En las cárceles hay un hacinamiento de 36.938 personas. La Corte Constitucional había calificado esta situación como inconstitucional y el Inpec nunca tomó medidas. Ante la llegada del Covid-19, las personas recluidas se manifestaron pidiendo que se decretara la emergencia sanitaria y la respuesta oficial fue la violencia. Hasta hoy se reportan 25 personas asesinadas y 181 heridas
Carolina Tejada
@carolltejada
Luego de las manifestaciones que se llevaron a cabo el pasado 21 de marzo, por parte de las personas privadas de la libertad en varias cárceles del país, exigiendo se decretara la emergencia sanitaria, ante la presencia del Covid-19, el reporte que hasta ahora se conoce, es que hombres del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, quisieron dispersar las manifestaciones a la fuerza, con gases, disparo de bombas aturdidoras y ante la inconformidad de la población que se manifestaba desde sus patios, los uniformados dispararon ráfagas de fusil.
El reporte hasta ahora conocido, es de 25 personas masacradas en la Cárcel la Modelo a manos del Inpec, dos de Cómbita, y un guardia del Inpec, que también murió en los disturbios. También se reportaron 181 heridos.
La crisis que provocó la protesta
La Corte Constitucional en diversas ocasiones había declarado que en las cárceles colombianas existía una serie de violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos, las cuales habían llevado a la misma entidad, a declarar y reiterar la existencia de un estado de cosas inconstitucional. En años anteriores, los reclusos, habían enviado derechos de petición, llamados a los organismos de DD.HH. e instaurado tutelas al Inpec, así como huelgas de hambre, a fin de que les restauraran sus derechos y acabar con el drama para quienes habitan tras las rejas.
Cuando al país llega el virus Covid-19, y se avanza en los protocolos para atacarlo, que incluye el aislamiento y no concentración de personas en un mismo lugar, quienes están privados de la libertad, en hacinamiento y en condiciones que la Corte había denominado como inconstitucionales, llamaron la atención sobre sus niveles de vulnerabilidad. Este llamado no se atendió, no sobra resaltar, que quienes están en reclusión, por el crimen que sea, no pierden sus derechos constitucionales.
En un estudio detallado que elaboró la Corporación Solidaridad Jurídica en el 2018, sobre la crisis carcelaria, se mencionan paso a paso las sentencias de la Corte en relación a la política carcelaria del país y las condiciones en las que habitan las personas privadas de la libertad. El estudio enfatiza en que, desde hace más de 20 años la Corte Constitucional, bajo la Sentencia T-153 de 1998, se había pronunciado sobre las difíciles condiciones que viven las personas en las cárceles del país. Allí es cuando la Corte declara el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario.
Para el 2013, por medio de la Sentencia T-388 y luego de un estudio más profundo y detallado sobre las condiciones en las que habitan los y las privadas de la libertad, la Corte afirmó que la política criminal, la que se imparte en todas las cárceles, sin distinción alguna, es reactiva, incoherente, ineficaz, volátil, desarticulada, sin intenciones de resocializar a los convictos y, por lo tanto, carece del necesario enfoque preventivo.
La no intervención de estas condiciones y, por el contrario, la agudización de las mimas, no solo por el incumplimiento de la garantía de derechos, sino por el hacinamiento, produjo que para el 2015 la Corte, nuevamente, con la Sentencia T-762, enfatizara sobre las graves consecuencias de la desarticulación de la política criminal. Particularmente, el hacinamiento y como consecuencia, la vulneración de los demás derechos humanos, y nuevamente la Corte insistió en el estado de cosas inconstitucional. Sin que hasta el momento exista intervención en dicha situación y sin que los derechos de las personas que viven en estos centros de detención, o de tortura, como los mismos presos los denominan, sean garantizados.
La Corporación Jurídica, analizó que, “según el Tercer Informe de Seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013 (CSS) de octubre de 2017, el hacinamiento en las cárceles del país sigue siendo desalentador, pues existe una evidente sobrepoblación carcelaria que se agrava con los días debido a la política criminal existente que conlleva un aumento de las penas”. En el mismo informe se presenta la relación del registro de cifras de personas detenidas a nivel nacional en estos centros. La sobre población en estas cárceles es desbordada.
Las cifras están así: “con corte a junio de 2017, se registraron 78.690 cupos carcelarios en el sistema del orden nacional (ERON) para albergar a una población de 115.628 personas en reclusión. La sobrepoblación total era de 36.938 personas y el hacinamiento alcanzaba el 46,9%”. ((CSS), 2017)”, lo cual evidencia dos cosas, por un lado, el no cumplimiento de las sentencias de la Corte por parte del Inpec y, por otro lado, que el número de personas recluidas al 2020, según el mismo funcionamiento del sistema carcelario, ha crecido, por lo tanto, las denuncias por hacinamiento y la preocupación ante la crisis en salud, en particular, ante el Covid-19, es apenas comprensible.
Cacerolazo por el derecho a la vida
VOZ, pudo dialogar con una de las personas recluidas en el Erón de La Picota en Bogotá, José Ángel Parra, él contó: “aquí hicimos un listado en nuestro patio, de las personas enfermas, y había seis de los más antiguos, y diez de los más nuevos con tos, dolor de cabeza y fiebre. A algunos les aplicaron una dipirona, y los regresaron al patio, pero las personas siguen enfermas. Hasta la fecha no ha llegado nadie a decirnos, “vea, estas son las pruebas para saber si tienen o no la enfermedad”. Y, eso es lo que hace que la gente se sienta temerosa”. Esa misma preocupación fue la que colmó la paciencia de la población carcelaria. En medio del hacinamiento y sin condiciones mínimas de salud, la única opción fue la protesta en varias de las cárceles del país.
Cuando se llevó a cabo la manifestación, José Ángel, relató: “nosotros los presos políticos del patio cuatro también participamos del cacerolazo, pero en donde los guardias están golpearon a la gente es en el patio número dos. Los guardias le están dando garrote a la gente, le tiraron gases y granadas aturdidoras”.
Esa misma noche recibimos una llamada de un prisionero de esta misma penitenciaria. No confirmó su identidad, pero aseguró, con una voz agitada, que necesitaban ayuda, que había cuatro casos de personas contagiadas con el Covid-19, que el Inpec conocía la situación y hasta ese momento no habían adelantado ningún procedimiento en salud que evitara que los casos se propagaran. Mientras la persona contaba la situación se escucha la algarabía, el Inpec estaba disolviendo la manifestación, la llamada se cortó y no tuvimos más información.
Minutos más tarde, por medio del WhatsApp, empezaron a llegar vídeos en los que se observaban personas heridas, gente corriendo, amotinada y gritando: “Esto es lo que está pasando, nos van a matar, nos van a matar, por pedir un derecho a la vida”, los reclusos hacían mención a los guardias del Inpec. Los videos se hicieron virales en redes y fue evidente el nivel de violencia ejercida contra la población carcelaria. En esas imágenes había personas con heridas de bala en la cabeza, en la columna, en el torso, todo parecía una película de terror.
