Cumbre de paz en Cartagena. El Gobierno y la FARC le madrugaron a la paz en el nuevo año. La Cumbre de Cartagena buscó darle un mayor impulso a la implementación del Acuerdo Final de La Habana. La primicia de la reunión la dio el semanario VOZ, el 1 de enero, vía Twitter
El expresidente uruguayo José Mujica, uno de los veedores internacionales del cumplimiento del Acuerdo Final de La Habana, presente en la reunión de Cartagena, del presidente Juan Manuel Santos y la delegación de paz del partido FARC, el 4 de enero pasado, para evaluar el proceso de implementación de lo acordado y suscrito por ambas partes, habló bastante, antes y después del encuentro, a pesar de la reacción grosera, exagerada e intolerante del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez, quien pretendió silenciarlo como acostumbra a hacerlo con sus contradictores.
Mujica lo dejó por el piso. No le respondió los insultos pero sí lo instó, con elegancia, a contribuir a la paz de Colombia. La misma, que de no resultar, sería el fracaso de América Latina. Señaló que “esto no puede volver atrás, hay que luchar por mejorarlo, por encauzarlo, y puede tener todos los defectos (el acuerdo) que se quiera, pero hay que trabajar con él”. Recalcó que “La construcción de un país serio pasa por suturar el problema de la guerra y transformarse en una sociedad que aprende a convivir y deja el odio”. Uribe Vélez quedó muy mal. Por cierto él está sub júdice porque cursan en su contra más de 200 procesos, algunos por presuntos nexos con el paramilitarismo.
Felipe González, el otro veedor internacional, que no tiene el carisma de Pepe Mujica, también hizo pronunciamientos sobre la necesidad de terminar de construir la paz y llamó a centrarse, más que en el contenido del acuerdo, en su trascendencia. Le respondió a Uribe Vélez, que él también buscó acuerdos con las FARC. “Eso me consta”, acotó.
El madrugón a la paz
La reunión se llevó a cabo, durante todo el día del jueves 4 de enero de 2018, con la participación del mandatario colombiano y parte de su equipo de paz; los veedores internacionales, Felipe González, expresidente de España y José Mujica, expresidente de la República Oriental de Uruguay y la delegación del partido FARC, integrada por: Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Ricardo Téllez, Jesús Santrich y Victoria Sandino. Hubo unos pocos invitados.
Todos los participantes resaltaron la importancia de la reunión. Se hizo un balance serio, según opinaron varios de ellos, en el cual fueron colocados sobre la mesa tanto las dificultades como los avances. El acuerdo unánime es que hay que persistir en la paz, no puede quedarse a la mitad del camino. Era necesario el balance, pues es evidente la inconformidad de los miembros de las FARC que se sienten engañados en muchos casos; y el ritmo de la implementación en el Congreso lo impusieron los enemigos de la paz, incluyendo parlamentarios oficialistas. El Estado no colaboró. El fiscal Néstor Humberto Martínez se dedicó en el exterior a hablar mal del Acuerdo y en el país a torpedearlo de distintas maneras. Lo mismo ocurrió en la Corte Constitucional con sus fallos contradictorios y poco constructivos con el bien supremo de la paz, derecho tutelado en la Carta Política y en el ordenamiento internacional.
El Acuerdo Final tiene más apoyo en el exterior que en las instituciones del Estado colombiano que olvidan que es un “asunto de Estado” y no se reduce al interés del gobierno. La ONU, la Unión Europea, la OEA y otros organismos intergubernamentales han brindado irrestricto apoyo al acuerdo colombiano.
En la reunión el presidente Santos reconoció que hay problemas, pero insistió en el cuento que le metió el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos, que según sus cuentas el vaso está medio lleno. Agregó que en Colombia el cumplimiento del Acuerdo ha sido más rápido que en procesos similares de paz en otros países. Reafirmó, eso sí, que hasta el último día de su mandato mantendrá el compromiso con la paz. Antes del 15 de enero le dará posesión a los magistrados de la JEP y convocó a una campaña nacional por la causa de la reconciliación y la no violencia.
Las críticas de la FARC
Márquez en su intervención reconoció que “la paz de Colombia atraviesa uno de sus momentos más difíciles tras la firma del Acuerdo Final de La Habana”. La Jurisdicción para la Paz “fue desfigurada”, al tiempo que la Reforma Política se hundió y “no mejor suerte corrieron las circunscripciones Territoriales Especiales de Paz. Siguen en prisión más de 600 integrantes de las FARC. La Fiscalía ha bloqueado en el Congreso la aprobación de la ley de tratamientos penales alternativos para pequeños cultivadores, sin cuya aprobación es imposible poner en marcha los programas de sustitución de cultivos. No hay desembolsos para proyectos productivos, no despega la titulación de tierras y los asesinatos de excombatientes y líderes sociales no cesan”.
Con el crudo balance de la implementación, Iván Márquez recordó que Jeffrey Feltman, Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos de Naciones Unidas, en reciente visita, dijo que “nos preocupa la falta de estrategia de reintegración acompañada de planes y recursos concretos que permitan su éxito”. Dejó en claro, que siguen los asesinatos y las incertidumbres legales especialmente para los miembros de las FARC.
Recordó que “ni los legisladores, ni los poderes institucionales pueden soslayar que el Acuerdo de Paz de La Habana ya fue refrendado por el Congreso de la República, y que fue investido de constitucionalidad por la Corte Constitucional, por lo tanto no puede ser modificado (…)”.
Reclamó del presidente Santos medidas excepcionales, que son posibles y legales, porque sin el fast track no cree que se puedan aprobar los proyectos en el Congreso. “Vendrán nuevos chantajes, y mucho más en tiempos electorales”.
A pesar de las críticas, ante los medios reconoció que no habrá marcha atrás, porque lo más importante fue haber puesto punto final al conflicto.
Otros pronunciamientos
De otra parte, la Comisión de Garantes, Cuba y Noruega, revelaron un documento en que reconocen que se han alcanzado importantes logros. Entre estos que las FARC-EP dejaron las armas y el Gobierno impulsó importantes avances en la agenda legislativa. Señalan que “ambas partes tienen la responsabilidad de reafirmar la confianza en el proceso”. El nuevo partido “debe redoblar esfuerzos para que los exguerrilleros se mantengan dentro del proceso, mientras que el gobierno tiene la responsabilidad de hacer cumplir lo pactado(…)”. Expresaron preocupación porque no se hayan aprobado acuerdos de relevancia, como la reforma política y otros referidos al tema de la tierra, e incluso la del otorgamiento de curules a representantes de las víctimas, la cual aún está en litigio jurídico. Al tiempo hicieron varias propuestas para dinamizar la implementación y recuperar el tiempo perdido.
Según el Observatorio de Seguimiento a los Acuerdos de Paz, con más realismo y objetividad que el Instituto Kroc, comprueban que en materia de cumplimiento en los 6 puntos concretos de la agenda, la estadística es así: Reforma rural integral, 5%; Participación política, 19%; Fin del conflicto, 33%; Drogas ilícitas, 6%; Víctimas, 9.3%; Medidas de implementación, 23%. En promedio el cumplimiento es del 18% no da ni para la tercera parte del vaso gubernamental.
Sin duda que es necesario meter más el acelerador, hacer más ágil y eficaz la implementación y superar con coherencia la resistencia de la oposición extremo derechista y la politiquería en el Congreso en tiempos electorales. Por ahora. Rodrigo Londoño, candidato presidencial del partido FARC, anunció que acudirá al Tribunal Internacional de Justicia para garantizar que se respete por el Estado colombiano el Acuerdo Final de La Habana.
