Parlamentarios y organizaciones sociales anuncian oposición al Plan Nacional de Desarrollo y una ruta de movilización nacional
Redacción política
Con el llamado a sesiones extras al Congreso de la República por parte del gobierno Duque y su ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, no solamente se convoca a los parlamentarios a discutir los artículos de la hoja de ruta ideológica y política del Gobierno nacional para el próximo cuatrienio, también prenden las alertas los movimientos sociales, el sector sindical y la oposición política para volcarse en dos semanas a las calles a manifestarse en contra de un nuevo retroceso de derechos en el país.
La oposición al Plan Nacional de Desarrollo es tal vez la primera iniciativa de movilización propuesta por una amplia convergencia social y política que se reunió la pasada semana en el marco de la Liga por la Democracia. Movimientos políticos en oposición, sectores sociales, grupos de ciudadanos, defensores de derechos humanos, líderes sociales, colectivos de trabajo político y cultural, ambientalistas, indígenas y campesinos, entre otros, trazaron las bases del plan de movilización social y protesta en contra de las políticas económicas del Gobierno Duque.
Entre los temas tratados está la disputa jurídica que media entre las comunidades y la política extractiva de los últimos cuatro gobiernos, en torno a las consultas previas y populares cuya naturaleza se pretende desconocer a las comunidades y los territorios como dueños del uso de los recursos del subsuelo: “La consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos étnicos, consagrado no sólo en la Constitución colombiana, sino en tratados internacionales reconocidos por el Estado. A pesar de las luchas de indígenas, negros y Rom, es sistemáticamente violentado por los funcionarios del gobierno y por las empresas que buscan la explotación de nuestros territorios y nuestros pueblos”.
Por los territorios
En cuanto a las consultas populares los casi trescientos delegados de las organizaciones sociales señalaron: “Las consultas populares mostraron ser un mecanismo de participación ciudadana capaz de poner la voluntad de las comunidades de preservar el agua, el territorio y la vida por encima de intereses privados. Los intentos de detenerlas han sido muchos. Sin embargo, diferentes movimientos ciudadanos han mostrado su legitimidad, así como la firme decisión de organizaciones y comunidades de ejercer su derecho a la participación, y por ello estamos dispuestos a utilizar todo lo aprendido para generar mejores y más eficientes mecanismos de participación que nos permitan defender nuestros territorios de la devastación”.
En ese sentido se declararon en oposición a la política minero energética del actual y anterior gobierno. “Queremos además hacer un llamado a la sociedad colombiana para que aunemos esfuerzos para lograr la modificación de la actual política minero energética y ambiental del país, de forma que se pueda iniciar el cambio hacia una transición energética justa, democrática, que garantice la participación de las comunidades y los individuos no solo en las tomas de decisiones sino en la propia generación de energía”, declararon los asambleístas.
La bancada parlamentaria alternativa que acompaña la Liga de la Democracia señaló que buena parte de la propuesta de transición a energías limpias se puso en el debate público en la campaña de la Colombia Humana en las más recientes elecciones. De hecho, la excandidata a la Vicepresidencia de esa campaña y hoy representante a la Cámara, Ángela Robledo, señaló que van a acompañar las luchas por los territorios. Pero también oponerse a la venta de la empresa Ecopetrol “La empresa Colombiana de Petróleos es la empresa llamada a convertirse en el vehículo de la transición energética de los recursos fósiles a la producción de energías limpias”, añadió la congresista.
Contra la regulación
La protesta social que se avecina no puede ser regulada, señalan los voceros de las organizaciones sociales y la totalidad de los parlamentarios de oposición. Según está previsto en los acuerdos de paz firmados entre el estado colombiano y los excombatientes de las FARC-EP, la protesta social debe ser garantizada para las organizaciones sociales y ciudadanía como un derecho a la participación política en el país y no criminalizar a las fuerzas sociales que apelan a ella para expresar su rechazo a las políticas gubernamentales del momento.
La preocupación de los movimientos sociales es que en tiempos de tensiones sociales es la ausente garantía para ejercer los derechos a la movilización. “El derecho a la protesta al ser un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación, es un fundamento de toda la estructura democrática que ha demostrado ser un mecanismo eficiente para que los gobernantes escuchen el clamor de la ciudadanía, modifiquen sus políticas públicas, reversen medidas que atentan contra el bien común e incrementen la inversión. Por ello consideramos que todas las medidas que se adopten para su reglamentación deben ir encaminadas al respeto, garantía y protección de todas las personas, organizaciones y movimientos sociales que lo ejercen”, señala la declaración de la Liga por la Democracia.
Dicen las organizaciones: “es nuestra decisión seguir en la lucha por el ejercicio de este derecho, y lo utilizaremos para la defensa del agua, de los territorios, del ambiente, de la salud, de la educación, para el logro de la equidad, para la defensa de la paz, para seguir demandando la ampliación de la democracia y para lograr la efectiva protección del Estado frente al creciente número de homicidios y amenazas de líderes y lideresas sociales”.
Unidad electoral
Los parlamentarios hicieron presencia en la gran asamblea democrática y expresaron su respaldo a hoja de ruta de la movilización social que incluye la lucha electoral que se avecina. “Nuestro primer compromiso con el país es trabajar juntos para forjar la gran alianza para cambiar el país, todos, la Colombia Humana, con la FARC, la bancada Verde y el Polo Democrático, y otros, es decir una bancada alternativa que pueda ser replicada en los territorios. En las próximas elecciones en octubre tenemos el compromiso de llevar a las gobernaciones, alcaldías, concejos y edilatos a auténticos representantes de las fuerzas sociales y políticas que conforman la oposición al gobierno de derecha”, indicó Iván Cepeda, senador del Polo Democrático.
Por último la Liga llamó a proteger a los líderes sociales y seguir en el intento de una paz completa: “Rechazamos el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales y exigimos protección inmediata, abogamos por una solución política negociada al conflicto colombiano, de tal manera exhortamos al gobierno nacional a reestablecer la mesa de diálogo con el ELN y dar cabal cumplimiento al acuerdo firmado con las FARC. Reafirmamos nuestro compromiso con la paz y demandamos que se mantenga la búsqueda de la salida negociada al conflicto como único camino”.
