En la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se recopilaron múltiples violaciones a los derechos humanos, y se espera que las víctimas logren justicia
Sebastián Chingaté Sánchez
@CronopioRolo
Fueron cinco días entre el 6 y 10 junio en que la CIDH vino al país con el fin de hacer un informe sobre la crítica situación en materia de derechos humanos en el marco del paro nacional, visita que por cierto primero fue torpedeada y después “solicitada” por la actual canciller Marta Lucía Ramírez.
La llegada de la CIDH y la información recopilada, representan de cierta forma un apoyo para visibilizar la crisis humanitaria a nivel internacional, las claras violaciones a los DDHH por parte de la fuerza pública, y otros hechos con una evidente conexión al paramilitarismo; acusaciones entre las que están la existencia de casas de pique presuntamente usadas por la policía en Ciudad Jardín, denuncia interpuesta el pasado 23 de mayo por tres organizaciones de DDHH entre las que están la Comisión de Justicia y Paz.
“Informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia”, así se titula el último informe detallado presentado por la CIDH sobre Colombia a finales del año 2019, documento que llegó en un contexto donde ya habían pasado tres años del sistemático asesinato a líderes sociales en el país desde la firma de los acuerdos de paz y que se suman a las ya documentadas en el marco del presente paro en el país, las cuales no solo han aumentado, sino que se configuran como una sumatoria de hechos que, para algunos, dan muestra de una democracia fallida o de un Estado dictatorial.
La visita de la CIDH
La composición de la agenda que asumió la CIDH estuvo compuesta por varios espacios, entre esos, el día 9 de junio sostuvo diálogo con personas de la sociedad civil y con el Comité Nacional de Paro, instituciones como la JEP hacían parte de la agenda, con las que se reunió la comisión, sumadas a las entidades vinculadas al Estado, principal señalado en estas denuncias, hecho que contrasta también con la renuncia de Andrés Idárraga como director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, al afirmar la ambigüedad en materia de DDHH que contenía el informe presentado por la alcaldía local a la CIDH.
Luego de dichas jornadas se conoció la comunicación de instituciones como el Parlamento Europeo en boca de su vicepresidente, Fabio Massimo Castaldo, reconociendo graves violaciones al derecho internacional humanitario y los derechos humanos en Colombia. Situación que no pasa con la OEA, el silencio de Luis Almagro, director de la OEA, frente a la coyuntura aún vigente en Colombia, es incomprensible para las organizaciones de DDHH en el país.
Sin embargo, y pese a las declaraciones a nivel internacional que llaman al Estado colombiano a frenar la violencia y respetar los DDHH de la población, las últimas cifras de la ONG Temblores, presentadas el 28 de junio, reportan un total de 4.687 casos de violencia policial y 44 asesinatos, presuntamente perpetrados por la fuerza pública. Se espera que ante dicho panorama la comunidad internacional tome riendas en el asunto, sobre todo luego de la visita de la CIDH a Colombia.
