El pliego de los capitalistas
Carlos Fernández*
En el número 2945 de VOZ iniciamos el análisis del pliego de peticiones de los grandes capitalistas del país a Iván Duque, contenido en el documento del Consejo Gremial Nacional (CGN) denominado Reactivación económica 2018-2022. Propuestas del CGN para el presidente Duque y su equipo. Habíamos dejado pendientes de analizar dos temas: el comercio exterior y el agro.
Modernización de la logística comercial
Para los ya denominados grandes cacaos de la economía colombiana, que fungen, cada vez de manera menos velada, como los verdaderos jefes de los políticos en el poder, los problemas del comercio exterior colombiano se reducen a un asunto de infraestructura de transporte y de aduanas, a la existencia de engorrosos trámites y a la descoordinación entre las diversas entidades que deben vigilar la correcta entrada y salida de mercancías hacia y desde el país. Abogan, también, por la creación de un sistema coordinado de información entre tales entidades y promocionar mecanismos para disminuir los tiempos de trámite de las operaciones de comercio.
Aunque dejan constancia del avance de las políticas proteccionistas en varias importantes economías del mundo, en particular, los Estados Unidos, no analizan a fondo sus consecuencias para la economía del país. No dicen nada sobre el mantenimiento de las importaciones de alimentos y su impacto sobre la producción nacional. Mantienen una opinión favorable sobre los tratados de libre comercio, cuyo impacto negativo sobre la generación de valor en el país se hace cada vez más evidente. En síntesis, los capitalistas le están pidiendo a Duque que les modernice la infraestructura de transporte, les simplifique los trámites, de manera tal que ellos puedan realizar tranquilamente sus negocios de comercio exterior y elevar sus ganancias. Parten, siempre, de la idea de que lo que es bueno para ellos o, como dicen, para la inversión de capital, es bueno para el conjunto del país.
Los empresarios y el agro
Aunque reconociendo que «el país puede lograr avances importantes en el sector agrícola sin expandir la frontera agraria», los capitalistas del CGN consideran de suma importancia que, para el efecto, se remuevan diversos obstáculos que, a su parecer, pueden impedir el cumplimiento de ese objetivo. Cabe señalar que los prerrequisitos que ellos exigen para que el campo pueda dar todo su potencial han sido motivo de varios pronunciamientos de empresarios, funcionarios públicos nacionales e internacionales, comentaristas económicos, etc., desde cuando empezó a discutirse el primer punto del Acuerdo de La Habana sobre reforma rural integral.
Al acabarse el pretexto de que la guerrilla era el principal obstáculo a remover para que volviera la inversión al campo y, ante los acuerdos a que se iba llegando entre los negociadores sobre este tema, se planteó que, ante todo, como lo dice el CGN, era necesaria «la existencia de seguridad jurídica tanto en la propiedad, como en la vocación y usos del suelo». Ésta era una preocupación que no los asaltó cuando se presentaban las enormes masacres y desplazamientos que dejaron a cientos de miles de campesinos sin su tierra y sin la posibilidad de explotarlas en su provecho y en beneficio de la soberanía alimentaria del país.
Pero como existían y existen, todavía, vastas extensiones del territorio en donde el capital no se ha implantado, una de las motivaciones de la burguesía para negociar fue, precisamente, el facilitar el acceso a esos territorios al capital nacional y transnacional. De ahí que, mientras se plasmaba en el Acuerdo la necesidad de que el Estado realizara acciones tendientes a que los campesinos despojados recuperaran sus tierras o que campesinos pobres y sin tierra accedieran a ella, los dueños del capital rural y urbano presionaron para facilitar su acceso a grandes extensiones de tierra baldía que, según la legislación vigente, sólo puede ser otorgada a campesinos, mediante normas como la ley de Zidres. Ahora, con el pretexto de la seguridad jurídica, el ataque apunta a impedir que los campesinos despojados recuperen sus tierras o que, si las poseen, deban asociarse con los grandes capitales en alianzas que sólo convierten al campesino en trabajador para el capitalista agrario y que, en otras épocas, se llamaron alianzas productivas.
La seguridad que piden los gremios es la seguridad para los despojadores. Por eso, aunque existen legalmente (ley 160 de 1994), las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) han sido objeto de múltiples ataques ya que allí no aplica la figura de la alianza productiva y es, más bien, una posibilidad de demostrar que el campesino puede llegar a ser más eficiente que el gran productor (como lo demostró el economista canadiense Albert Berry). Que, además, este mismo campesino puede producir los alimentos que el país requiere con lo que se demostraría que no hay necesidad de importar ese importante volumen de alimentos que se importan hoy en día.
Preocupa al CGN, también, que existan figuras jurídicas como la extinción de dominio por causas ambientales y por falta de explotación de la tierra, figuras que, si bien existen desde hace tiempo, no han tenido una aplicación acorde con las necesidades de tierra de la población campesina. No obstante, los capitalistas quieren borrarlas de la legislación, para mayor seguridad de sus inversiones. Por eso piden, también, acabar con la figura de la expropiación y limitar al máximo la figura de la consulta previa.
De ahí que le propongan a Duque que le dé trámite al proyecto de ley, elaborado por el Ministerio de Agricultura en 2017 y consensuado con los capitalistas, con el fin de modificar la ley 160, pues en ese proyecto desaparecen las nociones de extinción de dominio por razones ambientales, la prohibición de acumular baldíos y se restringe la consulta popular. La única modificación que plantean es eliminar del proyecto el artículo 11º que estipula que los campesinos ocupantes de buena fe de terrenos incluidos en el inventario de bienes entregado por las FARC tienen derecho a una compensación por ese predio. Para el CGN, esto podría significar legalizar el «testaferrato» de las FARC. Sin embargo, cuando se discutía quiénes debían comparecer ante la JEP por su responsabilidad en el despojo y apropiación de las tierras de los campesinos desplazados, estos señores plantearon que todos eran propietarios o poseedores de buena fe y, por tanto, no debían comparecer. El doble rasero en todas sus mediciones.
La reactivación económica de la producción agropecuaria desde 2013, que muestran las cifras del PIB, es el resultado, como lo señala el investigador Héctor Mondragón, de lo obtenido por los campesinos en las diferentes movilizaciones realizadas (paro cafetero, paro agrario) y, sobre todo, del proceso de discusión y suscripción del acuerdo de paz. Es una reactivación inestable y no beneficia, necesariamente y por igual, a los campesinos, los terratenientes y los capitalistas agrarios. Los recortes que proponen los capitalistas a la legislación que favorece los intereses económicos, comerciales y ambientales de los campesinos colombianos van en contravía de un mejoramiento estable de la situación del campo. La lucha está planteada desde hace rato entre quienes abogan por una política que beneficie a la población, el territorio y el medio ambiente y quienes propenden por explotar, depredándolos, los recursos de la naturaleza y la fuerza de trabajo de la población del campo.
* Economista.
