El informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Sinci) de las Naciones Unidas, en 2016, reveló que en Colombia se están incrementando los cultivos de coca y la producción de cocaína. La productividad llegó a 940 toneladas, que significan 230 más de las que Estados Unidos contempla en su estadística. En lo que tiene que ver con los cultivos, según Sinci, la siembra de hoja de coca, en 2016, fue de 146.000 hectáreas, 52 por ciento más que en 2015, pues la cantidad en aquella ocasión fue establecida en 96.000 hectáreas.
La siembra de 2016, según dice “El Tiempo”, es menor que la reportada por los satélites de Estados Unidos, que es de 188.000 hectáreas. De todas formas, para la ONU y Washington, las cifras son alarmantes y mayores que las que se presentaban antes del Acuerdo Final de La Habana con las FARC-EP. Pero la preocupación no solo estriba en el incremento de la siembra, sino también de la multiplicación de la producción de la cocaína. En este sentido, “El Tiempo” asegura que expertos antinarcóticos dicen “que el solo aumento en el área de la siembra no explica la inédita productividad de los narcocultivos”.
La DEA pretende explicar la realidad con el argumento de que el ELN y las “Bacrim” (paramilitares) ocuparon los territorios en donde antes las FARC controlaban los cultivos. Es el cuento que inventan para promover de nuevo las fumigaciones aéreas, suspendidas por el Acuerdo de La Habana.
El problema es de fondo, lo explicaron las FARC, se trata de un asunto social que tiene que analizarse desde la óptica de la crisis del campo, como de la violencia impuesta por los ganaderos y latifundistas para el despojo de los campesinos medios y pobres. Amén de la negativa oligárquica a reconocer la necesidad de una reforma democrática y social agraria sin atenuantes.
Santos se opuso siquiera a utilizar el nombre de reforma agraria enel Acuerdo, remplazado por el de desarrollo rural integral, para no molestar ni provocar a los acaparadores que concentran la propiedad sobre la tierra. Se avanzó en La Habana, no solo porque en el punto sobre las drogas ilícitas se estableció la distancia entre la situación de los campesinos que cultivan la coca y los narcotraficantes, sino también que fueron suspendidas las fumigaciones mediante aspersión aérea. Algo que molesta a los progringos cooptados por la DEA tanto en la Fiscalía, como en la Policía y el Ministerio de Defensa.
Es un tema de contradicción entre el gobierno y el pueblo, la intención no es la de enfrentar a los nuevos carteles de la droga sino atacar a los campesinos y cultivadores de la hoja de coca, una forma de subsistencia en el campo colombiano. En la práctica están siendo perseguidos y reprimidos sin ninguna intención democrática de resolver el problema.
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