Van tres semanas desde el despliegue de los operativos judiciales ambientales contra las comunidades agrarias en el Área de Manejo Especial de La Macarena, AMEM. Los únicos que no han sido tocados por el Gobierno son las multinacionales y los grandes propietarios de tierras dentro de la zona de parques
Anuar Aguirre – Carolina Tejada
La Macarena se encuentra ubicada en el piedemonte andino, parte de un sistema montañoso perteneciente al Escudo de Guyanés. Este territorio ha estado en disputa, por un lado, por campesinos quienes históricamente han vivido allí, en sus pequeñas parcelas por más de tres generaciones, por otro lado, por la institucionalidad que la denominó como reserva nacional natural en el año 1948 y como Parque Natural en 1971, por familias desplazadas que, huyendo de la violencia armada, deciden colonizar el territorio a falta de garantías por el Estado.
Estas comunidades, tras intensas movilizaciones en la década de los ochenta, lograron pactar con el gobierno un re-linderamiento y la conformación de una nueva división administrativa y ambiental que incluye el AMEM y los Parques Nacionales Naturales Sierra de La Macarena y Tinigua. Un total de 3.871.790 hectáreas es la extensión de la AMEM que cubre los municipios de La Macarena, Lejanías, Puerto Concordia, Puerto Rico, El Castillo, El Dorado, Mesetas, San Juan de Arama, La Uribe y Vistahermosa; y parte de Puerto Lleras, San Luis de Cubarral, Granada, Fuente de oro y Guamal.
Esta amplia extensión de tierra y de recursos que anidan sobre ella, son parte de una conexión entre los ecosistemas de las regiones Andina, Amazónica y Orinoquía. Y, a su vez con los años y gracias al abandono institucional, a la agudización del conflicto armado, presencia del narcotráfico y de la llegada de las multinacionales quienes lograron licencias de exploración y explotación de recursos naturales allí, a pesar de ser zonas protegidas, el territorio se ha convertido en un epicentro de conflictos por la tierra, en donde el campesino más humilde es quien ha llevado la peor parte.
Gobernanza local
La presencia campesina en el territorio ha garantizado, por un lado, la sobrevivencia del campesinado con sus cultivos de pan coger, lo cual implica intervenir el territorio, y por otro lado, la protección del mismo y la defensa de la injerencia de multinacionales. Entre comunidades organizadas que habitan la serranía, el cuidado y preservación han estado en la agenda local de cara a mitigar el deterioro ambiental en pro de la preservación de los recursos hídricos y protegiendo la fauna y flora.
Para ello, han logrado construir acuerdos comunitarios, inter veredales y, así mismo, bajo la comprensión de las dificultades que existen por la permanencia de campesinos, campesinas e indígenas en el territorio, estas decidieron crear diferentes estructuras organizativas a través de las cuales han logrado dar salidas a los problemas sociales, ambientales, económicos y políticos en la región.
Algunas de estas experiencias han sido exitosas en otras regiones del país, como por ejemplo, la constitución de las Zonas de Reserva Campesina, ZRC, una figura de ordenamiento territorial que busca generar las condiciones para un adecuado desarrollo sostenible de la economía campesina y de los colonos en las zonas rurales.
Esta figura da mayores herramientas al campesinado a la hora de realizar una mejor planificación y control sobre el uso del suelo, permite el fomento de la economía campesina de proyectos productivos sostenibles, beneficiando socialmente a las personas, teniendo en cuenta la preservación del medio ambiente, contribuyendo a una articulación integral de la región dentro del desarrollo económico nacional.
En el mes de octubre de 2016, se realizó la Audiencia Pública Constitutiva de la Zona de Reserva Campesina, ZRC, del Losada-Guayabero, en la cual el gobierno local y nacional hicieron algunos compromisos de avanzar en este proyecto, así mismo lo hicieron los representantes de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, los cuales mencionaron en ese entonces, que: “La ZRC campesina está prevista para proteger el medio ambiente” y que, “esta figura es una forma de protección e impulso para la economía campesina”.
