Redacción Internacional
Cuando a fines de 1991 desaparecieron la Unión Soviética y el bloque de países del campo socialista, la administración de los Estados Unidos consideró llegada también la hora de la caída de Cuba Socialista. La Casa Blanca hizo cálculos de que, en cuestión de semanas, Cuba se ahogaría ella misma en sus dificultadas económicas, y ya sin el apoyo del Kremlin, el pueblo le daría la espalda al proyecto revolucionario.
Para esa época, el senador republicano Hesse Helms, caracterizado por ser uno de los ‘halcones’ de la política norteamericana, asumió la presidencia del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta del Congreso, violando la constitución de su país, que confiere al presidente el manejo de la política exterior, diseñó una agenda paralela a la del presidente Bill Clinton para el gobierno de la isla caribeña.
En relación a Cuba, Helms dijo: “Es hora de apretar los tornillos”. En su propósito retaliativo, contó en el apoyo del presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental de la cámara baja, el representante Burton, quien a su vez aseguró que la nueva ley sería “el último clavo en el ataúd” de Fidel Castro. A partir de su entrada en vigor, la ley se conoció como Helms-Burton.
Contra el mundo
En el momento del trámite, fuentes de la propia Secretaría de Estado reconocieron que la ley viola los derechos constitucionales del poder ejecutivo para conducir la política exterior, vulnera varios tratados internacionales, obligaciones de Estados Unidos con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, así como las relaciones con sus principales socios extranjeros. La norma, pese a que introduce un criterio de extraterritorialidad, no consultó con el Consejo de Seguridad ni la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Se diseñó con el propósito perverso de despojar a Clinton y a sus sucesores de la facultad de poner fin al bloqueo económico a Cuba. ¿Cómo? Estableciendo que el embargo solo termina cuando Cuba acepte la transformación de sus sistemas político, económico y social conforme a especificaciones precisas de la ley Helms-Burton. Sólo entonces, el presidente de Estados Unidos podría poner fin al bloqueo.
Gracias la norma, se endureció de manera criminal el bloqueo a la isla antillana. Sin embargo, durante cinco lustros de vigencia, los gobiernos de Clinton, Bush, Obama y Trump, mantuvieron en suspenso la aplicación del Título III de la norma, el más escandaloso y criminal de sus componentes, que permite a los antiguos propietarios de la isla y sus herederos que poseen la nacionalidad estadounidense, entablar demandas judiciales en tribunales norteamericanos.
Doblegar a los cubanos
La administración Trump decidió habilitar esta disposición y comenzaron las demandas que buscan amparar la propiedad de terratenientes, dueños de prostíbulos y mafiosos, cuyas propiedades fueron nacionalizadas por la revolución. A esto se asuma la extraterritorialidad, que prohíbe a empresas extranjeras comerciar con Cuba. Entre marzo de 2019 y abril de 2020, Cuba perdió más de 5.500 millones de dólares debido al endurecimiento del bloqueo. Detrás de esa cifra hay rostros, vidas, hogares, relaciones, que sufren privaciones a causa de la crueldad de la norma.
En 1995, Cuba promulgó la Ley de Inversiones Extranjeras para atraer capital tecnología de otros países. En los cinco años anteriores, la economía cubana se había reducido en un 60 por ciento en virtud de las sanciones foráneas de que era objeto. A los esfuerzos de Cuba, Washington respondió con las Helms-Burton, a la que le atribuía la ocasión para poner de rodillas al pueblo cubano.
El aspecto más infame, es que la norma norteamericana ofrecía ayuda económica suficiente a Cuba para paliar la crisis, si el país caribeño posibilitaba “un gobierno de transición” con un cambio político vigilado de cerca por Estados Unidos. 25 años después, esto no ha pasado, y la experiencia de los cubanos indica que no pasará.
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