Problemas endémicos como la congestión de despachos, la inadecuada infraestructura, la falta de una pedagogía en materia de derechos y de los mecanismos para su defensa, continúan
Alberto Acevedo
Después de 18 propuestas de reforma a la Justicia presentadas al Congreso de la República desde el año 2002, finalmente en su intento 19 el legislativo aprobó un proyecto de ley que modifica la norma estatutaria 270 de 1996 sobre administración de justicia.
Ciertamente las comisiones del congreso efectuaron audiencias en las que escucharon a numerosos sectores interesados en la reforma y, desde luego, a los operadores de justicia. Pero sus planteamientos no fueron tenidos en cuenta en la mayoría de los casos y las audiencias, como suele suceder, fueron un simple ejercicio de retórica.
Tras una maratónica jornada de discusiones y ya con el visto bueno al proyecto, el ministro del ramo, Wilson Ruiz Orejuela saludó la iniciativa como el gran paso adelante en la modernización de la administración de justicia, significativo para garantizar el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos, dando garantías y fortaleciendo el presupuesto destinado a la rama.
La casa en el aire
Los magistrados de las altas cortes, las organizaciones sindicales de la rama, organizaciones independientes de observadores, la academia y estudiosos de la judicatura, no comparten el mismo entusiasmo del ministro.
Un problema medular es que se aprueba en una proporción considerable el presupuesto para el funcionamiento de la rama, para el nombramiento de nuevos jueces y funcionarios en sitios apartados del país, y para lo que el ministro llama “la digitalización de todas las disciplinas jurídicas”, un paso íntimamente ligado a la modernización.
Los gastos que la reforma implica, no fueron consultados con el gobierno central ni tuvieron en cuenta un concepto previo del ministerio de Hacienda, ordenador del gasto. “La iniciativa generaría presiones de gasto que afectarían las finanzas de la Nación, ya que son costos fiscales que no se encuentran previstos en el marco fiscal de medio plazo, ni en el marco de gastos del sector”, asegura un pronunciamiento del ministerio de Hacienda. Estamos, por tanto, ante una reedición de la ‘casa en el aire’.
Interpretación torticera
Malestar e incertidumbre entre los trabajadores de la rama causa por su parte una disposición de la norma que declara la administración de Justicia como un servicio público esencial. Sucesivos gobiernos han aspirado a que servicios como la prestación de justicia o servicios como acueducto, energía, transporte público, sean declarados como esenciales. Esto tiene un objetivo central: cercenar la capacidad de movilización y protesta de los trabajadores de esos sectores, y en últimas castrar el derecho a la contratación colectiva y a la huelga. Este concepto de servicio público esencial no es relevante a la hora de privatizarlos, como también ha sido la usanza de los últimos gobiernos.
Un aspecto particularmente grotesco y deleznable es que la reforma flexibiliza los requisitos para aspirar a los cargos de Fiscal General, Procurador General, Defensor del Pueblo y Registrador Nacional de Estado Civil. Los congresistas por su parte en forma impúdica extendieron esa misma flexibilización para aspirar a cargos de magistrados de las altas cortes.
La norma dice que, para avalar la experiencia profesional, en el evento de que la práctica en el ejercicio del derecho no sea suficiente, se acreditará la experiencia profesional en carreras como ciencia política, finanzas, gobierno, relaciones internacionales, ingeniería, economía, administración de empresas, administración pública. Como diría un buen tinterillo, un administrador de empresas podría -con una buena palanca- ser magistrado de una alta corte de justicia.
Desdibujando funciones
El Consejo Superior de la Judicatura le salió al paso a esta pretensión, indicando que incorporar nuevas posibilidades para acreditar experiencia profesional diferente a la formación en derecho para aspirar a ser magistrado de altas cortes “desconoce que la función jurisdiccional del juez exige una mayor experiencia y expectativa exclusivamente en el ejercicio del derecho”.
Otra norma polémica, entre muchas, es la que establece el concepto previo favorable y vinculante, proferido por la Comisión Interinstitucional de la rama, para tomar decisiones administrativas. Por cuanto que de la Comisión Interinstitucional hacen parte magistrados, se confunden las funciones de estos y se contraría una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que posiciona el equilibrio de poderes.
La Corte consigna en esa sentencia que a los miembros de las altas cortes corresponde administrar justicia y las decisiones en materia de gobierno judicial corresponden al órgano de administración de la rama. La lectura del proyecto de reforma permite encontrar aciertos, como el que establece la paridad de género para el nombramiento de funcionarios; pero también verdaderas aberraciones, algunas de las cuales han sido calificadas de inconstitucionales.
Justicia ciega
Pero más que eso, no apunta a resolver problemas medulares, o porque no los contempla, o porque los menciona, pero no entrega herramientas para su solución. Uno de ellos, el de la credibilidad y confianza en la justicia por parte de la sociedad.
Desde el inicio de la década de los años 90, la demanda de justicia en Colombia aumentó en un 350 por ciento y en ese lapso la planta de personal de personal de la rama se incrementó solo en un 20 por ciento. Es uno de los tantos fenómenos que explican la lentitud, la impunidad, en la administración de justicia.
La percepción desfavorable de la justicia entre los ciudadanos ronda el 80 por ciento, según la última encuesta. Un 24 por ciento de colombianos, en ese momento, manifestó que no hizo nada por resolver sus necesidades jurídicas, debido a alguna barrera de acceso. Problemas endémicos como la congestión de despachos, la inadecuada infraestructura, la falta de una pedagogía en materia de derechos y de los mecanismos para su defensa, siguen latentes. Para eso no tuvo ojos la reforma a la Justicia.