En esta audiencia en la que participaron representantes de las organizaciones ambientales y campesinas de la región, delegados del Gobierno nacional como de la Unidad de Restitución de Tierras, ministerios de Telecomunicaciones y Agricultura y Parques Naturales Nacionales, Defensoría Regional del Pueblo, Procuraduría Agraria, Cormacarena, además de los alcaldes de San Vicente del Caguán, Caquetá, Uribe y La Macarena, Meta. El compromiso de las instituciones, entre las que se encontraban alcaldías locales y la gobernadora del Meta Marcela Amaya, fue el de apoyar el plan de desarrollo de la consolidación de la ZRC de Losada – Guayabero.
Sin embargo, los acuerdos no se cumplieron. Pasados cuatro años las autoridades no dan razones claras del por qué aún no se ha formalizado el proceso. Doris Rivera, reconocida dirigente social del oriente colombiano y promotora de la figura, ha denunciado en múltiples ocasiones la dilatación del proceso con diferentes tecnicismos, desconociendo el esfuerzo realizado por las comunidades de la zona que junto a expertos formularon un Plan de Desarrollo Sostenible que de estarse ejecutando, culminaría en el año 2030.
Ante los incumplimientos del Estado, las comunidades de la zona insisten de mantenerse en el territorio. Para esto han manifestado la necesidad de conservar un diálogo con las autoridades pertinentes, reconociendo la importancia de articular esfuerzos para mitigar el impacto ambiental, sin que esto signifique ser condenadas al destierro, lo que impactaría en la ya deteriorada situación social en el país.
Represión institucional
Doris Rivera, en conversación con el semanario VOZ, ha denunciado que el gobierno, pasando por encima de los compromisos realizados en la Audiencia Pública, ha tomado como práctica detener irregularmente al campesinado de la región, llevarlos a juicio con montajes judiciales so pretexto de estar en zonas protegidas, y luego exigirles que abandonen sus hogares como condición para retornarles su libertad. Esta situación irregular por parte del gobierno, y que se realiza de manera violenta con presencia del Ejército y el Escuadrón Móvil de la Policía Nacional, Esmad, ha aumentado la zozobra de quienes temen ser desplazados de manera violenta.
Entre las medidas denunciadas por Doris, están: “los intentos de algunos funcionarios por afectar las pequeñas economías locales a través de prohibir el ingreso, la movilización y comercialización del ganado y los productos necesarios para esta actividad productiva. Llegando al punto de amenazar con impedir la vacunación de animales, sin importar el impacto de esto en la salud pública”, asegura la lideresa al tiempo que resalta la preocupación de las comunidades pues, las propuestas de diálogo han sido oídos sordos o terminan en acuerdos que no superan el papel.
Sin participación social o de conservación
Al parecer el cambio de perspectiva de política pública ambiental del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, se enfoca en negar los espacios de diálogo entre las comunidades y las autoridades nacionales, quienes al parecer vuelven a insistir en expulsar a los campesinos de los parques, destruyendo su territorialidad y haciendo inviable su subsistencia en la zona. Esta situación es advertida por el Colectivo de Estudios Guadalupe Salcedo, CEGS, en su Gobernanza Territorial en PNN Cordillera Los Picachos y Tinigua.
Investigación, que entre otros temas, recopila información sobre los operativos judiciales ambientales realizados contra comunidades campesinas habitantes de la zona en el año 2018. Un total de 17 acciones que, de manera sospechosa, se han realizado en las afueras de los PNN Cordillera Los Picachos y Tinigua; lo que genera dudas frente a las verdaderas intenciones de las autoridades, quienes al parecer, lejos de querer preservar el medio ambiente podrían estar más interesadas en desterrar a la población de la región entera para favorecer intereses económicos de terceros.
