Mientras el partido de gobierno promueve la ley de cadena perpetua para violadores de niñas y niños, María Fernanda Cabal, representante a la Cámara por este partido, trata de ocultar la gravedad de la violencia sexual a una niña indígena por parte de miembros de las fuerzas militares
Renata Cabrales
@RenataRelata
Un nuevo caso de violencia sexual de militares contra menores de edad salió a luz pública el pasado 3 de julio, por medio de un comunicado del mismo Ejército Nacional.
Según los hechos, dos soldados fueron retirados y se les abrió investigación disciplinaria por posibles crímenes contra dos menores de edad en el departamento de Nariño.
El caso ocurrió en la vereda Carchi, del municipio de Carlosama, en Nariño. Dos soldados que prestaban servicio militar en esa región serán investigados por los hechos.
Asimismo, se conoció que otra niña fue retenida en una unidad militar en el selvático departamento del Guaviare, donde permaneció sin recibir alimentos ni agua y luego denunció haber sido abusada sexualmente por soldados durante varios días, a finales del 2019.
Violencia sexual contra niñas y niños
En Colombia ha habido 6.479 casos de abuso sexual contra menores de edad en los primeros cinco meses del 2020, mientras el presidente Duque se llena la boca diciendo que los niños y las niñas son el futuro del país, y con políticas populistas pretende que la solución para acabar con la violencia sexual contra menores es la cadena perpetua para violadores, mientras miembros de su gobierno buscan justificar los abusos por parte de los «héroes de la patria».
Mientras tanto, al menos 118 efectivos del Ejército de Colombia enfrentan investigaciones criminales por su presunta participación en actos sexuales abusivos y violentos contra menores, advirtió en días pasados, el mismo comandante de las fuerzas militares.
Un caso aberrante
Los hechos anteriores se dieron a conocer después del caso de los siete soldados que fueron detenidos, la semana pasada, luego de haber aceptado que abusaron sexualmente de una niña indígena, de 12 años, en el departamento de Risaralda. Los soldados fueron destituidos al igual que tres suboficiales que tenían a su cargo las tropas, mientras que dos oficiales fueron relevados de sus cargos.
Lo más aberrante del asunto es que, según el testimonio de un sargento del Ejército, varios de los soldados juzgados por violar a la menor de edad se han defendido diciendo que el acto se dio con la aprobación de la niña, y afirman con cinismo no haber cometido un acto violento contra la menor y que, por el contrario, la relación fue consensuada.
La ley que «protege a niños, niñas y adolescentes»
¿Qué pasa con las leyes en Colombia entonces?, si hay que recordar que la menor tenía 12 años y según la Sentencia C-876/11:
La medida diferenciada sin duda persigue un fin constitucional por cuanto el artículo 44 constitucional señala a los menores no solo como sujetos de especial protección sino además sujetos de una protección reforzada. Así pues, evitar que sobre menores de 14 años se ejerzan actos abusivos de tipo sexual cumple fielmente con los propósitos señalados por la Constitución para los niños, en este caso los menores de 14 años. Ahora bien, se insiste, no implica lo anterior que los menores mayores de 14 años no gocen de protección constitucional o legal alguna respecto de actos sexuales o accesos carnales violentos, sin su consentimiento. Lo cierto es que en los eventos que esto suceda, la legislación penal establece tipos penales y altas penas para quien vulnere o violente los derechos sexuales o reproductivos de los menores mayores de 14 años.
Vale la pena recordar que los hechos se conocieron justo una semana después de que el Congreso aprobara una reforma constitucional que incorpora la prisión perpetua a violadores y asesinos de niños y adolescentes de menos 14 años.
Un tipo de condena que se ha determinado de forma populista, y solo con el fin de condenar a quienes el gobierno uribista decida que sí son violadores de niños y niñas y merezcan este castigo, pues al parecer, según algunas mujeres miembros del partido de gobierno, como María Fernanda Cabal y una de sus más grandes simpatizantes, la periodista Salud Hernández, aquí lo único importante es aclarar que la otrora guerrilla de las FARC también cometía supuestamente, estos crímenes contra menores y por eso los militares deben estar exentos de toda culpa. Incluso, según María Fernanda Cabal, todo podría tratarse de un falso positivo contra los «héroes de la patria».
A los responsables se les «imputó» cargos por el delito de acceso carnal abusivo agravado, con el fin de rebajar sus penas, teniendo en cuenta que fue un hecho de acceso carnal violento, lo que deja en entredicho la eficiencia y falta de imparcialidad en el caso, del fiscal general, Francisco Barbosa.
Mientras tanto, es conocido el hecho de que las 13 personas del núcleo familiar de la víctima han sufrido desplazamientos forzados, dos asesinatos, un suicidio, y a ella la desaparecieron 15 horas, mientras la violaban siete héroes de la patria, cuyo deber, se supone, era protegerla.
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