Redacción Política
Los proyectos que de la consulta anticorrupción pasaron por las comisiones económicas como los presupuestos participativos, corrieron la misma suerte que aquellas iniciativas que alcanzaron a llegar a plenaria como la cárcel para los corruptos: fueron hundidos con la complicidad de sus propios autores, el gobierno nacional, burlándose de 11 millones de ciudadanos.
Con una votación 5 a 3 se hundió en la Comisión Cuarta del Senado el proyecto de ley que garantizaba participación ciudadana en el marco de la aprobación de los presupuestos públicos, mediante audiencias públicas.
La iniciativa trataba de hacer partícipe de las decisiones a la ciudadanía mediante audiencias publicas que pudieran definir el destino de parte de los presupuestos de los municipios en el caso local, y los departamentos, en el caso regional. La iniciativa contaba con ponencia favorable del Gobierno nacional pero no con su voluntad convertirlos en ley.
Los proyectos presentados en el paquete legislativo que impulsó el ejecutivo en una mesa interpartidista fueron vaciados de contenido con el argumento de existir leyes para alcanzar sus objetivos sin desgastar al Congreso en discusiones.
La realidad es que de los siete proyectos de ley en contra de la corrupción ninguno fue defendido por el Gobierno nacional y con una actitud pasiva de los funcionarios del Ministerio del Interior Cambio Radical, el Partido Conservador, Partido Liberal, la U, Justa y Libre, el MIRA, la ASI se juntaron en una sola bancada para derrotar los proyectos por falta de trámite, por débil defensa o simplemente por falta de quorum en el momento decisivo.
En el caso de la Comisión Cuarta los senadores Juan Felipe Lemos, el presidente de la Comisión, Miguel Amín, quienes son del partido de la U, y Carlos Abraham Jiménez de Cambio Radical fueron los tres congresistas que no quisieron que el proyecto de presupuestos participativos pudiera pasar a segundo debate. Un hecho muy significativo para la ciudadanía por cuanto garantizaba el control y la incidencia ciudadana en los recursos públicos de inversión.
Para la senadora Aída Avella, una de las congresistas que dio la pelea en la Comisión y una de las que firmó una proposición sustentada en el estatuto de la oposición, solicitando que se convocara para la víspera del cierre legislativo, le reclamó al presidente Duque que fueron los partidos cercanos al Gobierno, los que hundieron el proyecto de Ley.
“La Comisión IV, no respeta las iniciativas ciudadanas, Duque. Los partidos de gobierno hundieron uno de los proyectos anticorrupción. El proyecto había salido de la Mesa Técnica anticorrupción, en la que estuvieron todos los partidos de gobierno y algunos de oposición”, manifestó.
En efecto, el proyecto de ley había sido radicado el 18 de septiembre de 2018 en un acto público por el propio presidente Duque. Con este proyecto se pretendía que la gente tuviera conocimiento y pudiera participar al momento de la definición de los presupuestos en su territorio. Más transparencia y menos acuerdos por debajo de la mesa.
El otro proyecto que alcanzó una discusión en plenaria era el de cárcel para los corruptos, es decir, se modificaba la legislación penal y se desmontaban los beneficios carcelarios que se le otorgan a criminales por determinados delitos. La casa por cárcel es la característica común que han tenido los procesos penales contra quienes se roban el erario. Sucedió con los Nule, el clan del Ñoño Elías, los ladrones de Odebrecth, y un sinnúmero de condenados que gozan de sus “mansiones” por cárcel.
“Pienso en los cientos de platos de comida que pasan por las curules y ni el proyecto que protegía la salud de la comida chatarra pasó. El Congreso solo es juicioso votando cuando el proyecto favorece a los banqueros, a las multinacionales mineras o a los malditos corruptos”, señaló Gustavo Bolívar a propósito del hundimiento de la cárcel para corruptos.
