Mientras la élite se muestra fraterna con la cuentachistes Alejandra Azcárate por el caso del narco-avión que cayó en Providencia, no es solidaria con la tragedia de un pueblo que afronta la desigualdad social y la violencia
Óscar Sotelo Ortiz
@oscarsopos
Alejandra Azcárate es mucho más que una simple modelo y comediante. Es una representante genuina de la verdadera “gente de bien”. Esta bogotana ‘play’ estudió en el Liceo Francés, la echaron de la Universidad de los Andes por copiarse en un examen, después viajó a Boston donde volvió con títulos extranjeros en ciencia política y periodismo.
Ha trabajado en los últimos veinte años para los más poderosos medios corporativos haciendo radio, televisión, actuando, modelando y presentando su famoso stand-up comedy “Descárate con la Azcárate”, convirtiéndose en un verdadero fenómeno en el banal mundo del espectáculo.
Sus redes sociales son una caldera. Cuatro millones de seguidores en Twitter y tres en Instagram. Es uribista y muchas de sus polémicas se han desatado por sus comentarios políticos. Le ha hecho más de una campaña a Uribe, se opuso al proceso de paz y, por supuesto, crítica las movilizaciones sociales. “¿Cuándo van a marchar pacíficamente, pero a trabajar?”, trinó el 29 de noviembre de 2019 en el marco del paro nacional de hace dos años.
Hasta el momento nada extraño ni digno para referenciar en este semanario, pues es una uribista más en el insoportable mundillo de la farándula. El problema es que con la caída del narco-avión en el aeropuerto de Providencia el martes 25 de mayo, su nombre y su vida automáticamente se convirtieron en un titular de prensa.
Media tonelada de cocaína
El martes 25 de mayo, la Agencia de Periodismo Investigativo informó con detalles lo ocurrido en el aeropuerto El Embrujo en Providencia. La avioneta N722KR fue incautada con 476 kilogramos de cocaína. La aeronave es propiedad de la empresa Interandes Helicópteros SAS y esta es representada legalmente por el publicista Mauricio Jaramillo Arango, quien además es socio de la firma. La noticia tenía un veneno adicional que la hizo fácilmente viral: Jaramillo es el flamante esposo de la Azcárate.
Inmediatamente se conoció lo ocurrido en la olvidada isla, la opinión pública, pero en especial las redes sociales fueron implacables. Una avalancha de opiniones, comentarios, memes y piezas gráficas no se hicieron esperar. La respuesta a favor fue una contundente solidaridad de clase en lo más granado del Establecimiento.
Incluso, una importante cadena radial le abrió los micrófonos para que dijera lo previsible sin ni siquiera contemplar una pregunta incomoda: “todo fue a nuestra espalda”, “fuimos engañados”, “no conocemos a los pilotos capturados”, “somos víctimas” y un largo etcétera de explicaciones donde la familia Jaramillo Azcárate es inocente.
Es verdad que la modelo no es culpable hasta que un juicio diga lo contrario. Pero también, por su capacidad de influencia en la sociedad, es cuestionable que una persona como la famosa bogotana tenga una conexión tan directa con el narcotráfico.
En un reciente y extenso video, Azcárate anuncia acciones legales en contra de los medios de comunicación que vienen cubriendo la noticia, pues según ella estos han sido inclementes con su nombre y reputación. Y hasta ahí va la historia.
La gente desgraciada de siempre
En el monólogo grabado, cuya duración es casi de una hora, brilla la frase “Vengo de recorrer los sótanos del infierno”. Si bien es una realidad que la vida profesional de la famosa ha sido truncada por la noticia, también es cierto que la afirmación es una exageración. Azcárate sigue viviendo en su ostentoso apartamento y se sigue movilizando en su camioneta Jaguar, conserva sus preciosas y millonarias joyas, viaja cuando se le pega la gana a Miami y su nevera siempre ha estado repleta de comida.
