Las víctimas de la masacre de Mapiripán reclaman desde hace 20 años la verdad
Redacción DD.HH.
“Es muy duro cuando le tocan la puerta de la casa y le sacan al papá de sus hijos para nunca volver”, relató Marina Sanmiguel, víctima de cinco días de terror que desataron los militares y los paramilitares en el municipio del Meta.
Después de veinte años, las víctimas reclaman el derecho a la no repetición, la reparación y por sobre todo, el retorno al municipio donde dejaron sus sueños. Los hechos ocurridos el 15 de julio de 1997, siguen en la impunidad las acciones en las que se ha comprobado la participación directa de agentes del estado y paramilitares.
Mapiripán fue el escenario de la planificación del terrorismo estatal “cuando se decidió desde los altos mandos militares, desplazando armas y paramilitares, desde el municipio de Urabá, Antioquia, desde un aeropuerto protegido por los militares de la XVII Brigada, hasta el aeropuerto de San José del Guaviare custodiado por la VII Brigada del Ejército Nacional”, señaló Luis Guillermo Pérez, del Colectivo Corporación Alvear Restrepo.
La masacre de Mapiripán fue una de las primeras operaciones militares de las Autodefensas Unidas de Colombia, como instrumento de la doctrina militar del Ejército colombiano. De hecho el jefe del paramilitarismo para la época Carlos Castaño, advirtió luego de la masacre, que vendrían muchos más “mapiripanes”, y sucedieron.
La responsabilidad en la masacre fue adjudicada al general del Ejército Jaime Humberto Uscátegui, a quien la Corte Suprema de Justicia condenó a 40 años de prisión por los hechos. “El general Uscátegui no fue condenado por testimonios contra él. Las pruebas fueron entregadas por el Ejército a un Tribunal militar que lo condenó a 40 meses de prisión. Luego las víctimas interpusieron una tutela para reclamar que un delito de lesa humanidad, nada tenía que ver con actos del servicio. Ese expediente se traslada a la Fiscalía y es con esas pruebas que se reconoce la responsabilidad de Ustcátegui con los hechos”, explicó el abogado Pérez.
Recientemente el general Uscátegui se acogió a la Jurisdicción Especial de Paz y obtuvo la libertad condicional, hasta que la Sala de Revisión de esa jurisdicción determine que es competente para atender su proceso. Sin embargo, uno de los requisitos fundamentales para acceder al beneficio de la libertad condicional es decir la verdad. Y eso es lo que las víctimas reclaman desde hace dos décadas. ¿Quiénes fueron los altos mandos militares que participaron en la planeación de los hechos y quiénes, de la cúpula política del Estado fueron responsables por la masacre?
Hoy las víctimas quieren volver a sus tierras. El problema es que ahora sus propiedades están siendo explotadas por multinacionales de la palma, alegando tener títulos de buena fe. Por eso reclaman reparación integral y estarán el próximo 18 de julio en Mapiripán, en una jornada humanitaria por la justicia en el municipio emblema del terrorismo de Estado.
