Pablo Arciniegas
Para ser una especie que tanto miedo le tiene a su final, es poco lo que hace el ser humano para evitarlo. La amenaza de que este planeta, que por milenios nos ha abastecido de alimento y energía, se convierta en una roca caliente hoy está más presente que nunca. Y para la mayoría de gobiernos del mundo no es una prioridad frenar esto: cambio climático, sino mantener activo el consumo y la contaminación, con excusas como proteger el empleo. Patrañas, como ya lo vamos a ver.
El gobierno de Colombia, paradójicamente uno de los países más biodiversos, es de los que hace muy poco para proteger la delicada relación que tiene el ser humano con la naturaleza, relación de la que dependemos más nosotros. El Consejo de Estado, apenas la semana pasada, dio luz verde para ejecutar los primeros pilotos de fracking a nivel nacional, pese a que ya hay un proyecto de ley que busca prohibir esta explotación que afecta la composición de los ecosistemas, por más ‘responsable’ que se haga.
Santander, en proximidades del río Magdalena y del páramo de Santurbán, es el punto más apetecido para realizar estas perforaciones, con las que se pretende sacar un gas hidrocarburo, sustituto del petróleo, que ya viene escaseando desde hace más de cuarenta años. Como Colombia se ha acomodado a no contar con la industria ni tecnología para realizar este tipo de proyectos, muy seguramente quienes lo ejecuten (cuando ya no sea un piloto sino una realidad), sean multinacionales de países, en los que estas intervenciones están estrictamente prohibidas. Ejemplo, las multinacionales de Canadá.
Pero, el fracking no solo no va a destruir cuencas importantes del Magdalena, donde todavía se preservan manatíes antillanos ―cumpliendo con la profecía de que donde pisa el hombre, se extinguen los grandes mamíferos―, sino que tampoco va a traer el desarrollo, ni los empleos que prometa cuando se anuncie con bombos y platillos. Todo lo contrario, el fracking va a alterar los ciclos del agua, como pasó en el río Ranchería, y la calidad de la tierra, como pasó con Hidroituango, y, por lo tanto, afectará los cultivos: fuentes de ingreso y alimentos de miles de campesinos colombianos. Para ellos y ellas, ese será el fin del mundo.
Ahora, el poco compromiso del Gobierno nacional con frenar el cambio climático y la depredación del planeta, no solo se queda en eso, en feriar recursos naturales sino que pasa a la presión violenta contra líderes ambientalistas. La semana pasada, los grupos armados dedicados al desplazamiento forzado ―llamados mediocremente disidencias― asesinaron a Gonzalo Cardona Molina, guardián del loro orejiamarillo en Tolima, quien se oponía a la tala indiscriminada de la palma de cera, árbol donde anida esta ave, que paradójicamente también es nuestro árbol nacional.
A esto se le suma la amenaza de tortura que recibió por Twitter Francisco Vera Manzanares, un niño de once años y líder ambientalista. Muchos medios intentan hacer que el autor del trino se vea como un demente, pero no, el odio ‘al medioambiente y la diginidad’ (como decía la publicación) es consenso en un país al que se le ha adoctrinado para creer que monocultivo, vías 4G y quemar gasolina son sinónimos de crecimiento y de matríz energética.
¿El Gobierno de Colombia hace algo para frenar el cambio climático? Visto desde varios frentes y aparte de pagar viáticos a sus funcionarios para que vayan a firmar acuerdos internacionales que jamás se cumplen, no mucho. No importan o simplemente estamos demasiado atrasados para hablar de energías limpias y un mundo menos despiadado. Por otro lado, acciones como el reciclaje, en Bogotá y muchas de las capitales, se convierten en un debate moral del ciudadano, cuando ni siquiera estamos seguros de que en los rellenos sanitarios se respete la separación en la fuente.
Luego, evitar que este planeta, este diminuto punto azul, se convierta en un moridero no es un objetivo del poder, sino de la resistencia, y como bien lo sabe Francisco, a su corta edad, de la resistencia en comunidad. Meter el papelito en la bolsa que corresponde y firmar una petición en change.org contra la caza del tiburón martillo, puede que nos deje la conciencia en paz, pero no es un acto que nos vaya a separar de ese final al que tanto tememos.
Epílogo
La señora alcaldesa Claudia López, que impulsó una consulta anticorrupción, nos puede decir qué ha hecho con los recursos para el manejo de la pandemia. No se ve más personal para atender las UCIS, ni tampoco nuevos centros de salud, menos un auxilio que se parezca a la renta básica en Bogotá. ¿Estará esperando a demoler el San Juan de Dios para cumplir con todo eso?
