo consumismo global? De ahí la importancia de lo que nos habla César, transitar por las energías limpias desde una nueva política mineroenergética y ambiental. Para César, “hay que fortalecer una economía nacional mediante la industrialización y robustecer nuestra vocación agrícola; en ese contexto hay que definir el aprovechamiento sostenible y con sentido nacional de la riqueza mineroenergética que debe apalancar el crecimiento económico y el bienestar social, como concluyó la II Asamblea Nacional por la Paz, realizada el año pasado”.
