Aunque es un hecho sin precedentes que un militar del mayor rango en la dirección de las Fuerzas Militares comparezca ante un tribunal por la comisión de delitos de lesa humanidad, la JEP es hoy una jurisdicción castrada por recientes reformas aprobadas en el Congreso. VOZ se hizo parte del proceso en calidad de víctima
Alberto Acevedo
Dos generales de la república, uno de la policía nacional, otro excomandante general del Ejército, ambos con el mayor número de condecoraciones en la historia militar del país, comparecieron, en la misma semana, ante estrados judiciales, el de la policía por su implicación en una red de interceptaciones telefónicas ilegales, por lo que deberá responder por seis cargos criminales; el del ejército, por crímenes de lesa humanidad en connivencia con bandas paramilitares.
El hecho en sí mismo es escabroso y muestra el estado de la salud de la democracia en un país cruzado por bochornosos hechos de corrupción, por el grado de inequidad social que lo caracteriza ante el mundo, por el número de desplazados, de líderes sociales asesinados, de crímenes en la impunidad. Muestra además, la hondura de las reformas políticas, económicas, sociales y militares que se requieren, si quiere afianzar las reformas suscritas en los acuerdos de paz de La Habana con el mayor y más antiguo grupo insurgente del país.
Para la política de defensa de los derechos humanos, es muy significativo, el hecho de que el excomandante del Ejército, el general Mario Montoya Uribe, haya comparecido ante la Justicia Especial de Paz, JEP, tribunal extraordinario ante el cual respondería por la comisión de una multiplicidad de delitos, que van desde la desaparición forzada, torturas, paramilitarismo, ejecuciones extrajudiciales, terrorismo y concierto para delinquir.
Operación Orión
Toda la carrera militar del general Montoya está signada por señalamientos y escándalos y la comisión de crímenes que se constituyen como graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
Uno de los hechos más notorios de esta carrera criminal, lo constituye la llamada ‘Operación Orión’, en el año 2002, contra la Comuna 13 de Medellín, donde tropas de la IV Brigada del ejército, al mando del general Montoya y con el apoyo de estructuras paramilitares, atacaron a la población civil de esta zona urbana de la capital antioqueña, con el argumento de que había que desmantelar una red urbana de la guerrilla.
Según estadísticas de la Corporación Jurídica Libertad, de Medellín, durante el operativo 80 civiles resultaron heridos, 17 homicidios fueron cometidos por la fuerza pública, 71 más por paramilitares, 12 personas fueron torturadas, 92 desaparecidas, y 370 detenidas arbitrariamente. Este conjunto de hechos, dice la Corporación, constituyen graves violaciones al derecho internacional humanitario. De acuerdo al organismo investigador, estos hechos constituyen delitos de lesa humanidad a la luz del Estatuto de Roma.
Otra institución que adelantó investigaciones paralelas fue la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, CCEU, quien asegura que entre los años 2002 y 2010, periodo en el cual el general Montoya ocupó cargos de mando en el ejército colombiano, se documentaron 5.763 casos de ejecuciones extrajudiciales, de los cuales 1.140 en Antioquia, es decir, el 25 por ciento de las víctimas. Por su parte, Human Rights Watch, considera al general Mario Montoya como el principal promotor de la política de ejecuciones extrajudiciales.
Nexo paramilitar
Mientras Mario Montoya se desempeñó como comandante de la IV Brigada del Ejército en Antioquia, dice HRW, las ejecuciones extrajudiciales crecieron en un 144 por ciento a nivel nacional. El excomandante del ejército ha sido señalado además de nexos con comandos paramilitares como el Bloque Cacique Nutibara, el Bloque Centauros, el Bloque Héroes de Tolován y el Bloque Metro, que admite, este último, que incluyó al alto mando militar en la nómica de la ‘Oficina de Envigado’.
En una de las publicaciones de ‘Noche y Niebla’, el Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, presenta una extensa investigación sobre la conformación de un grupo terrorista paramilitar dentro de las instalaciones del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, Binci, bajo la orientación del entonces teniente del ejército, Mario Montoya Uribe. El grupo, que remonta su existencia hacia el año 1977, se denominó Alianza Anticomunista Americana, conocido como ‘La triple A’, inspirado a su vez en escuadrones de la muerte que con la misma denominación operaron bajo las dictaduras del cono sur del continente.
Defensa del Estado
En 1977, a instancias de ‘La Triple A’, estos escuadrones de la muerte colocaron potentes explosivos en las instalaciones de VOZ, entonces denominado Voz Proletaria, del vespertino El Bogotano, y de la revista Alternativa, cuyas sedes se ubicaban en Bogotá.
Entre los líderes del grupo paramilitar, se encontraban los tenientes coroneles Harold Bedoya Pizarro y Mario Montoya. La investigación pudo establecer que Bedoya Pizarro encomendó a Montoya la tarea de colocar el explosivo en VOZ, y este realizó las labores previas de inteligencia. Sólo que a última hora, Montoya fue relevado de la tarea. De todas maneras, una potente bomba en forma de cohete, se colocó el día del atentado hacia las tres y media de la madrugada.
Estos hechos se pudieron establecer en el año 1980, cuando cinco oficiales del Binci, denunciaron ante el presidente de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Organización de Estados Americanos OEA, y varios organismos internacionales de derechos humanos, la existencia de la empresa criminal, que cometió secuestro, tortura, interceptación de teléfonos a embajadas de países socialistas, seguimiento a personal diplomático de las mismas, terrorismo y asesinato, bajo el pretexto de que se trataba de “defender al Estado”.
Mal augurio
En la primera audiencia de la JEP para asumir el conocimiento del caso Montoya, en la tarde del pasado 13 de septiembre, el Partido Comunista Colombiano y VOZ, se constituyeron en parte como víctimas en todo este periodo de crímenes y violaciones de derechos humanos, y el jurista Rubiel Vargas Quintero anunció ante los magistrados que asumiría la defensa de VOZ y de la organización política de izquierda.
Numerosas víctimas se hicieron presentes en esa primera audiencia, anunciaron el nombre de sus apoderados, y clamaron justicia, insistiendo en que no debía existir más impunidad en estos crímenes, que durante muchos años no fueron investigados.
Las víctimas son pesimistas en cuanto a que se pueda hallar claridad de los hechos e imponer un castigo ejemplar a los victimarios. Las Justicia Especial de Paz, ha sido castrada, por una serie de reformas legales en el parlamento, a instancias del Centro Democrático y eso plantea un mal augurio para el desenlace de este histórico proceso que recién comienza.