El 25 de octubre de 2018, aproximadamente mil hombres del Ejército Nacional, Policía Nacional y el Esmad, ingresaron al Parque Nacional Picachos, vereda El Guaduas, a fin de dar cumplimiento a una diligencia judicial que buscaba procesar a campesinos colonos que son considerados como invasores y testaferros de las FARC. En este operativo, fueron judicializadas 10 personas acusadas de invasión, deforestación y ganadería extensiva al interior del Parque.
Trato diferencial
En el operativo, además de los daños a inmuebles de las comunidades, se decomisaron 740 semovientes que fueron llevados a la cabecera municipal de San Vicente del Caguán, en donde solo aparecieron 619.
Un tratamiento distinto reciben proyectos productivos de intereses extractivistas que tienen lugar en estos dos parques nacionales por parte de las autoridades judiciales ambientales. Este es el caso de varias licencias ambientales otorgadas por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, al sector de hidrocarburos sobre múltiples corrientes hídricas.
Actualmente los municipios que comprenden el Área de Manejo Especial de La Macarena están requeridos para procesos de licenciamiento ambiental, siendo La Macarena y San Juan de Arama los pueblos con mayor número de proyectos licenciados. De hecho, el año pasado el ANLA, renovó licencias a multinacionales petroleras y otorgó otras con el ánimo de avanzar en exploraciones para la explotación del crudo.
Con el contrato Los Picachos, a la empresa Hupecol se le licenciaron 21.355 hectáreas y en marzo de 2019, 44.846 hectáreas que interceptan el PNN Tinigua. Otra de las empresas, Gran Tierra Colombia, con el contrato Tinigua se le otorgó licencia de 42.680 hectáreas que intercepta PNN Cordillera Los Picachos.
Incluso, gracias a una investigación que adelantó el Colectivo de Estudios Guadalupe Salcedo, se conoció que existen en los parques naturales Picachos y Tinigua cédulas catastrales como 187530007000000330020000000000, un lugar denominado El Progreso de 572.809 hectáreas. O la cédula 187530007000000330026000000000, denominado El Achapo con 1.808.408, hectáreas, entre muchas más cédulas catastrales de las que se desconoce su dueño.
Abandono estatal y retorno del conflicto armado
Situación que no parece incomodar o generar preocupación a las autoridades nacionales, pues es precisamente estas grandes propiedades en las que hay mayor número de deforestaciones. Además del grave impacto de las empresas extractivistas con licencia, estarían afectando un ecosistema que ni cien familias campesinas alcanzarían a intervenir.
Las dinámicas territoriales representan un reto para la permanencia tranquila en la zona, pues la suma de factores como presencia guerrillera, Fuerzas Militares, economías ilegales y erradicación forzada hacen de esta región una de las más convulsionadas del país.
Tras las negociaciones de paz entre Juan Manuel Santos y las FARC-EP, hubo unos meses de esperanza en que las cosas iban a mejorar, gracias a la implementación de los acuerdos de paz que entre otras cosas prometían mayor inversión del Estado, formalización de la propiedad, sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y sobre todo tranquilidad. Sin embargo, durante el actual gobierno del presidente Iván Duque, las cosas han ido emporando rápidamente en materia de orden público debido al incumplimiento sistemático por parte del Estado a dicho acuerdo y al asesinato de líderes sociales, además de las nuevas confrontaciones armadas entre las disidencias de las FARC y el Ejército Nacional, en donde las comunidades agrarias son las más vulnerables.
Incluso hace una semana, pobladores de la vereda El Rubí denunciaron enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntas disidencias de las FARC en pleno casco urbano, añadiendo un elemento más a la convulsión en La Macarena. Ante este panorama, algunos funcionarios del Estado han intentado deslegitimar las exigencias de los campesinos, acusándolos de actuar bajo la sombra de este grupo armado ilegal, lo que los termina convirtiendo en posibles objetivos de acciones militares.
Ante este panorama se hace necesario insistir en el diálogo abierto, reconociendo al campesinado como un actor social y de derechos que ha sido excluido, desconocido constitucionalmente, víctima de múltiples formas de violencia, pero con capacidad de construir comunidad, proteger el territorio y defender sus recursos naturales.
