Libardo Muñoz
Un poco más de 300 campesinos de la sufrida región de los Montes de María, marcharon desde Marialabaja hasta la gobernación de Bolívar, con esta consigna: “por una permanencia digna en el territorio”.
Sin agua potable, no hay electricidad, carecen de vías terrestres para mover sus productos del campo, las escuelas están en ruinas, la atención médica no se conoce, ese es a grandes rasgos el cuadro social en el que vive el campesinado del norte de Bolívar.
Marcharon hasta Cartagena comunidades negras de los consejos comunitarios Santo Madero, de Paraíso, Eladio Meza, San Cristóbal, de San Jacinto, San José de Playón, Arroyo Grande, Pueblo Nuevo, Santo Domingo de Meza y de la Alta Montaña de El Carmen de Bolívar.
Geovaldis González, uno de los voceros de la marcha, organizada por la Corporación de Desarrollo Solidario, declara a VOZ: “ se han incumplido los compromisos de la alcaldía de San Jacinto, de la gobernación de Bolívar y de las instituciones del orden nacional con los consejos comunitarios Eladio Ariza y Santo Madero en San Jacinto como comunidades étnicas víctimas del conflicto armado.
“Derechos como salud, educación rural, vías adecuadas y erradicación de la pobreza están insatisfechos en nuestra dura realidad.
“Han incumplido la sentencia por el Derecho al agua en Marialabaja lograda con movilizaciones en 2014 y pese a un fallo favorable no tienen este vital elemento”.
Los campesinos marchantes declararon que urge la implementación en los Montes de María del Pacto Regional que validaron en el Programa de Desarrollo de esa región, hoy en riesgo por la falta de voluntad política del establecimiento tanto departamental como nacional.
La movilización campesina que despertó solidaridad a su paso por pueblos de la Troncal de Occidente tuvo presencia de mujeres, de juntas comunales, de redes de pequeños cultivadores, de defensores ambientalistas y de cabildos indígenas herederos de las luchas por la tierra.
Al atardecer del jueves 1 de noviembre, en una plenaria con el gobernador, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, de la Agencia Nacional de Tierras y de la Unidad de Atención Integral para las víctimas del conflicto, obtuvieron un documento en el cual el Estado se compromete a invertir 15 mil millones de pesos en estructura vial, luz eléctrica, agua y recuperación de los puestos de salud y las escuelas.
Presenciaron las conversaciones del campesinado con el gobernador de Bolívar un oficial de la Policía Nacional y otro de la Armada.
El acta de compromiso según ordenó el gobernador Dumek Turbay, adquiere el carácter de “Política Pública” de intervención especial obligatorio para futuras administraciones.
En un diálogo distensionado, un viejo campesino presente hizo recordar la marcha de cuatro mil campesinos que lideró Alirio Traslaviña, de la UP. En julio de 1985, desde San Pablo, sur de Bolívar, hasta el Parque del Centenario de Cartagena, durante el gobierno de Betancur.
Se creó hoy frente al equipo de la institucionalidad de Bolívar, una Comisión de seguimiento al final de la plenaria y Geovaldis González declaró: “seguimos creyendo, pero si fuimos capaces de caminar más de 300 campesinos, la próxima, si nos incumplen podemos venir más de cuatro mil”.
