El mínimo y las necesidades de los hogares

Sin discutir temas como la precariedad laboral, precios de productos de la canasta familiar, los millones de trabajadores que devengan menos del mínimo y garantías de sindicalización, entre otros, Gobierno y empresarios, con beneplácito de dos centrales obreras, impusieron $925.148 de salario mínimo para 2019, muy inferior a lo requerido por un hogar colombiano que en promedio es de 2,4 salarios por mes, eso sin tener en cuenta los millones que devengan por debajo de este. Vienen grandes movilizaciones de protesta para el año que inicia

Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino 

La principal central sindical de Colombia, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y la Confederación de Pensionados de Colombia, CPC, fueron las dos únicas organizaciones que no firmaron el reajuste del salario mínimo del 6%, $828.116, y el 10% del auxilio de transporte, es decir, 97.032 pesos, para un total de $925.148, para el año 2019, en la Comisión Nacional de Concertación, el pasado 20 de diciembre. Lo impuesto fue acordado por empresarios, Gobierno y las centrales obreras Confederación General del Trabajo, CGT, y Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC.

Al término de la última reunión, el presidente de la República, Iván Duque, expresó: “Hemos llegado a un importante acuerdo sobre el salario mínimo y el auxilio de transporte, que han sido los más significativos en los últimos años. Esto muestra que nos podemos poner de acuerdo en lo que le conviene al país, en lo que Colombia necesita que es reactivar la economía y al mismo tiempo ir mejorando las condiciones de todos los trabajadores y generando más empleos formales”.

Pero para la CUT el aumento no se compadece con la actual situación que viven la mayoría de los trabajadores y pensionados, y de otra parte, muy especialmente con la desproporción que existe por los grandes beneficios otorgados a los empresarios por más de diez billones de pesos con la reforma tributaria o ley de financiamiento presentada por el Gobierno y aprobada en el Congreso. Se confirma de esta manera que el gobierno de Duque solo tiene un carácter pro-empresarial: “$46.874 de incremento en el salario y $8.821 en el auxilio de transporte no tiene nada de histórico como lo afirma el presidente Duque, esta es una suma mezquina que no colma las aspiraciones de los trabajadores. El Gobierno fue bondadoso con los empresarios y engañó a los colombianos de menores recursos con este incremento. Eso hace desafortunada la decisión de la CTC y de la CGT de aceptarlo”.

Puntos distantes

Las irregularidades en la mesa iniciaron cuando en los primeros días del pasado mes de diciembre, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, dijo ante los medios de comunicación que la CUT proponía un 6,2% de incremento al mínimo. De inmediato los voceros de la central la desmintieron y explicaron que había una manipulación de cifras, pues esta salía del resultado del análisis técnico de un solo componente que se presentó en la subcomisión de productividad del Ministerio, en una reunión antes de ser instalada la mesa de negociación oficial. Según Mario Valencia, director de Cedetrabajo: “La Ministra sabe perfectamente que lo que se estaba discutiendo en la subcomisión de productividad eran las consideraciones técnicas de cómo se mide la productividad y cuál es la cifra que se debe usar”.

Superado el impasse, las partes discutieron las cifras presentadas por empresarios, instituciones estatales y representantes de los trabajadores, y los ítems a tener en cuenta para el reajuste salarial. Para la CUT estos debían ser la inflación, la productividad laboral, la brecha de inflación entre los sectores de menos recursos con la inflación media y la brecha de productividad laboral que se ha medido mal durante 12 años; lo que produjo el primer desencuentro, porque para Gobierno y empresarios lo que vale es la productividad total, es decir, la suma de todos los factores, y los trabajadores argumentaban que la que se debe tener en cuenta es la productividad laboral, porque se estaba tratando de establecer el valor del trabajo.

“Para ellos la productividad total es de 0,5% y la productividad laboral es de 1,69. Y al tener en cuenta la diferencia de los últimos 16 años, entre la total y la laboral, que es de 17%, reclamamos como CUT que nos paguen ese rezago, por lo que proponemos que el reajuste salarial sea del 12%. Es decir, se tiene que tener en cuenta el crecimiento del PIB, la inflación causada y la productividad laboral”, argumentó en su momento el negociador Fabio Arias.

