La especie de amnistía que el mandatario norteamericano ofrece a menos de la mitad de los inmigrantes que se calcula hay en el país es apenas por dos años. El propio Obama alienta una política de criminalización hacia los indocumentados
A pesar de que una de las promesas de campaña electoral de su primer mandato fue la de introducir una reforma migratoria que alivie la situación de al menos 11 millones de indocumentados que las autoridades calculan existen en el país, seis años después de su llegada a la Casa Blanca el presidente Barack Obama anunció un paquete de medidas, tardías e insuficientes, que alivian solo de manera provisional la situación de menos de la mitad de los ilegales que llegan a ese país en busca de trabajo y mejora de sus condiciones de vida.
El decreto de Obama plantea regular la situación de entre tres y cinco millones de migrantes, varios miles de ellos de nacionalidad colombiana, que a partir de hoy podrán salir de la ilegalidad y obtener un permiso de trabajo con carácter transitorio.
A cambio de este beneficio, deberán cumplir varios requisitos: que lleven al menos cinco años de estar viviendo en los Estados Unidos; que no tengan antecedentes penales allí; que se muestren dispuestos a pagar impuestos a futuro, como el resto de los ciudadanos de ese país. Los beneficiarios deberán demostrar que tienen hijos nacidos en Norteamérica y sean ciudadanos reconocidos o tengan papeles de residentes, y todo esto, antes del año 2010.
Obama dijo que con su propuesta pretende que el sistema de migración sea más justo y adecuado, pero todo parece indicar que esto no va a ser así. Junto a las medidas de alivio, Obama promete endurecer la política antiinmigrantes en la frontera, y de hecho criminaliza a los indocumentados, acusándolos de cometer cerca del 80% de los delitos que allí se cometen.
Por otro lado, las medidas de reconocimiento se extenderán por unos dos años en promedio, mientras el Partido Republicano, que ahora controla las dos cámaras legislativas, asegura que hará todo lo posible porque estas medidas no se lleven a cabo y de momento anuncia que bloqueará cualquier proyecto de ley que tienda a financiar la propuesta presidencial.
Así las cosas, organismos defensores de derechos humanos critican que el presidente demostró que podía tomar esta medida que estas organizaciones le reclamaron desde hace cinco años y ahora dispone de ellas en el peor momento de su mandato, de mayor debilidad política, después de haber sufrido un revés electoral, seguramente con el cálculo de mejorar la percepción entre sus electores, con miras a asegurar la permanencia de su partido en el despacho oval.
