En la lucha contra la impunidad sobre los crímenes cometidos por altos mandos militares contra la población civil, organizaciones de derechos humanos preparan una acusación documentada que será presentada ante la Jurisdicción Especial para la Paz
Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
Colombia ha sido uno de los países con más niveles de crímenes de lesa humanidad en el continente, en los cuales altos mandos del Ejército Nacional se han visto involucrados con un manto de impunidad cuando de justicia se trata. Estos casos, principalmente de ejecuciones extrajudiciales, se encuentran en la justicia ordinaria, mientras los militares continúan con sus carreras profesionales como si nada.
En el marco de la firma del Acuerdo de Paz, entre la exguerrilla de las Farc y el Gobierno de Juan Manuel Santos, surge la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Con este instrumento, el país pensó avanzar en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del conflicto y así dar con los responsables materiales e intelectuales de los daños perpetrados a la población. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos han visto la oportunidad en la JEP para frenar dicha impunidad y abrirle camino a la verdad.
Una lucha por la verdad
Algunas organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, CSPP y el Colectivo José Alvear Restrepo, Cajar, vienen juntando la información para pedir ante la JEP que se adelante un proceso jurídico que busque frenar los niveles de impunidad desde esta institución. VOZ dialogó con Harold Vargas Hortúa, Coordinador del Equipo de Justicia Transicional del CSPP, quien contó que, en el marco de este proceso de indagación, se han encontrado una serie de casos que mantienen el mismo patrón de violencia, en donde cerca de 20 militares se ven involucrados.
Uno de los casos emblemáticos es el de Casanare, pues por primera vez, un comandante del ejército fue llamado a juicio por ejecuciones extrajudiciales, ese comandante es Henry William Torres Escalante: “Él, en este momento, se encuentra acogido a la JEP, porque tiene un juicio en curso, que quiere evadir, pero sí recibir los beneficios para los militares que ofrece la jurisdicción. Hasta el momento, este es el primer caso en donde un militar de alto rango es llamado a rendir cuentas”, comenta Hortúa.
Este caso particular fue caracterizado con una modalidad de ejecución extrajudicial temprana, “allí, detenían a personas de la misma comunidad que estuvieran pasando por veredas o que pasaran cerca de retenes militares y, posteriormente, las asesinaban y eran mostradas como dadas de baja en combates. Así mismo pasaba con los allanamientos, de allí también se llevaban a las personas y luego aparecían ejecutadas. Las versiones de los vecinos y de las familias han ayudado para esclarecer los hechos”, asegura el abogado Hortúa.
Otra de las modalidades que se caracteriza como más elaborada y que ameritaba mayor logística por los militares, es la relacionada con el caso de los jóvenes de Suacha. Ellos fueron secuestrados en este municipio, posteriormente ejecutados y mostrados como dados de baja en combate en Ocaña en Norte de Santander.
“La guerra se gana con litros de sangre”
Relata Harold: “Nosotros logramos identificar en el norte del país que los batallones que componen la Décima Brigada y que operan en los departamentos del Cesar y La Guajira, se iban a los sectores más populares de Barranquilla y por medio de la promesa de trabajo a los jóvenes, los engañaban y los llevaban a donde tenía jurisdicción esta brigada, los mataban y mostraban como bajas en combate. La organización de Familiares Unidos por un Solo Dolor de Barranquilla, relata cómo por los parques, en donde los jóvenes consumían marihuana, pasaba una camioneta del ejército sin placas, subían a los muchachos y nunca más se volvía a saber de ellos. Así que, no es solo el asesinato de civiles, sino, además, la desaparición forzada”.
Esta serie de casos que relata el abogado no solo tiene afectaciones en las principales ciudades como Barranquilla en Atlántico o el Cesar en la costa caribe sino también en las comunidades indígenas y campesinas. “El Batallón que más ha cometido ejecuciones extrajudiciales en el norte del país es el Batallón de Artillería N. 2 La Popa, superado únicamente por la Brigada N. 14 de Antioquia. Nosotros estamos adelantando un informe en el que se está evidenciando que solo en un periodo de tiempo hubo más de 200 casos. Ese lapso responde al periodo presidencial de 2002 al 2010, que coincide con el gobierno presidencial de Álvaro Uribe Vélez”, continúa el abogado.
El Batallón la Popa tenía un cementerio ilegal, donde exhumaban a personas, un lugar improvisado a las afueras de Valledupar, en donde enterraban víctimas de ejecuciones extrajudiciales: “Existe una serie de modalidades para perpetuar estas ejecuciones que se venían acompañando, con alianzas con grupos paramilitares, políticos regionales y empresarios. Esta no es una práctica única de ciertas tropas del ejército, realmente sí se daban directrices por todo el territorio nacional, en coordinación con sectores políticos y económicos, esto es lo que estamos documentando”, afirma Harold.
La presión al Ejército para mostrar resultados, es decir, las bajas en combate, además del discurso del mismo general Mario Montoya de “la guerra se gana con litros de sangre” abrió la puerta a los beneficios que se le otorgaban a los militares de acuerdo a su rango, los cuales iban desde el reconocimiento con las denominadas medallas del orden público o “recompensas a quienes presentaran las bajas en combate. A los soldados de rango más bajo les daban vacaciones, pagos de salarios y a los soldados de rango más alto, cursos en el exterior, entre otros. Es muy famosa la medalla gris que se ganaban cuando se presentaba un número alto de bajas en un periodo de tiempo. Los comandantes de división están llenos de estas medallas”.
Militares con rabo de paja
A comienzos del mes de febrero, la organización Human Rights Watch, HRW, le presentó al país una investigación en donde se relacionan a estos mandos militares con los crímenes que violentan la tranquilidad y vulneran la justicia y la verdad en el país. También alertan, cómo tres de los nueve generales promocionados están siendo investigados por ejecuciones extrajudiciales y los otros seis por acciones de su tropa.
Los militares denunciados por HRW, son los generales Martínez Espinel, Jorge Enrique Navarrete Jadeth, Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, Adolfo León Hernández Martínez, Diego Luis Villegas Muñoz, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, Raúl Hernando Flórez Cuervo, Miguel Eduardo David Bastidas y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo.
El pasado mes de marzo las organizaciones defensoras de DD.HH., igualmente presentaron un informe ante la JEP, sobre la presunta responsabilidad que tiene Adolfo León Hernández Martínez y quien hoy hace parte de la cúpula del gobierno del presidente Duque, relacionado con estos crímenes. Este militar se desempeñó entre 2007 y 2009 como comandante de la Popa. Según comenta el abogado: “Allí se documentó la presunta responsabilidad que él tendría sobre las tropas que cometieron ejecuciones extrajudiciales en este periodo de tiempo, pero además logramos mostrarle a la jurisdicción, como él firmaba actas de pago de recompensas a informantes que muchas veces eran falsos”.
Por otra parte, y en la búsqueda de la verdad y la justicia para el país, también se está preparando “un informe macro, sobre el actual comandante de las fuerzas militares, Nicacio de Jesús Martínez Espinel. Él era el segundo comandante y jefe de la Décima Brigada Blindada entre el 2006 y el 2014. Allí hemos logrado vincular 75 víctimas directas en un poco más de 30 casos. Lo que nos sorprende es que una persona que está vinculada con este caso, esté al frente de las Fuerzas Militares”, enfatiza Harold.
