La persona que llegó en su momento a ser el comandante en jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, tiene ahora vía libre para su deportación a Italia debido a las negligencias cometidas por el gobierno colombiano
Sebastián Chingaté Sánchez
El pasado 20 de agosto el presidente Iván Duque anunció con bombos y platillos a través de su cuenta de Twitter el inminente “futuro de Salvatore Mancuso en una cárcel colombiana”.
Sin embargo, se ha conocido un mensaje enviado por la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE, donde se afirma que la expulsión de Estados Unidos del exjefe paramilitar seria a más tardar el próximo 4 de septiembre. Mas allá del discurso politizado que ha tomado el Estado sobre la situación de Mancuso, lo cierto es que su regreso al país se obstaculizó por falta de medidas tomadas por el gobierno colombiano.
La epifanía del caso se remonta desde noviembre de 2017, fecha en la que Mancuso pidió cupo en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ofreciendo decir toda la verdad. Si bien la JEP negó en primera instancia el ingreso del exjefe paramilitar a la justicia transicional, ya que este había sido beneficiario de Justicia y Paz, la JEP aceptó una declaración libre para el exparamilitar.
Cumplida su condena en los Estados Unidos a comienzo de este año, la extradición de Mancuso se vio enredada por errores cometidos en las solitudes de extradición enviadas, faltas que por cierto cuesta creer que puedan ser cometidos por el gobierno de una nación. Teniendo en cuenta que Mancuso cuenta con nacionalidad italiana, la deportación de este al país europeo es una opción palpable tras el anuncio de un juez federal en Washington.
Para seguir el caso, el semanario VOZ hablo con el abogado Jeison Pava Reyes, miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH, y persona activa en procesos de restitución de tierras.
–¿Considera que la extradición de los cabecillas del paramilitarismo, entre ellos Mancuso, fue un hecho para callar la verdad?
-Yo creo que esta situación de Mancuso sin duda ratifica esencialmente que el propósito del gobierno de Álvaro Uribe Vélez era callar las voces de los comandantes paramilitares, no permitir que ellos siguieran con su proceso en el marco de la justicia transicional, específicamente en Justicia y Paz.
El discurso uribista montó por años la idea que la extradición hacía parte de un ejercicio de justicia, donde los excomandantes paramilitares primero pagarían allá y que luego vendrían a colaborar aquí con los procesos judiciales abiertos, pero esencialmente lo que se ha visto es que eso no quedó plasmado en ningún documento escrito.
En otras palabras, siempre se nos dijo que el compromiso era que cuando ellos cumplieran su pena en Estados Unidos, inmediatamente iban a ser regresados a Colombia para que continuaran el proceso frente a los delitos cometidos en el marco del conflicto armado.
Ahorita nos damos cuenta de que se hizo la extradición por esa vía, pero nunca quedó por escrito el compromiso del gobierno colombiano o por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
–¿Es culpa entonces del gobierno que Mancuso termine en Italia?
-Yo creo que este gobierno viene de error tras error en todas sus actuaciones. Esto se le ha convertido en un problema, porque esencialmente aquí hay un sin número de víctimas esperando a que estos comandantes vengan a cumplir sus penas y sobre todo a cumplir con ese proceso de verdad que reclaman las víctimas.
Tan profundo es el error que ya el Alto Comisionado para la Paz está planteando acudir al Tribunal de Derechos Humanos Europeo para poder traer a Salvatore Mancuso. Cuando todo el mundo sabe que el tribunal no juzga individuos sino a Estados, esto no es una coincidencia del proceso, hay que recordar que hace poco la revista Semana sacaba un artículo en donde Giorgio Sale, un narcotraficante reconocido que era amigo cercano de Mancuso manifestaba el plan de retiro de Mancuso en Italia.
Si se busca ese material nos damos cuenta de que ya existían grabaciones desde el momento de Justicia y Paz donde Mancuso ya tenía planeado su plan de retiro en Italia, y esto hace parte de ese marco.
Esencialmente uno ve que el gobierno no está interesado en que ellos vengan, entre ellos muchas personas del Establecimiento y aliados históricos del uribismo. No hay que olvidar el grado de importancia de Salvatore Mancuso, después de los hermanos Castaño, Mancuso era el tercero al mando de las AUC.
–¿Jurídicamente que implicaba que se le abriera una declaración libre a Mancuso?
-Yo a eso no le veía mucho futuro porque esencialmente tu no vas a entrar a dar una declaración libre cuando no eres sujeto directo de los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz. Hay que entender que estas personas estuvieron dentro del marco de unas actividades delictivas al interior de Colombia, que fueron victimarios, ejecutores de masacres, de crímenes de lesa humanidad.
Hay que recordar que dentro de todo el proceso de Justicia y Paz existen casi 15 mil compulsas de copias que esta jurisdicción transicional envió a la Fiscalía General de la Nación para que investiguen hechos dentro del marco del conflicto, sobre todo de la violencia paramilitar que involucra estructuras económicas y políticas en muchas regiones del país.
Básicamente eso nunca se ha tocado, creo que eso debe ser una pelea dentro del las organizaciones de derechos humanos ¿Qué pasó con esos 15 mil procesos? ¿Por qué no se ha movido? ¿Por qué no hay capturas? ¿Por qué no hay investigaciones? Si muchos de esos fueron financiadores de estructuras paramilitares, entonces digamos que ahí está el nicho central de toda la estructuración de Justicia y Paz, eso es lo que Mancuso tiene que venir a ratificar.
La incertidumbre de las victimas
Frente a la inoperancia del Gobierno nacional, las victimas agrupadas en el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, se pronunciaron recientemente en un comunicado de Prensa radicando una carta a las entidades estatales con más de 100 firmas de víctimas afectadas por Mancuso. La cuestión es clara, con Mancuso fuera del escenario miles de personas perderán la posibilidad satisfacer sus derechos a la verdad y a la reparación.
“Estamos consternados con la actitud inactiva del gobierno por dejar que siga creciendo la impunidad y como los derechos a la verdad a la justicia y reparación se van, porque el Estado ha sido incompetente en solicitar a tiempo las medidas de extradición hacia Colombia de Mancuso”, expresó Rosario Montoya Hoyos en la rueda de prensa, víctima directa del exjefe paramilitar.
Entre tanto, solo queda esperar como Iván Duque vuelve a sacar pecho por la extradición de un criminal cuyo proceso se vio entorpecido por algo parecido más a una conspiración, que a unos errores al momento de solicitar la extradición oficial del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso.
Esta es la opinión de Rosario sobre lo inverosímil de la situación: “…en este momento va a ser muy difícil que el Estado colombiano y la Fiscalía esté interesada de solicitar la extradición de Mancuso. Ellos le temen a la verdad, ¿Qué ocultan? ¿Por qué no lo hacen? Pero aquí estamos las víctimas y vamos a seguir luchando, no podemos permitir que en este país se siga derramando sangre, no podemos permitir que después de una negociación aun persista en este país el paramilitarismo”.
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