Paula Trujillo
Los habitantes de la Costa habían albergado la esperanza de que cesara la violencia, que se veía desde hace décadas por la presencia de los paramilitares, en el marco del conflicto armado, pero la realidad a la cual se enfrentan es otra, pues estos se han adaptado a nuevas formas al punto que se encuentran en los callejones oscuros, las esquinas solitarias y en los puertos vacíos de los municipios, corregimientos y ciudades. Evidencia de ello son los diferentes grafitis que han ido apareciendo.
Desde hace más de un mes han aparecido panfletos y grafitis con el mensaje: “AGC presente”. Al parecer, esto significa que en la zona están operando las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). La violencia en la región se mantiene viva por la disputa entre estos grupos, ya que, del supuesto desarme paramilitar, han quedado unos rezagos que buscan expandirse por la zona, además de aquellos que se mantuvieron al margen del proceso de desmovilización y por nuevos miembros. Según organizaciones de derechos humanos que pidieron reserva, el mayor temor de los sindicalistas, líderes, lideresas sociales y campesinos es que se reactive el Bloque Norte de las Autodefensas.
Al parecer, estos grupos hacen presencia en al menos 50 municipios de la Costa. Operan especialmente donde hay minería ilegal, siembras de hoja de coca, procesamiento o exportación de clorhidrato de cocaína, esto acompañado de un crecimiento urbano, a los que se suma que buscan zonas estratégicas en términos de movilidad.
Aunque los niveles de violencia no son tan altos como años anteriores: las amenazas, los asesinatos selectivos de líderes y lideresas sociales, las persecuciones e intimidaciones están más vigentes que nunca en el Caribe, con viejos, pero también con nuevos actores armados
El paramilitarismo, más vivo que nunca
A partir de una investigación publicado por la Universidad del Norte, en conjunto con el Centro de Pensamiento UNCARIBE (Investigación y pedagogía para la construcción de paz), se puede establecer que estos grupos armados se encuentran organizados geográficamente de la siguiente manera: en Bolívar actúan tres actores armados, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que está presente en municipios del sur del departamento; las AGC, se encuentran en el sur, pero han ido incrementando sus actividades en los Montes de María, principalmente en los municipios de El Carmen de Bolívar y María La Baja y en el norte del departamento, en Cartagena, Turbaco y Arjona; y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), que aparecieron recientemente.
En La Guajira solo hay dos municipios con presencia de actores armados: Dibulla, en donde se mantiene la disputa entre las AGC y las ACSN, y Maicao en donde están las AGC y el ELN.
En el departamento del Atlántico hay cinco municipios que registran presencia de las AGC. Según la Defensoría del Pueblo del Atlántico, en Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia. Las AGC han subcontratado algunos grupos delictivos, con la intención de garantizar la protección de cargamentos de cocaína.
En Córdoba, el escenario de mayor disputa es el sur, en donde actúan las AGC, el Frente Virgilio Peralta Arenas o Los Caparros y disidencias de las FARC. No obstante, más al norte del departamento, es decir, en Planeta Rica, Montería, Pueblo Nuevo y San Carlos también se ha registrado presencia de las AGC y el FVPA.
Las AGC tienen su origen en exmandos medios y paramilitares rasos de las AUC. Son el grupo con mayor presencia y controlan los puertos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. El miedo en algunos sectores como El Carmen de Bolívar, Arjona, María La Baja, San Juan Nepomuceno y San Jacinto es mayor debido a que han aparecido panfletos en plena vía pública. También han aparecido en varias comunidades de Cartagena como Punta Canoa, Arroyo Grande, Punta Arena y Caño de Loro.
El Gobierno no puede decir que no sabe del peligro que corren las comunidades campesinas en estos rincones del país, porque en todos estos lugares se han presentado alertas tempranas y denuncias públicas. Estos grupos, ligados al narcotráfico, han empezado a ocupar los territorios en donde las FARC actuaban. El acuerdo de paz firmado en 2016 con este grupo guerrillero no significó para el Caribe colombiano el fin de la violencia armada.
Siempre bajo el compromiso de no revelar la identidad, fuentes de sectores sociales argumentan que antes que debilitarlos, los paramilitares han tomado más fuerza. En conversación con Betty, una mujer de 63 años, con el rostro ajado y madre de tres hijos, quien vive en El Piñal, adonde llegó en calidad de desplazada de Verdún, vereda del Carmen de Bolívar, comenta que han devuelto las parcelas que estaban en manos de los paramilitares, pero, “por allá no regreso, es como echar para atrás… Y eso está maluco. Han matado a varios líderes de la restitución de tierras”.
Para muchas organizaciones sociales, el paramilitarismo en cualquiera de sus formas es una política de Estado que tiene desde sus orígenes una misión que con el pasar de los tiempos no ha cambiado: que las ganancias del capital estén garantizadas y que todo pensamiento e ideología que cuestione el orden establecido sea eliminado.
