“Nosotros no necesitamos Policía ni Ejército, necesitamos que el Gobierno venga a preguntarle a las personas qué necesitan (…). La Alcaldía no debe tener un trato malo contra la población. Aquí lo único que necesitamos es el derecho a vivir en paz” Javier Enríquez
Carolina Tejada
El pasado 9 de octubre, mientras la comunidad del barrio San Germán se encontraba tranquila, desarrollando sus tareas cotidianas, cientos de agentes de la Policía Nacional llegaban al lugar, construido en medio de la humildad y las dificultades económicas de personas que, desplazadas por la violencia, hallaron en este pedazo de montaña la posibilidad de vivir en tranquilidad.
La orden de los uniformados era adelantar el desalojo de más de 700 personas que viven allí hace más de 18 años. Sin embargo, este desalojo no contaba con ninguna orden judicial, ni con la presencia de ningún organismo de derechos humanos, como se suele hacer en casos como estos. La comunidad de manera inmediata reaccionó, pidiendo explicaciones y exigiendo se respeten los derechos de la comunidad a vivir en paz.
El desalojo nunca se pudo realizar, por eso los agentes de policía volvieron el día 10, con más efectivos de la Fuerza Pública, pero como el día anterior, tampoco contaban con ninguna orden judicial. Después de que medios alternativos de comunicación llegaron al lugar y que algunos defensores de derechos humanos acudieron al sitio para brindar apoyo a la comunidad, la Policía decidió suspender el desalojo.
Las excusas para el desplazamiento forzado
Según comenta uno de los líderes de la comunidad, estos hechos se presentan cuando “el Distrito dice que este es el parque Entre Nubes, cuando él sabe que es falso. Todo el sector de Bolonia es el que le pertenece al parque. Pero resulta que hay una constructora que, en alianza con la Alcaldía local de Usme y la Secretaria Distrital de Hábitat, viene haciendo apartamentos. Esos apartamentos llegan aproximadamente hasta al parque La Nueva Esperanza. Ellos quieren hacer creer que nosotros estamos cometiendo una masacre ambiental y no se han fijado en la tala de árboles que han hecho y sí nos señalan a nosotros de provocar daños ambientales, mientras a los verdaderos responsables no se les dice nada”.
En este barrio, en medio de la escasez de derechos, casas a medio construir, servicios públicos que no llegan a toda la población, les preocupa que la arbitrariedad de la Fuerza Pública les quite lo poco que han podido construir. “Tenemos una población de niños muy alta y queremos que, así como tenemos unos derechos en la Constitución Política del 91, en el artículo 23, que habla de la garantía a la vivienda digna, esperamos que estos derechos se respeten y se cumplan. Son más de 220 familias las que se verían afectadas y unas 700 personas”, afirma uno de los líderes de la comunidad.
Que Peñalosa piense con la cabeza
Nely Alegría es madre cabeza de hogar, ella tiene cinco hijos, es desplazada por la violencia y vino a Bogotá buscando mejores posibilidades para su familia; en medio de la preocupación ella menciona: “Le quiero pedir al Gobierno y al alcalde Peñalosa que deje de pensar con el bolsillo y que piense con la cabeza, que si quiere paz, primero tiene que pensar en las víctimas y no en los victimarios”.
Como Nely Alegría, hay muchas mujeres más, desamparadas y con la responsabilidad de llevar un bocado de comida cada día a sus hogares. Carmenza Muñoz es otra de estas mujeres. Ella fue enfática en mencionar: “Somos mujeres solas, no tenemos quién nos ayude. Yo tengo una niña discapacitada y todos necesitamos una vivienda, comida, agua, luz, algo digno donde vivir. Pero hoy no tenemos quién nos ayude”.
Solo queremos vivir en paz
La localidad de Usme es una de las más vulnerables de la ciudad, allí llegan cientos de personas desplazadas, principalmente de zonas agrarias que nunca pudieron retornar a sus lugares de origen.
Por eso, en medio de esta situación, que revictimiza a los pobladores, un joven de la zona, Javier Enríquez, afirma que “si el Gobierno es capaz de sentarse, Uribe con los paramilitares y Santos con las FARC, por qué vienen a agredir a las personas, a la población desplazada sin antes negociar, dialogar. Nosotros no necesitamos Policía ni Ejército, necesitamos que el Gobierno venga a preguntarles a las personas qué necesitan, no necesitamos que nos vuelvan a desplazar. La Alcaldía no debe tener un trato malo contra la población. Aquí lo único que necesitamos es el derecho a vivir en paz”.
En este mismo sentido, una de las mujeres que lleva años viviendo en el barrio comenta: “Si nos llegan a sacar de acá, nos deben dar una reubicación, porque no tenemos para dónde coger. Nosotros tenemos 18 años viviendo acá en el barrio San Germán, tengo dos niñas, yo sufro de ataques de epilepsia, igual que mi hija. Lo que ganamos vendiendo hierbas y dulces en la calle no nos alcanza para vivir y pagar servicios, no tenemos para dónde agarrar”.
Las organizaciones de derechos humanos y un comité que se ha conformado por la defensa del territorio esperan que el desalojo nunca se dé y que, por el contrario, el Gobierno distrital, en cabeza de Enrique Peñalosa, adelante acciones que resuelvan las necesidades más sentidas que padecen en este momento en el barrio San Germán.
