Las denuncias, reclamos, exigencias y propuestas que se hacen en esta fecha van más allá de las relaciones obrero-patronales. Están relacionadas con un modelo económico que excluye, empobrece y saquea en favor de capitales nacionales y extranjeros. Las calles de las principales ciudades son el escenario que evidencia las carencias, las peleas, las huelgas, las negociaciones y el rechazo a las propuestas de un gobierno que apenas comienza
Redacción Laboral
El Primero de Mayo se ha convertido en una fecha que va más allá del homenaje a los Mártires de Chicago de 1886 o la reivindicación de la jornada laboral de ocho horas; conquista que en tiempos de la desaforada economía de mercado, se ha ido perdiendo.
La conmemoración también es la oportunidad para que los trabajadores le recuerden al mundo que son ellos quienes producen la riqueza, construyen patria y hagan una valoración sobre las condiciones en las que lo hacen.
En Colombia, es la ocasión para que al calor de masivas movilizaciones y las diversas confrontaciones en mesas de negociación que se llevan a cabo en defensa de mínimos derechos laborales y de asociación, se evidencien las negativas consecuencias de la imposición del modelo económico.
Modelo en el que prima la sobreexplotación, el destructivo saqueo de los recursos naturales, el incremento de los contratos tercerizados y los bajos salarios; todo en beneficio de capitales nacionales y foráneos.
Los miles de marchantes de las principales ciudades del país, también salen para exigir inclusión económica, empleo, salarios dignos, modelos de desarrollo alternativo, educación gratuita y de calidad, salud, y sobre todo paz: El cumplimiento de los Acuerdos de La Habana, negociación con el ELN y cese de los asesinatos de líderes y lideresas sociales.
Por lo anterior, no solo trabajadores caminan y participan de los actos políticos y culturales, también lo harán estudiantes, organizaciones campesinas, ambientalistas, educadores, organizaciones culturales, amas de casa y jóvenes.
VOZ hizo un paneo por algunos conflictos de diferentes ámbitos de relaciones laborales, para ver avances, retrocesos y las perspectivas de las peleas, que de una u otra manera, sus consecuencias traspasan las fronteras de las relaciones obrero-patronales.
Acuerdo en tres temas
En primer lugar, la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, presentó su pliego de peticiones el 11 de febrero pasado, con el objetivo principal de lograr una reforma constitucional del Sistema General de Participaciones, SGP, que permita mejores recursos para la educación, punto que ya fue resuelto y cuya conformación de una comisión de alto nivel que hará la propuesta, será dos meses después de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, PND.
“Ahora estamos en puntos relacionados con la política pública educativa, donde hemos adelantado otros dos acuerdos. Uno relacionado con la ampliación progresiva de la cobertura en los tres grados de preescolar y su financiación por parte del Estado; y el fortalecimiento de las escuelas normales, ya que estas venían siendo debilitadas por orden de la OCDE”, explicó María Eugenia Londoño, negociadora en la mesa del magisterio.
La negociación ya está en su etapa de prórroga, en la que se discuten asuntos salariales, salud, bienestar del magisterio, garantías de asociación y derecho a la vida. Discusiones que se dan en medio de un forcejeo porque el Gobierno intenta imponer todo su paquete neoliberal, mientras los docentes, buscan arrancar derechos y financiación.
En consecuencia, se produce el rechazo de los profesores a los intentos de privatizar vía concesiones de colegios a manos de capital privado. También, piden la suspensión de la jornada única donde no haya condiciones de alimentación, infraestructura y docentes.
Avanzan privatizaciones
Esa problemática del magisterio se ve reflejada en la capital del país, donde los mismos docentes califican la situación como delicada, debido al retorno de una administración de la ciudad que pretende profundizar el modelo neoliberal con la privatización en la educación.
“Peñalosa empeñó vigencias futuras para garantizar que 13 nuevos colegios se entreguen a privados, sumados a las 22 concesiones que generó en su pasada administración. Esto precariza las condiciones laborales de los docentes en provisionalidad o tercerización y afecta su estabilidad laboral, su libertad de cátedra, jornadas extensas de trabajo, sobrecarga laboral, menores ingresos y sometidos a un desmedido control en su desempeño.
