Aída Avella
@AidaAvellaE
El país atraviesa una de las crisis económicas más profundas de los últimos tiempos. Debemos pensar la económica de una manera distinta a las fórmulas tradicionales que nos condujeron a la crisis acumulada de los últimos 30 años y que se agravó con la llegada del covid-19.
La pobreza extrema aumentó significativamente en el último año. En 2020 aumentó 15,1%, que significan 5,5 puntos porcentuales frente a la cifra de 2019 (9,6%); mientras la población pobre se situó en 17,5% para el 2019 (Dane 2021). Lo que significa que cerca de un tercio de la población está por debajo de la línea de pobreza. Esta realidad se manifestó en el estallido social que desde el mes de abril de 2021 sacudió la conciencia de la ciudadanía llenando las calles de dignidad.
Las políticas neoliberales nos hicieron una sociedad desigual. Según el DANE, para diciembre de 2020 el 42,5% de los colombianos y colombianas viven en la pobreza y el 15,1% en la extrema pobreza. Además, el país tiene 21 millones de personas ocupadas a noviembre de 2020, el 88,6% de todos los trabajadores del país, tanto formales como informales, reciben entre cero y dos salarios mínimos, de los cuales el 48,6% gana menos de 0,9 de un salario mínimo mensual. Para mayo de 2021, el desempleo se ubicó en el 15,6% y la informalidad fue de un 48,6%.
La brecha salarial está por encima de cualquier calculo racional. Son cerca de 179 millones de diferencia entre el salario mínimo y el máximo de los salarios que se calcula puede ganar un alto ejecutivo en el país. Las diferencias salariales entre la ciudad capital y las zonas de menor desarrollo son evidentes. El salario medio en Bogotá se estima en 1.890.000, mientras que en Quibdó se estima en $421.000, según lo informó el DANE en 2019.
Debemos como sociedad poner límites éticos a los salarios de presidentes de empresas estatales o mixtas como Ecopetrol o la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales cuyos salarios superan cuatro o cinco veces el del Presidente de Colombia. Y ni que decir de los gremios que reciben dinero de la ciudadanía mediante parafiscales como Fedegan o la Federación Colombiana de Cafeteros, entre otros gremios que manejan dinero público. El presidente de la Cámara de Comercio en Bogotá gana más de 100 millones de pesos, producto de los tributos que pagan los pequeños y medianos comerciantes con el Registro Mercantil.
Las medidas de imponer límites a los salarios altos, tomando como referencia el más alto cargo o dignidad de la esfera pública del Estado Social de Derecho, como lo es el jefe de Estado, hace parte de un nuevo pacto social que basado en la progresividad quiere cerrar las grandes brechas de la desigualdad en perspectiva de la justicia y la redistribución de los ingresos.
Con el objetivo de disminuir las grietas salariales entre los salarios máximos y mínimos de los funcionarios del Estado, empresas públicas, empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta, empresas o personas naturales o jurídicas con funciones públicas, o que realicen recaudos, cobros, tasas, contribuciones, servicios notariales y de registros públicos; presentaremos un proyecto de ley para tener salarios justos en Colombia.
Ningún funcionario público o privado de entidades o empresas que trata el artículo anterior podrá devengar una asignación salarial o remuneración mensual mayor a la del Presidente de la República.