Temas sin discusión

La discusión del salario mínimo no se puede hacer sin discutir la política económica del país, como han pretendido empresarios y Gobierno en la mesa. En consecuencia, la Escuela Nacional Sindical, ENS, aportó al debate: “La política de contracción salarial como estrategia de competitividad para promover las exportaciones y el crecimiento, ha sido en Colombia un completo fracaso, y a la vez condena a las y los trabajadores a menores ingresos en la torta distributiva del ingreso nacional que crea el trabajo. Estamos en el peor de los mundos: el país no exporta más, salvo bienes primarios, ni es más competitivo a nivel internacional, mientras se viene destruyendo la demanda interna, la producción nacional y se deteriora la distribución del ingreso. Es decir, los ricos más ricos y los trabajadores más pobres.

“En la lógica de los empresarios los salarios son un componente de los costos de producción de las empresas; mientras que desde la mirada de los trabajadores el salario es un ingreso que proviene de la distribución del producto creado por el trabajo en el proceso productivo, lo que a su vez es uno de los principales determinantes de la demanda de bienes y servicios. Por tanto, se requiere un aumento real de los salarios por encima de la productividad y de los factores de ley, para elevar el consumo de los hogares, como los alimentos, y por tanto contribuir al crecimiento de la economía y a generar más empleo de calidad. Por ello se justifica la propuesta de los sindicatos de un incremento real del salario mínimo que beneficie al 43% de la población trabajadora en Colombia, que tiene un ingreso menor o de hasta un salario mínimo, según datos del DANE”.

Nueva imposición

No obstante la sustentación de los representantes de los trabajadores, el pasado 20 de diciembre, en alocución presidencial se anunció el nuevo salario mínimo. Inmediatamente, el presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, explicó los motivos por los que esa central no firmó. El primero es que el Presidente de la República se había comprometido en campaña a hacer una rebaja de impuestos y un alza sustancial en el salario mínimo de los trabajadores; de lo cual se cumplió la primera parte al darle grandes beneficios a los empresarios en la reforma tributaria por 10 billones de pesos, aunque en salarios apenas fue un 6% que no colma las necesidades o el mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos ni reconoce la fuerza de trabajo como principal fuente de riqueza.

Además, el dirigente dijo que en la mesa se había argumentado que una de las formas en que el país saldría de la crisis económica, está relacionada con la mejora del ingreso de los colombianos, ligado a que la población consuma más para que el aparato productivo se desarrolle mejor.

Y por último, Orjuela anotó que los compromisos del Gobierno nacional con la OCDE, el sistema financiero nacional e internacional y las trasnacionales, es lo que hace que la mezquindad de Gobierno y empresarios se imponga. En consecuencia, esa central mantiene una gran convocatoria a fuerzas alternativas para grandes movilizaciones en 2019, que comprende un paro nacional contra el Gobierno Duque.

Hogares y salarios

Pero, ¿qué significa este reajuste si se tiene en cuenta el poder adquisitivo de los salarios y las necesidades básicas de millones de hogares colombianos? La economista e investigadora de la ENS, Carmen Lucía Tangarife, dice que en el país el 80% de los ingresos de un hogar dependen del trabajo, vía salarios o ingresos por actividades independientes. “Sin embargo, en el país el 70% de los ocupados recibe menos de 1,5 salarios mínimos, es un valor que no alcanza ni siquiera el de la canasta básica de bienes y servicios. Según la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares, ENPH, un hogar gasta en promedio $1.792.000 pesos en bienes y servicios, estamos hablando de 2,4 salarios mínimos. En estos momentos los hogares colombianos tienen una capacidad de consumo muy reducida”.

La investigadora también explica que la canasta básica de los hogares de las zonas rurales cuesta alrededor de 955 mil pesos, es decir 1,3 salarios mínimos. Y en esta población se agrupa en ganadería, agricultura y pesca alrededor del 90% de los ocupados con ingresos promedios de 525 mil pesos, menos de un salario mínimo.

