Comunidades en el Chocó confinadas por la violencia exigen al Gobierno nacional continuar con la mesa de diálogo con el ELN y parar la guerra de los grupos paramilitares
Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
Dentro de los territorios olvidados de la Colombia profunda se encuentra el departamento del Chocó, rico en recursos naturales, abrazado por la diversidad de la flora y la fauna, bañado por varios ríos. Las estadísticas lo siguen ubicando entre los lugares en donde el desempleo, el hambre y la miseria son el pan de cada día.
Uno de los municipios de este importante, pero abandonado departamento, es el Carmen del Darién, ubicado en la parte noroccidental del departamento del Chocó, en la región del Bajo Atrato. Sus habitantes, viven en medio de una zona inundable por el río, tienen que hacer malabarismos cada vez que las lluvias hacen crecer las vertientes fluviales para poder transitar por la zona.
En el Carmen del Darién, además de las condiciones sociales, de abandono a que los ha llevado el Gobierno central, hay otra no menos compleja, como la violencia. Allí, en esos 3.700 km² que componen este territorio, la guerra ha cubierto de terror lo que las empresas mineras, y el Gobierno les ha dejado.
La firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, se veía con buenos ojos en el territorio, la violencia cesaría y el desplazamiento a causa del terror con ella. Sin embargo, desde el alistamiento de las FARC para abandonar las armas, ese mismo territorio, que se pensaba como terreno para la paz, fue perdiendo la esperanza cuando se inició un proceso de ocupación por parte de las Autodefensas Gaitanistas y el ELN, anunciando una nueva ola de violencia.
Un rumbo violento y en el olvido
El año pasado las comunidades denunciaban que los grupos armados se tomaban el territorio mientras la fuerza pública miraba para otro lado, resguardándose en lugares donde no los toque la violencia. El Defensor del Pueblo, Carlos Negret, llegó al lugar en medio del llamado de las comunidades. En ese entonces, los líderes aseguraban al funcionario: “Las amenazas cada día son más fuertes y a la tercera, la bala no avisa. La Unidad de Protección nos dio un celular, que en el mejor de los casos nos toca rezar para que sirva de protección, porque en la mayoría de comunidades no hay señal. Desde que las FARC salieron de nuestro territorio no hemos tenido un día de paz. Tenemos miedo y llevamos desplazados desde el 27 de marzo”, relato un líder afro mientras otro líder indígena continúo afirmando, “no sólo los armados amenazan la tranquilidad sino el alud de pescadores del río revuelto de la economía ilícita”.
Al defensor le expresaban con temor, que tan pronto pusiera un pie en la lancha los podrían asesinar, era el temor de las comunidades por las represalias de los grupos armados. “El miedo es nuestra realidad. Mucho quisiéramos contarle, señor defensor, pero si lo hacemos, cuando usted ponga un pie en la lancha estaremos muertos. Así es la vida en el Bajo Atrato. Y lo que nos duele es que nosotros no parecemos colombianos ni panameños. Nosotros ni derechos humanos tenemos. Esta es la tierra invisible. Nadie ve. Nadie sabe. Nadie habla. Los noticieros le dedican 30 minutos a que llegaron 200 venezolanos a la frontera y aquí nos desplazamos por miles y ni un segundo le dedican”, con dureza alegaban las comunidades.
Desde entonces, y por más denuncias que se han enviado a los organismos de protección y de derechos humanos, la suerte para estas comunidades mayoritariamente afrodescendientes e indígenas, han empeorado. Las amenazas persisten, los asesinatos a líderes sociales continúan, y el desplazamiento forzado se convirtió en la solución en medio del llanto, pues ya les habían advertido, “que lo mejor era que nos desplazáramos porque aquí lo que iba a llover era bala. No hemos podido ir a la parcela ni a pescar”, relataba uno de los líderes sociales.
Aumenta la presencia paramilitar
Con la visita del Defensor del Pueblo, se alertó sobre la presencia cada vez mayor de los paramilitares. Las comunidades se preguntaban, cómo es que llegan los paramilitares por cantidad y ningún organismo de control y seguridad se percata de la situación. El 19 de enero del 2018, llegaron 200 paramilitares a la Unión Chogorodó, esa denuncia se adelantó desde las comunidades, sin que las denuncias tuvieran eco, a finales de ese año, solo los líderes indígenas tenían una cifra que superaba los 160 líderes amenazados.
Para el 16 de febrero de este año, las mismas comunidades denunciaron nuevamente que estaban siendo objeto de hostigamientos, así lo relatan por medio de un comunicado, “aproximadamente 50 hombres armados de las denominadas Autodenfensas Gaitanistas de Colombia, AGC, ingresaron al Resguardo Humanitario Ambiental So Bia Drua, exactamente en el punto llamado lote N2, donde se ubican las Comunidades de Ibudo, Padado y Nuevo Cañaveral”. También relatan que los mismos hombres arribaron a uno de los indígenas que se encontraba en el lugar para preguntarle por la guerrilla ¿dónde está la guerrilla?, ¿estaba ahí en la Comunidad?, a lo que el Embera le responde, que él estaba estudiando, que él no sabía nada. El grupo armado de hombres continúo su camino hacia una finca aledaña, la Abracharía.
Para el lunes 18 de febrero, ya escuchaban los primeros enfrentamientos del mes entre los grupos paramilitares, AGC y el ELN en los territorios colectivos de Curbaradó y Jiguamiando en el punto conocido como las Palomas. Para el día jueves 21, volvieron los enfrentamientos, esta vez con el estallido de varias combas. Desde entonces, a las comunidades se les prohibió la salida a otros corregimientos, es decir se encuentran en confinamiento y los caminos por donde transitan se encuentran minados.
Sin garantías y resistiendo
Lo más penoso para este territorio es que, en el 2010, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, le había otorgó medidas cautelares al Resguardo Indígena Uradá Jiguamiandó, declarado “So Bia Drua” pertenecientes al municipio de Carmen del Darién, dado los múltiples actos de violencia. Han pasado nueve años y las acciones no fueron efectivas por parte del Estado Colombiano para garantizarles la protección.
En una misiva en donde las comunidades indígenas relatan su temor, reiteran el llamado a el retiro de los grupos armados del territorio, se reactive la Mesa de negociaciones entre Gobierno Nacional y el ELN. Además, exigen del Gobierno Nacional, detener la guerra y lo responsabilizan por el exterminio sistemático y permanente, el cual, como ellos mismos afirman, se puede evitar garantizando la protección a las Comunidades.
“En una guerra a la que nos han sometido contra nuestra propia voluntad, ya lo hemos pronunciado y anunciado, no queremos más sangre en nuestros territorios, porque desde la firma del acuerdo de paz, ya son 100 indígenas asesinados, nos están exterminando, pero seguimos resistiendo”, afirman los indígenas en su carta pública.
