Asistimos al segundo aumento del pasaje de TransMilenio bajo la administración de Enrique Peñalosa, pasando de costar para los usuarios regulares $1800 a $2200; lo que significa un aumento del 22% en el costo del transporte; superando el aumento del salario mínimo y en general del poder adquisitivo de las y los bogotanos.
El principal argumento que se ha utilizado por la administración es el supuesto déficit del sistema, entendiéndolo como la brecha de recursos que se necesitan -bajo los actuales contratos- para la operación del sistema y el costo que cubre cada usuario con su pasaje. Este déficit sin embargo no existe; lo que se ha hecho es utilizar el Fondo de Estabilización Tarifaria del Distrito para mantener el precio del pasaje acorde a la capacidad diferencial de pago que tiene la ciudadanía.
No hay una razón técnica real para el aumento del costo del pasaje en las proporciones que lo ha impuesto el alcalde y su equipo; lo que hay es la decisión política de reincorporar el sistema a su dimensión neoliberal a ultranza, ignorando la posibilidad que habrían tenido de transformar la estructura de los contratos para los operadores de las fases I y II de sistema para el próximo mes de julio.
Recordemos entonces que la estructuración financiera del sistema bajo la anterior administración de Peñalosa, asignaba a los operadores el pago de un seguro por riesgo en la implementación del sistema. En otras palabras, parte del desigual reparto del costo de Transmilenio es por la retribución que todos hemos hecho del valor inicial de la flota de buses a las 18 familias que controlan las empresas operadoras de las fases I y II del sistema.
Además de altamente cuestionable en la estructuración contractual, sistemáticamente se han venido ampliando los plazos de los contratos, de tal forma que estamos sobre la mitad del año 2017, de pagar la inversión en flota de los operadores, lo que significa que además de los intereses que se les había pagado en los primeros 10 años de operación, quienes tienen los contratos de las fases I y II, llevan 7 años recibiendo el dinero simplemente a usura de nuestros pasajes.
La finalización de los contratos con los operadores de Transmilenio tiene como límite los kilómetros promedio recorridos por la flota de buses; que actualmente se encuentra en un millón noventa mil kilómetros; de tal forma que la apertura de la licitación para renovar la flota de las fases I y II anunciada para diciembre del año pasado no es en realidad. La respuesta de la administración distrital a las quejas de los usuarios por las condiciones de los buses y los accidentes que venían presentándose son una herramienta de alargamiento de los actuales contratos.
No se trata de renegociar como tuvo que hacerse en el pasado, se trata de abrir las nuevas licitaciones que la ciudad necesita para frenar los incrementos en las tarifas, reajustar el porcentaje de dinero recaudado que se va al Fondo de Estabilización Tarifaria y poder usufructuar mejor de las ganancias que deja el sistema.
Por otro lado, está la real crisis de los operadores del componente zonal del SITP o buses azules, que amenaza con dejar sin servicio de transporte a la ciudad antes que finalice el periodo de la actual administración. Hace algunos días la primera de las 7 empresas que tienen la concesión de la operación de los buses entró en proceso de reestructuración bajo la tutela de la superintendencia de sociedades.
Los retrasos en la chatarrización de buses tradicionales, la persistencia del SITP tradicional y la negativa de respuesta de la Secretaría de Movilidad a la petición de que asumiera el distrito la operación de la zona son algunos de los factores que profundizan la crisis de la empresa, y que están pagando especialmente sus trabajadores y los usuarios.
No hay déficit en la operación de Transmilenio, la ciudad no está atravesando la tenebrosa crisis financiera que desde el Gobierno y el Concejo de la ciudad quieren hacernos creer; tampoco están atendiendo las inquietudes de los usuarios en relación a calidad de la flota o del servicio en general.
Lo que están haciendo es prolongar el modelo de transporte que instauraron en la primera administración Peñalosa con anuncios rimbombantes, como que ahora tendremos un pasaje más a crédito en la tarjeta de fidelización que será lanzada, o que los transbordos no tendrán valor durante 90 minutos; soluciones nada visionarias a la real crisis de transporte público de la ciudad, en donde ni se avanza en lo multimodal, ni se atienden a las realidades de pago de la ciudadanía y menos se planea la implementación del componente zonal del SITP. La única planeación del alcalde es Transmilenio por otras vías de la ciudad.
