Reclamos al gobierno nacional por el manejo de la pandemia y propuestas para mitigar la crisis social producida por el Covid-19 fueron las razones de la guerrilla para parar hostilidades
Redacción Política
La guerrilla del ELN ha anunciado el pasado 28 de marzo un cese unilateral de fuego, en razón a que el país viene enfrentando una situación compleja tras la pandemia mundial del Covid-19.
El ELN aprovechó para señalar al Gobierno del presidente Duque de ser incapaz de atender la crisis y en cambio conducir al país por el camino de la militarización y políticas de privilegio económico para el sector financiero: “En forma descarada ha favorecido los intereses de los grandes conglomerados económicos y capitales extranjeros, y ha sacrificado la salud pública. Pretende ganarse indulgencias con unas pequeñas obras de caridad que no solucionan ningún problema”, señala el comunicado emitido por el Comando Central de esa guerrilla.
La insurgencia denunció la fatal desatención estatal frente a una pandemia que golpeará a Colombia de manera significativa mientras la estrategia de las EPS para reducir el número de colombianos infectados ha sido negligente.
Mensaje por el diálogo
“Los Estados no tenían las medidas preventivas para este caso de pandemias y no están suministrando los recursos básicos de atención sanitaria ni cuentan con las instalaciones hospitalarias necesarias. La gran mayoría, se ha puesto al servicio de las grandes empresas capitalistas, dejando a la población en el desamparo”, señalaron los voceros de esa guerrilla en un comunicado.
Sectores políticos que han venido impulsando la continuidad de la mesa de conversaciones, rota desde hace mas de un año por el Gobierno Duque, vieron la propuesta elena de cese al fuego como un mensaje para retomar el diálogo en la mesa de conversaciones instalada en La Habana.
El ELN en su comunicado expresó que, ante el llamado mundial a parar los conflictos armados por la crisis global, por parte de la ONU, y ante un mensaje directo de Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, el pasado 26 de marzo, la guerrilla tomó la decisión de un alto al fuego unilateral.
“Escuchando el llamado de la ONU y de muchos sectores de la sociedad civil, el ELN declara un cese unilateral al fuego desde el primero hasta el 30 de abril. Saludo este gesto humanitario y sus razones. Espero que abra la vía hacia los diálogos de paz entre el Gobierno y esa guerrilla”, señaló el senador Iván Cepeda.
La crisis carcelaria
En la Comisión de Paz del Senado de la República que sesionó virtualmente dos días después de conocido el pronunciamiento de la insurgencia, se escucharon voces de respaldo a esa decisión y le pidieron al partido de Gobierno asumir la responsabilidad histórica de permitir la paz de Colombia y retomar las conversaciones de paz.
La insurgencia determinó condiciones para el cumplimiento de su palabra. Llamó a este periodo como un “Cese activo”, debido a que se reservan el derecho a la defensa en caso de ataques de la Fuerza Pública, paramilitares y bandas del narcotráfico.
Otras exigencias de la guerrilla es que el gobierno tome drásticas medidas para atender la crisis carcelaria que dejó recientemente 28 reclusos asesinados tras la actuación de la guardia del Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec. El mitin de los reclusos fue motivado por las insuficientes medidas de salubridad para esquivar el contagio del coronavirus.
“Que el Gobierno descongestione las prisiones, ordenando el excarcelamiento inmediato de los presos políticos, las personas presas por pertenecer o colaborar con los grupos guerrilleros, los presos condenados a menos de 10 años y a las personas mayores de 60 años”, señala el pronunciamiento insurgente.
Para el ELN la crisis por la pandemia se va a incrementar si se mantienen las condiciones de lucro en la salud producto de la ley 100. “Que se convoque a una reforma de la Ley 100, que privatizó el sistema de salud y se lo entregó a los testaferros del narco paramilitarismo, que se dedicaron a seguir traficando con la muerte de los colombianos. La salud debe volver a ser un derecho inalienable, de obligatorio cubrimiento por el Estado”, propuso la guerrilla.
Por último, la insurgencia reclamó del Gobierno nacional la creación de un Fondo Especial por 30 billones de pesos, para atender la emergencia por el coronavirus, mediante el cobro de un impuesto extraordinario, al sistema financiero, a los grandes industriales, comerciantes y empresas multinacionales.