Además, “el 65,9% de los ocupados del país, es decir 14 millones 750 mil personas están excluidas de los tres sistemas básicos de protección social: salud, pensión y riesgos laborales. Es necesario que esto mejore para que así sea más amplia la cobertura de trabajadores que pueden beneficiarse de un salario mínimo”, explicó Carmen Lucía Tangarife. Estos, y otros temas relacionados con salarios tampoco son discutidos en la Comisión de Concertación.

Por su parte, la ENS también explicó la relación de los salarios con las necesidades de los hogares. En las cabeceras municipales el gasto corriente mensual promedio de los hogares urbanos es de $2.020.000, lo que corresponde a 2,7 Smmlv. En el caso de los hogares de los centros poblados y rural disperso se necesitan $955.000, lo que significa 1,3 Smmlv necesarios para consumir estos bienes y servicios.

“El argumento del Gobierno y empresarios de que el salario mínimo es muy alto y le quita competitividad a la economía, se cae por su peso al compararlo con el costo de la canasta básica de bienes y servicios que necesita una familia promedio. Y al profundizar un poco en la causa de los problemas de competitividad que tienen las empresas, también pierde asidero si se compara el salario mínimo entre los países de América Latina y de la OCDE.

“La competitividad o rentabilidad de las empresas no depende del salario, sino de otros costos como la energía (8 veces más costosa que en los países de la OCDE), las altas tasas de interés (por la protección del sector especulativo de los bancos), el alto costo de la gasolina que incrementa los costos de transporte de alimentos y bienes necesarios, la precaria infraestructura económica que limita la competitividad, la ausencia de una política de investigación e innovación tecnológica aplicada a los procesos productivos y baja calificación del trabajo, que limitan los incrementos de productividad, además del contrabando que utilizan las mafias para el lavado de activos y la política cambiaria.

“El ingreso promedio del país es de tan solo $1.016.007, es decir 1,4 veces el salario mínimo, lo que representa el 57% del costo de los bienes y servicios que un hogar a nivel nacional necesita en promedio como se mencionó anteriormente. Se resalta que los sectores de mejores ingresos son los que menos aportan a la ocupación, como ocurre con la intermediación financiera que solo participa con el 1,4% del empleo, la explotación de minas y canteras con el 0,6%, y electricidad, gas y agua con el 0,5%. Los mayores salarios promedio en minería, sector financiero y eléctrico, se debe a la presencia de fuertes sindicatos, situación que no se da en los demás sectores de la economía”, argumenta la ENS.

Movilizaciones para 2019

Otros de los argumentos por los que la CUT no firmó el reajuste salarial son que la mayor inflación en Colombia se da por los bienes y servicios regulados por el Estado como la vivienda y los servicios públicos, combustibles y arriendos, que para el año 2019 será del 6,6%, es decir el doble de la inflación y un valor superior al 6% del salario mínimo decretado. El aumento efectuado ni siquiera cubre la inflación causada por el gobierno.

“A los trabajadores colombianos, a los pensionados, a la clase media y a los ciudadanos de a pie, la reforma tributaria nos impone mayores impuestos para los ingresos y un IVA plurifásico para cervezas y gaseosas, que terminaremos pagando con nuestros mermados ingresos”, expresó la central en comunicado y agregó que en 2019 adelantarán grandes movilizaciones con el resto de sectores sociales, populares y políticos demócratas y progresistas del país, frente a los nuevos desafíos que imponen las medidas regresivas del gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, la reforma tributaria, la flexibilización laboral, sumado al conflicto colectivo laboral que se avecina con la presentación del pliego unificado estatal el próximo 28 de febrero, que tiene como objetivo central aumentar los salarios a los empleados estatales.

Por ahora, millones de colombianos seguirán apretándose el cinturón para sobrevivir con sus salarios, las organizaciones sociales y sindicales se preparan para pelear por estabilidad laboral, ampliaciones de plantas y se opondrán al recorte anunciado por el Gobierno para atender sus requerimientos de déficit presupuestal y fiscal, entre otros temas.