Tribunal Administrativo obliga al Ministro y a la cúpula del Ejército a pedir excusas por falso positivo en Vista Hermosa, Meta. Se sienta jurisprudencia
Redacción Política
El día 27 de octubre de 2006 fue asesinado a manos del Ejército Nacional el campesino Elder Toloza Zurbarán. Llegó hasta la vereda Loma Linda del municipio de Vista Hermosa, Meta después de ser desplazado por la violencia de su municipio natal Barranca Loma, Bolívar.
El día de su muerte salía de la vivienda de la finca de Luis Mesa, vecino de la localidad, en compañía de Carlos Gutiérrez y Ángel Wirgez García, con dirección a la finca contigua, un expendio de licor. En el camino fueron interceptados por una patrulla militar. Esa fue la última información que se conoció de los tres campesinos.
Al día siguiente Jaime Toloza, padre de Elder tras desconocer la suerte del hijo emprendió su búsqueda su hijo junto a familiares de Carlos y Ángel. Después de dos días acudieron en ayuda a la Cruz Roja Internacional y como último recurso se atrevieron a preguntarle a unidades militares cercanas a Loma Linda sobre el paradero de sus familiares. Su sorpresa fue la respuesta: la única novedad era la muerte de tres guerrilleros muy cerca de allí.
El temor de los Toloza y los demás familiares era que sus hijos fueran los muertos. El 29 de octubre llegaron a las instalaciones del Batallón en el municipio de Granada, Meta y confirmaron sus temores. Los cadáveres de los tres jóvenes se encontraban expuestos allí como resultado, dijeron los comandantes militares: “Eran bajas en combate”. De acuerdo a lo dicho por las autoridades militares de la época, la muerte de los labriegos obedeció a un combate contra miembros de las FARC. La compañía militar recibió condecoraciones.
Los hechos corresponden a un caso tipo de ejecuciones extrajudiciales. Uno de los tres mil casos reportados solo en la jurisdicción del Meta y que producto de la sentencias del Tribunal Administrativo, en su Sala de Descongestión, obliga al Ministro de la Defensa a pedir excusas públicas en la plaza principal del municipio de Vista Hermosa.
Un hecho que sienta jurisprudencia para que los principales responsables de la cúpula militar en acto público pidan perdón por los hechos generados a lo largo de casi una década. Para el defensor del caso, Ramiro Orjuela, la decisión judicial es de significativa importancia por el reconocimiento de crimen de lesa humanidad a manos del Estado colombiano.
La sentencia administrativa del magistrado Álvaro Javier González Bocanegra, señala que no puede el Ministro de Defensa delegar las excusas públicas, pero además, el acto debe estar presidido por el Alcalde del municipio de Vista Hermosa, el Personero municipal y los concejales, medios de comunicación escritos, radiales y la televisión del departamento. “Así mismo manifestar el compromiso claro y contundente de tomar los correctivos para que lo acontecido no vuelva a suceder”, señala la decisión administrativa.
“Es demasiado importante que el propio comandante del Ejército Nacional y el Ministro de Defensa sean quienes pidan excusas públicas ante el pueblo de Vista Hermosa donde deben expresar su arrepentimiento por los acontecimientos y el compromiso de no repetir los hechos como la muerte de Elber Toloza. Es decir, no repetir la práctica sistemática de muerte por parte de las tropas oficiales y tales hechos no sucedan jamás”, señaló Ramiro Orjuela.
Y es que después de firmado el acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz muchos defensores de militares investigados y condenados por ejecuciones extrajudiciales han expresado la decisión de acogerse a ese sistema de justicia. Sin embargo, es poco probable que delitos como los falsos positivos sean de su competencia pues están definidos como crímenes de lesa humanidad que nada tiene que ver con los delitos producidos en medio del conflicto armado.
“El hecho de que el Ejército tome personas que no son combatientes nada tiene que ver con asuntos militares y menos con una militancia con organizaciones al margen de la ley y que son ciudadanos del común y los asesinan para presentarlos como guerrilleros en combate no tiene otro nombre sino un crimen de Estado. Los falsos positivos no daban ventajas militares ni estratégicas, fueron cometidos con el propósito de mentir a la sociedad, son delitos de competencia del Tribunal que surgirá de los acuerdos de La Habana”, explica Orjuela.
En los crímenes llamados falsos positivos en el Meta la impunidad llega al 80% del total de las investigaciones. Militares adscritos al Batallón 21 Vargas y la Brigada No. 12 entre los años 2003 y 2013 acarrean los mayores cuestionamientos judiciales.