¿Sótanos del infierno? Quienes en realidad han tenido que recorrer los sótanos del infierno son los miles de personas que no pueden comer tres veces al día, quienes en esta coyuntura han caído en el desempleo, quienes volvieron a la pobreza por la falta de oportunidades, quienes ven truncados sus sueños y se tienen que conformar con empleos precarizados, etc. En fin, quienes en realidad han recorrido los mil lugares de un infierno real han sido las multitudes que no tienen nada, la gente desgraciada de siempre.
Así las cosas, mientras la Azcárate grababa su “explosivo” video, el país y su gente en realidad recorre y sobrevive en los verdaderos sótanos del infierno. La mejor forma para validar esta afirmación es la tragedia que vive por estos días el pueblo de Ituango.
Desgracia desgraciada
Ubicado en la subregión del norte antioqueño, el municipio de Ituango tiene más nombres reconocidos en el Registro Único de Víctimas (42 mil personas) que habitantes (27 mil personas). Desde la década de los setenta, este hermoso y rico territorio ha sido víctima del conflicto armado. Primero llegó el EPL y después las FARC; tiempo después llegaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, al mando del clan Castaño y la guerra se desató. Para dimensionar la tragedia, no más entre 1996 y 2002 ocurrieron ocho masacres, la mayoría perpetradas por el paramilitarismo.
La desgracia del municipio es su situación geográfica considerada como estratégica. Ituango conecta el norte de Antioquia, el Bajo Cauca, el sur de Córdoba y la subregión de Urabá, zonas claves en las rutas del narcotráfico, los cultivos de uso ilícito, la minería ilegal y otras actividades atractivas para los grupos al margen de la ley. La población votó mayoritariamente por el Sí en el plebiscito del 2016 (más del 70%), pero variados factores impiden que hoy se hable de paz y reconciliación.
Con la salida de las FARC, el territorio se convirtió en un escenario de guerra. Las disidencias, el Clan del Golfo y otras estructuras paramilitares se disputan a sangre y fuego la región. Estos continuos enfrentamientos han generado en los últimos años múltiples asesinatos selectivos y permanentes desplazamientos forzados.
Destierro sistemático
El jueves 22 de julio, un poderoso vendaval y un torrencial aguacero destruyeron la única vía de acceso que conecta a la población. La catástrofe de inundaciones y afectaciones dejaron cerca de 250 familias perjudicadas. Un día antes, varias comunidades campesinas recibieron llamadas personalizadas, algunas atribuidas a las disidencias y otras sin remitente, donde la orden era salir del territorio. La naturaleza y los grupos armados desataron el desplazamiento de más de 4.000 personas que corresponden a cerca de mil familias.
“Lo que sucede en Ituango es un claro proceso de destierro sistemático”, dijo en medio de la crisis el Movimiento Ríos Vivos. Si bien ya se viene generando un retorno, entre otras cosas por la acción del movimiento social, no hay garantías para un regreso seguro. “Los responsables de los más de 4.000 desplazados son el Gobierno nacional, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Ituango que tenían la obligación de garantizar la no repetición de la violación sistemática de los derechos humanos”, dijo la lideresa Isabel Cristina Zuleta al medio alternativo de comunicación La Direkta.
Solidaridad de clase
Una semana atrás a lo acontecido en Ituango, el departamento de Arauca vivió una situación similar. Fuertes e inusuales lluvias ocasionaron cortes de luz, inundaciones de vías que colapsaron y cerca de 300 damnificados en un territorio donde el conflicto entre actores armados es constante y cotidiano. En otras palabras, fenómenos que sí pueden caracterizarse como los verdaderos sótanos del infierno con el pueblo como protagonista.
La solidaridad de la élite y de la “gente de bien”, para sus iguales. Por nuestra parte, aguante Ituango, Arauca, Urabá, Tumaco, Providencia y toda la gente en el país que sufre las desigualdades. Al fin y al cabo, la solidaridad también es una cuestión de lucha de clases.
