La tragedia del país real, el de los trabajadores urbanos y rurales, de los excluidos, de la clase media, de los intelectuales progresistas y aún de los medianos y pequeños comerciantes e industriales, es que el actual modelo político-económico tiene como objetivo prioritario agenciar políticas que favorezcan la alta concentración de los ingresos de los ricos y superricos como lo evidencian los niveles de ganancias empresariales y lo demuestran las investigaciones y las estadísticas recientemente publicadas por el economista Luis Jorge Garay.
Por otra parte, el andamiaje jurídico–político está soportado en una seudodemocracia cuyas instituciones y normatividad son construidas por un parlamento ilegítimo, que no es elegido en procesos electorales transparentes sino en una compraventa de votos, cuyos recursos los proveen el capital financiero, las super tiendas y las multinacionales. Por tanto, senadores y representantes, carecen de autonomía política ya que quedan hipotecados con quienes les financiaron su elección. En consecuencia, esos legisladores no diseñan leyes teniendo en cuenta el bien común, sino que aprueban proyectos de leyes que elaboran los centros de pensamiento en donde laboran intelectuales asalariados de los capitalistas. Por ejemplo, la propuesta de Anif de eliminar los intereses a las cesantías y acabar con las cajas de compensación.
Otra forma de influir en las elecciones para que salgan elegidos, en vez de senadores y representantes, elegir sirvientes de la alta burguesía y de los latifundistas, es financiar grupos armados, llamados paramilitares, que tienen entre otras funciones amedrentar a las poblaciones campesinas y obligarlos a votar por los candidatos que defienden las políticas de terratenientes y las multinacionales que tienen inversiones en el campo colombiano. Recordemos las acusaciones a la empresa norteamericana Chiquita Brands.
Del hecho de que en Colombia, aunque lo pregonen la burguesía y sus corifeos, la mayoría de medios y periódicos, en este país no hay democracia sino seudodemocracia, de este hecho se derivan todas las tragedias que nos afectan y abaten:
El asesinato de líderes sociales, que aumenta día a día, es hoy el problema de mayor gravedad en el país, así Duque mienta diciendo que disminuyó en un 25%, cuando en sólo 15 días de enero ya habían sido asesinados 20 líderes sociales en diversas regiones del país. Sin embargo, el fiscal general (e), Fabio Espitia, tiene la desfachatez de afirmar que ha habido un solo asesinato confirmado en 2020.
Además, el Estado incrementa sistemáticamente la represión policial y militar de las movilizaciones y cacerolazos, expresión de la inconformidad popular y pretende justificar y legalizar esta represión mediante la creación de protocolos, que de no ser aceptados por los manifestantes le dan vía a los actos de barbarie del Esmad. Esta política responde a las exigencias del empresariado nacional y multinacional que le teme a la cualificación y crecimiento de la protesta social, la cual podría exigir que se reforme el modelo político- económico que solo beneficia a los sectores de altos ingresos y afecta negativamente a la mayor parte de la población.
La carencia de soberanía, como lo demuestra el hecho vergonzante de que el presidente Iván Duque por imposición de los Estados Unidos, haya organizado la Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo. A qué estado soberano latinoamericano se le ocurre organizar un encuentro de lucha contra el terrorismo e invitar a los Estados Unidos, el único país de este continente que ha organizado y ejecutado invasiones terroristas contra las naciones latinoamericanas. Basta recordar que el imperio del norte ha invadido a México, Nicaragua, República Dominicana, Haití, Panamá, Guatemala. En Panamá 28 mil marines en una madrugada hirieron y mataron a más de 3.800 ciudadanos, con el pretexto de capturar a Manuel Noriega, antiguo agente de la CIA que se cansó de servir a los Estados Unidos con acciones lesivas para su patria.
Recientemente la revista Semana reveló que detrás del retiro del comandante del Ejército, Nicasio Martínez está el uso ilegal de sofisticados equipos de inteligencia, unos adquiridos con sobrecostos y otros donados por el Pentágono Estadounidense, con los cuales se espiaba a políticos, magistrados, generales y periodistas.
Este escándalo también plantea una disyuntiva: o el Gobierno actual revive las prácticas violatorias de la Constitución de la “seguridad democrática” o sencillamente es un rey de burlas de los sectores corruptos del Ejército. ¿Acaso, vale la pena preguntar, será que la corrupción de las manzanas podridas de las Fueras Armadas es de tal naturaleza que sean capaces de, a cambio de dinero, proteger a los autores intelectuales de los asesinatos de los líderes sociales? Si la respuesta fuera positiva, estaríamos ad portas del colapso institucional.
Frente a esta desolador panorama, ¿qué hacer?
Los pueblos que han tenido éxito en sus luchas por la democracia real, nos enseñan el camino: la acción política unitaria, organizada, en calles y plazas, en las universidades, con objetivos claros, con el apoyo en el parlamento de los sectores progresistas. Además, con la difusión de los programas de lucha en la prensa alternativa, en los medios sindicales, en radio bemba en barrios y comunidades. Esa es la tarea, ejecutémosla con prontitud y valentía. Las direcciones del Partido Comunista, de la Unión Patriótica, de Las Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común, de Colombia Humana, del Polo Democrático Alternativo, tienen el deber y responsabilidad de impulsar y orientar esas luchas.