“Las concesiones, ahora llamadas prestaciones del servicio educativo, se llevan los recursos de los bogotanos para entregárselos a los negociantes privados, demostrando la incapacidad de la Alcaldía para administrar directamente la educación como un derecho y no como una mercancía”, dijo Carlos Edgar Gaviria Ochoa, docente e integrante de la Asociación Distrital de Educadores, ADE.
En explicación del docente, a lo anterior hay que sumarle el elevado costo en la contratación del servicio educativo que se desarrolla en diferentes programas que se introducen en colegios. Para esta vigencia, los recursos que llegan a los colegios para su funcionamiento fueron reducidos en un 20%.
“La desfinanciación le ha negado más de 90 billones de pesos a la educación en Colombia desde 2001, provocando unas condiciones de hacinamiento en las aulas de clase, la promoción automática y la sobrecarga laboral de los docentes. Como consecuencia, los docentes se ven afectados en la salud, incrementando las incapacidades por órdenes médicas, e inclusive aumentando las remisiones a especialistas en salud mental.
Además, el Gobierno nacional y el Ministerio de educación no hacen ningún esfuerzo para garantizar que los prestadores de salud cumplan con un servicio digno para el magisterio y sus familias… en muchas regiones, incluyendo Bogotá, a los docentes les ha tocado recurrir a acciones de hecho para ser atendidos, pues el servicio presenta deficiencias en la asignación oportuna de citas, procedimientos, así como en el suministro de medicamentos y un constante hacinamiento en las unidades de urgencias y hospitalización”, argumenta el profesor Carlos Gaviria.
El sistema Educativo en Bogotá cuenta con más de 30 mil docentes, de los cuales ocho mil tienen una vinculación de carácter provisional; una auténtica demostración de la crisis y de la poca importancia que presta la administración en fortalecer la planta docente en propiedad.
Estos temas fueron recogidos en el pliego de peticiones de la ADE y se negocian con la Secretaría Distrital de Educación, SED. En este contexto, la ADE solicita, a través de la SED, interceder para que se convoque un proceso de ingreso y cubrir las vacantes, priorizando a los docentes provisionales que han laborado por varios años.
Por otra parte, este sindicato hizo saber que rechaza las concesiones escolares que endeudan a la ciudad por 369.674 millones de pesos en 10 años, matricula más de 6.000 estudiantes y exige que estos colegios retornen a la administración directa de la SED.
Los docentes también exigen detener la implementación de la jornada única en las instituciones donde no existen condiciones de infraestructura adecuada, restaurante escolar, espacios especializados, rutas escolares, etc.
Esta negociación se desarrolla con pocos avances, debido al carácter de la administración que insiste en justificar sus políticas. “La confrontación está planteada y la ADE y sus maestros mantendrán su compromiso de liderar la movilización del magisterio nacional en unidad con los demás sectores sindicales, sociales y populares, tal como lo ha venido haciendo”, concluyó el profesor Gaviria.
Desindustrialización
Por otra parte, los obreros de la poca industria que aún queda en el país siguen siendo golpeados por el cierre de empresas, generado por las políticas económicas de diferentes gobiernos. “Los acuerdos con la OCDE están agudizando más el problema. Va a pasar lo mismo que pasó con la apertura económica de 1990, se estaban cerrando muchas empresas, inclusive las pequeñas que estaban a la vanguardia, muchos prefieren importar los productos con cero aranceles que producir aquí porque sale más costoso. Varias multinacionales que producían aquí ahora son bodegas, y eso está golpeando muy fuerte el empleo”, comenta Omar Romero, integrante del comité ejecutivo nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.
Según el dirigente sindical, varias multinacionales y empresas nacionales están cerrando sus plantas y dejando en la calle a cientos de trabajadores, afectando la economía de cientos de hogares como en el caso de Herramientas Andina, en el Valle del Cauca, y empresas textileras.
