Cumplir con los compromisos de la paz en esta región exige verdad, justicia y reparación. El Estado debe garantizar los derechos de la población campesina
Carolina Tejada
@carolltejada
El pasado mes de octubre a petición de la senadora por la Colombia Humana – Unión Patriótica, Aída Avella junto a los senadores de la bancada de oposición, se aprobó en las comisiones de Paz y Posconflicto de Senado de la República y de la Cámara de Representantes la realización de una Audiencia Pública semipresencial para escuchar a las comunidades, líderes y lideresas sociales y de restitución de tierras, así como a quienes defienden los derechos humanos y a las autoridades locales de la subregión de Montes de María integrada por quince municipios de los departamentos de Bolívar y Sucre.
Este espacio tiene como finalidad, según la misma resolución: “evaluar la difícil situación de recrudecimiento de la violencia, amenazas, homicidios, extorsiones y rearme de grupos paramilitares en esta zona del país”.
El flagelo de la región
Esta región que ha sido azotada históricamente por el conflicto, ha venido denunciando con más frecuencia los constantes hechos de violencia contra la población civil. Según la proposición, desde finales del 2019, el Clan del Golfo ha fortalecido su presencia en toda la región. Así mismo lo confirma Indepaz, quienes documentaron la alianza entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC y la banda ‘Los Costeños’. Indepaz también asegura que esas organizaciones han venido fortaleciendo sus redes de narcotráfico y el reclutamiento masivo de jóvenes en todo el territorio.
Desde inicios del año 2020, se ha venido registrando una escalada de violencia. Asesinatos selectivos de más de 16 personas, así como la masacre, el pasado 7 de septiembre en el sector La Loma del barrio Villa María en el Carmen de Bolívar de ocho jóvenes. Igualmente, se registró a corte de agosto del presente año, que en lo corrido del Gobierno Duque se han presentado 37 desplazamientos forzados producto de las amenazas del Clan del Golfo.
El pasado 12 de agosto, 37 familias de la vereda Caño Negro del Carmen de Bolívar fueron víctimas de este flagelo por parte de estos grupos paramilitares. Este pequeño recuento de la magnitud de esta situación regional es lo que ha motivado a la senadora Avella para hacer un llamado al Congreso e instar al freno de las acciones criminales de estos grupos, que debieron ser intervenidos y desestructurados por el gobierno de Iván Duque, y que hasta el momento no se ha cumplido, por el contrario, se han fortalecido a nivel nacional.
VOZ, dialogó con la senadora, y comentó de las constantes amenazas, hostigamientos e incluso asesinatos de pobladores campesinos en el departamento. “Tanto en la zona de Montes de María donde hay un caos emblemático en Ovejas, Sucre, en la finca La Europa donde los reclamantes de estas tierras vienen siendo amenazados y asesinados y la incursión de grupos armados que, además de las amenazas escritas que han hecho llegar a las comunidades, han sido los constantes patrullajes que se han visto en los alrededores de los territorios rurales de estos municipios”. En el transcurso de estos meses estas acciones violentas se extendieron a las zonas de San Jorge y La Mojana, logrando causar una gran preocupación, y desplazamientos de la población hacia los cascos urbanos y cabeceras municipales.
Lo que buscan estos grupos armados es la desarticulación de la organización campesina para apropiarse de sus territorios. Las comunidades expresan temor, pero insisten en que no pueden dejar de reclamar sus derechos sobre la tierra. Insisten en sus reclamaciones tanto en los procesos de restitución como en los procesos de adjudicación de baldíos, o inclusive en los procesos de reglamentación de usos y manejos de los terrenos que son reserva territorial del estado, como los playones y sabanas comunales. Lo que aseguran la bancada de oposición y los defensores de derechos humanos en el territorio es que detrás de las estructuras armadas hay políticos, terratenientes y ganaderos con el fin de quedarse con la tierra para acumular más propiedades.
Pero esta no es una preocupación que surja solo por lo que viene sucediendo en la subregión de los Montes de María; a nivel nacional, asegura la senadora, el fortalecimiento de los grupos paramilitares, no es menos complejo. “Hemos visto una preocupada coincidencia por el mismo modus operandi en varias zonas del país, no solamente en Sucre sino en Córdoba, en Atlántico, en Magdalena, donde las organizaciones campesinas que están alrededor de estas reivindicaciones de la recuperación de los terrenos baldíos o de la protección de los cuerpos de agua, de la implementación de los reglamentos de los usos comunales de estos territorios han sido objeto de amenazas”. La Defensoría del Pueblo, asegura Avella, ya se había pronunciado sobre esta situación de riesgo por medio de Alertas Tempranas que han sido desconocidas de manera sistemática por las autoridades locales y nacionales.
No son crímenes pasionales y el gobierno debe responder
De ahí la necesidad de hacer control político desde el congreso, insistiendo en la nula respuesta institucional que se ha tenido, mientras la población sigue siendo objeto de todo tipo de violencias, “no hay un reconocimiento de ninguna de las autoridades a este fenómeno, producto de grupos al margen de la ley, especialmente de estructuras paramilitares”. En varias ocasiones la respuesta institucional ha sido desviar la responsabilidad de estos actos criminales hacia otros grupos, incidiendo en la gravedad de no reconocerlos y no reconocer con ello, su fortalecimiento y la aguda crisis humanitaria que han venido generando sobre la población.
Frente a estos elementos también expresa con preocupación, que pareciera que el gobierno “quiere encubrir el rearme o la reactivación de grupos paramilitares en esta zona” y además “lo que se favorecen con esa lentitud para actuar, con el desconocimiento del fenómeno o la nula intervención en estos conflictos, solo benefician al gran propietario dejando en una mayor vulnerabilidad y exposición a las comunidades campesinas” estos elementos hacen parte del incumplimiento consciente del acuerdo de paz, afirma la senadora.
Las autoridades han venido advirtiendo que se trata de asesinatos pasionales. Fuentes de VOZ en el territorio desmienten la versión: “Aquí no estamos hablando de asesinatos o desplazamientos por motivos pasionales o delincuencia común. Aquí hay una estructura del paramilitarismo financiada por el narcotráfico y por sectores ligados a la tierra, al acaparamiento ilegal de la misma”, advierten.
La situación es tan grave que la proposición de Audiencia Pública, fue aprobada sin oposición de senadores de la bancada de gobierno. A este evento se espera lleguen, el presidente Iván Duque Márquez, el Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, la Ministra del Interior Alicia Arango Olmos, el Director de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro Forero, entre otros representantes del gobierno. Y, por ende, de las personas que integran las comisiones de paz y representantes de las organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos de los Montes de María.
Con esta presencia institucional en la audiencia, además de ejercer el control político, se busca, “una decisión al reconocimiento de este fenómeno y en últimas, una inversión social en los territorios. Estos territorios no tienen vivienda, educación. Si miramos los municipios donde están estos grandes conflictos: San Benito, San Marcos, Ovejas, son los más pobres del país, son los que tienen los indicadores más dramáticos y alarmantes de desigualdad”. Además, como una medida de garantizarle a las comunidades “que se cumplan los compromisos de paz en los Montes de María. Estos compromisos pasan por un criterio de justicia agraria, y la justicia agraria tiene que ver con la acción del Estado garantizando derechos para la población.” asegura Aída Avella.
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