Luego de 13 años de dilatación en el proceso por hallar la justicia para un campesino asesinado y presentado como guerrillero dado de baja en combate, siete militares son condenados a 34 años de prisión
Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
Un 11 de marzo de 2006, el Ejército Nacional asesinó y torturó a un campesino, José Orlando Giraldo Barrera. 11 miembros del Batallón de Alta Montaña, Rodrigo Lloreda Caicedo, lo capturaron, le quitaron la vida y luego lo presentaron ante los medios de comunicación como un guerrillero muy peligroso dado de baja en combate. Estos hechos se registraron en una finca ubicada en la vereda Golondrinas del municipio industrial de Yumbo, Valle del Cauca.
Una pala frente a fusiles de alta tecnología
“Dicen las investigaciones que lo superaban más de diez veces en número y que le dispararon a quema ropa, no le permitieron decir que era campesino. No hubo testigos que pudieran contar lo sucedido, porque sus victimarios actuaron al amparo de la oscuridad, la ilegalidad y el despotismo que los caracteriza para imponer el terror”, dice un comunicado público de su familia.
el Ejercito.
VOZ dialogó con Martha Giraldo, hija de José Orlando, quien junto a su madre y demás familiares, insistieron en la búsqueda de la verdad. Ella relata que, “a mi papá lo asesinan en el marco de una misión táctica militar, que fue develada en el juicio, y que fue consensuada, pues se hicieron varias reuniones en el Batallón de Alta Montaña con altos mandos militares. Se habló en algún momento de que esas misiones tácticas solo salían por orden del General de la Tercera Brigada. Este tipo de cosas no se esclarecen, pero hacen parte de la verdad que nosotras reclamamos”. Según la Fiscalía, el informe presentado por los soldados que llevaron a cabo el crimen, fue entregado al comandante del batallón, el coronel Bayron Carvajal.
El caso de José Orlando es uno de los más de diez mil que existen en el país. Este crimen se dio en medio de la política de Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe. En el proceso para hallar justicia, que inició su familia junto a los abogados del comité de Solidaridad con Presos Políticos, pudieron conocer, que además del asesinato agenciado por los militares, estos habrían pagado “por información que había conducido a dar de baja a un miliciano, y era el nombre de mi papá. La suma eran dos millones de pesos”, relata Martha y asegura que dicha información fue encontrada por la Fiscalía en un recibo de pago, en medio de una inspección en la oficina de Luis Eduardo Mahecha Hernández, sargento de inteligencia del Batallón del Alta Montaña.
La justicia empañada
A lo militares involucrados en estos hechos, después de cuatro años, en agosto de 2009, se les dictó medida de aseguramiento. Esos militares son: el mayor Manuel Arturo Pabón Jaimes, Luis Francisco Gálvis Sepúlveda, William Fabian Mosquera Delgado, Cristian Daniel Delgado Cuasquer, Eduardo Fidel Angarita Santiago, Jhon Jairo Quijano Sánchez y Carlos Enrique Martínez Díaz. En este periodo se denunció un ejercicio de tácticas dilatorias, cambiaron tres veces el juez, tres veces de Fiscal y la administración de justicia fue incapaz de dar continuidad de manera eficaz al juicio oral, estos militares fueron dejados en libertad entre junio y octubre de 2013. Las víctimas no fueron convocadas a estas audiencias en las que les dieron libertad.
En el 2012, el juez 19 penal del circuito de Cali, bajo sentencia del 6 de marzo, condenó a 37 años de prisión a Luis Eduardo Mahecha Hernández, exsargento de inteligencia del Batallón de Alta Montaña número 3 “Rodrigo Lloreda Caicedo”. En la sentencia se expresó textualmente: “Con fundamento en lo demostrado por la Fiscalía General de la Nación, concluimos, sin lugar a equívocos, que el señor José Orlando Giraldo Barrera era un campesino dedicado a labores concernientes al cuidado de fincas y a labores de sembrados y cultivos, sin ningún ligamen intelectual o material con grupos al margen de la Ley…” y menos aún, como líder de la agrupación conocida como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”.
El 24 de mayo de 2019, se da una sentencia absolutoria a los militares, proferida en favor de los uniformados, por el juez 13 Penal del Circuito. Esta decisión fue apelada ante el Tribunal Superior de Cali y, finalmente, el martes 6 de agosto de 2019, “luego de aceptar la apelación de un fiscal especializado en derechos humanos de la Fiscalía Seccional, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali condenó a 7 militares del Batallón de Alta Montaña No 3, de la Tercera Brigada del Ejército, a pagar 238 años de prisión”, según el comunicado de la Fiscalía.
Los militares condenados a 34 años de prisión, cada uno adscrito a la Tercera Brigada, fueron identificados como Manuel Arturo Pabón Jaimes, Carlos Enrique Martín Díaz, Eduardo Fidel Angarita Santiago, Luis Francisco Galvis Sepúlveda, Jhon Jairo Quijano Sánchez, William Fabián Mosquera Delgado y Cristian Daniel Delgado Cuascuer. Según la sentencia, los militares “son coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo, con ocultamiento, alteración, o destrucción de elemento material probatorio”.
La importancia de una justicia completa
En términos de verdad y de justicia no se ha vinculado a todos los implicados en el hecho, “esa misión táctica se develó que fue consensuada y que esas misiones salían por orden del comandante de la Tercera Brigada, esto no se esclarece, y es la verdad que también estamos exigiendo, una verdad y una justicia satisfactoria”, comenta Martha.
Igualmente, relata la entrevistada, que ellas, sus hermanas y su madre, se dieron a la tarea, en esos 13 años, de hacerle seguimiento al proceso, de trascribir más de cien horas de audios del juicio y por eso, asegura: “A nosotras nos presionan mucho por el tema de la reconciliación y del perdón, pero es complejo que se nos exija tanto, cuando a nosotras la justicia no nos da lo que merecemos por derecho. En esas sentencias no se contemplan las medidas restaurativas de satisfacción y el buen nombre de mi papá, que era algo muy importante para nosotras y por eso lo habíamos solicitado”.
Sin embargo, no deja de señalar la importancia de la condena. Esta sentencia es la primera que se ejecuta por un caso de “falso positivo judicial” en el Valle del Cauca. La lucha contra los crímenes de Estado y la impunidad es un ejercicio que cientos de familias en el país hacen día a día, para buscar la verdad sobre lo ocurrido y que, quienes ordenaron y ejecutaron estos crímenes de asesinato, tortura, desaparición forzada entre otros, sean castigados, para que nunca más se repita.