Las cifras del último informe presentado por Confecámaras ratifica el balance. Para el primer trimestre de la economía de 2018, cerca de 48.052 unidades productivas en Colombia se reportaron como canceladas, es decir empresas que se quebraron. No obstante, cabe resaltar que se crearon cerca de 97.165 unidades productivas en el país.
Como un balance positivo se podría presentar el informe; total fueron más empresas creadas que las que se quebraron, sin embargo, no se debe olvidar que cerca del 95% de las empresas en Colombia son microempresas, las cuales tienen bajas posibilidades de crecimiento, poca fuerza de negociación, manejo de economías de escala entre muchas otras, esto sin olvidar que cerca del 97% de las Pymes no exporta, en su gran mayoría está supeditado a las ventas regionales con todas las implicaciones negativas que esto tiene, una de las principales es la fluctuación de la demanda.
Trabajadores estatales
Pedro Arango del ejecutivo de la CUT y negociador con el Gobierno nacional en la mesa de los trabajadores del sector estatal, habló sobre las negociaciones de las condiciones laborales para más de un millón doscientos mil trabajadores del Estado.
El viernes anterior a Semana Santa, se llegó a un acuerdo sobre planta de personal en el que se estipula analizar la manera de vinculación o formalización de provisionales y de quienes laboran con Órdenes de Prestación de Servicios, OPS.
“Se dijo que en un término de tres años se harán los concursos para más de un millón de personas con costo cero porque se utilizará el presupuesto que actualmente hay para contratar con las modalidades vigentes. Eso es importante porque en las entidades se presentan situaciones que van en contra de la dignidad de los trabajadores, como que el politiquero de turno le quita la tarjeta salarial con que le pagan a trabajadores, le asigna el salario y le descuenta una cuota”, explicó el dirigente sindical Arango.
En la negociación el Gobierno argumentaba que todo debía estar dentro del marco fiscal y la viabilidad presupuestal, pero fue una condición que debió ser eliminada de las discusiones, aunque los representantes de los sindicatos saben que nuevamente se tratará de implementar.
Como conclusión, se creará una mesa central para discutir la manera de convocatoria o si habrá algún tratamiento especial para quienes llevan más de 20 años de manera temporal o provisional, aunque deben presentar el concurso. Estas también se conformarán en los departamentos.
La semana pasada, se inició la discusión sobre el incremento salarial para estos servidores, aunque también sobre carrera administrativa, derechos sindicales y prestaciones sociales.
La industria del petróleo
Por último, Héctor Vaca de la comisión nacional de derechos humanos de la Unión Sindical Obrera, USO, explicó el conflicto que enfrentan los trabajadores de la estatal petrolera Ecopetrol, con la administración de esa empresa por el incumplimiento de acuerdos en materia de formas de contratación.
Cerca de 35 mil trabajadores de esta empresa son tercerizados de los 44 mil que hay en total. “De esta manera la empresa no le aplica a los tercerizados los beneficios de la convención con el argumento de que las actividades que realizan no son propias de la explotación del petróleo”, comentó el dirigente obrero de la USO, quien agregó que esa organización sindical está viendo la posibilidad de una gran movilización nacional de trabajadores tercerizados para exigir la aplicabilidad de la convención.
Sobre la técnica de extracción de petróleo denominada fracking y la intención gubernamental de imponerla, el dirigente obrero dijo que la USO tiene una postura definida, consistente en que debe haber una moratoria hasta que haya un estudio real de las aguas subterráneas y otro sobre el impacto del uso de la técnica en yacimientos no convencionales.
Sin embargo, al interior de la USO existen posturas de algunos dirigentes sindicales quienes están porque se realice una prueba piloto con participación de comunidades, los sindicatos y las universidades, para conocer los impactos.
“Uno habla con hidrogeólogos de la Universidad Nacional o con ingenieros que han trabajado en la industria y dicen que se puede aplicar la técnica minimizando los riesgos de afectación o contaminación, pero también están los ambientalistas a quienes no les interesa ni siquiera explotar el petróleo. Entonces, hay que buscar un punto medio porque es a explotación se requiere para el desarrollo y funcionamiento del país”, anotó Vaca.
