Desde la región se hace un llamado urgente al Gobierno nacional para que evite una tragedia humanitaria y ambiental, y se cumpla con el acuerdo de paz
Redacción DD.HH.
Del 18 al 27 de julio del presente año, se llevó a cabo una misión humanitaria en el sur del Meta y el norte del Guaviare a partir de las denuncias adelantadas por algunos habitantes de estas regiones del país, quienes acusan a la fuerza pública de cometer distintos atropellos contra la población en su intento por erradicar violentamente los cultivos considerados de uso ilícito por el gobierno nacional. Estas comunidades manifiestan que estos sembrados son lo único que les garantiza un sustento para sus familias debido al nulo apoyo estatal.
David Martínez Furán, presidente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta, Sintragrim, fue uno de los integrantes de la misión humanitaria, quien le cuenta al semanario VOZ algunos de los hallazgos de la delegación; después de aclarar que el recorrido se llevó a cabo en medio de la pandemia del covid-19, por lo que antes de este acordaron con las comunidades estrictos protocolos de bioseguridad, respetando cabalmente todas las medidas dispuestas por el gobierno nacional y las sugerencias de los municipios y departamentos visitados.
Al preguntarle a Martínez por los objetivos de la Misión Humanitaria por la Vida y la Paz en los Llanos Orientales y la Orinoquía, manifestó que eran visibilizar todas las violaciones a los derechos humanos cometidos en el territorio y hacer veeduría a la implementación de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC-EP en cabeza de Rodrigo Londoño.
Los lugares visitados
Con este objetivo, según las declaraciones entregadas a VOZ, los hombres y mujeres integrantes de la delegación, recorrieron en Vista Hermosa las veredas Tercer Milenio, Caño San José, El Silencio, Nueva Colombia, La Cooperativa, Agua Linda (Caserío Santo Domingo) y el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación – ETCR Georgina Ortiz; en el municipio de La Macarena se encontraron con comunidades del Losada Guayabero; en Mesetas escucharon a habitantes del ETCR Mariana Páez y las comunidades aledañas, igualmente la Nueva Área de Reincorporación – NAR Simón Trinidad; en la inspección de La Julia, en Uribe, hablaron con delegados del NAR – de la vereda La Pista y veredas vecinas. Y en el norte del Guaviare, estuvieron con las comunidades de Puerto Cachicamo y el ETCR Jaime Pardo Leal, ubicado en la vereda Colinas.
Denuncias recopiladas
En estas visitas la delegación encontró a comunidades denunciando enérgicamente el maltrato recibido por parte de integrantes de la fuerza pública, incluido el Escuadrón Móvil Anti Disturbios, ESMAD, quienes en su afán por erradicar los cultivos de coca terminaron quemado casas; arrancado algunas plantaciones de pancoger, yuca, caña, árboles frutales, plátano y arroz; destrozando utensilios de cocina y colchones; dañando depósitos de agua; macheteando mangueras; entre otras afectaciones a la propiedad de pequeños poseedores de tierra y pequeñas parcelas.
En estos lugares, recuerda Martínez haber encontrado restos de artefactos utilizados por el ESMAD y vainillas de armas largas dejadas por el ejército tras los operativos de erradicación forzada contra las familias campesinas, dejando por su paso testimonios indignados y dolidos de mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes agredidos por la fuerza pública.
Y como si fuera poco, algunas de las denuncias recibidas incluían estigmatización, lesiones y amenazas de muerte contra periodistas de la comunidad, quienes, en ejercicio de su labor de informar a la ciudadanía, documentaban agresiones, abusos y el uso indiscriminado de la fuerza durante los operativos de erradicación forzada de los cultivos de coca.
Una de los hallazgos que más perturbó a la delegación fue encontrar a algunas mujeres que manifestaron haber sido abusadas sexualmente y otras amenazadas de serlo por parte de integrantes de la fuerza pública, quienes en algunas ocasiones les describían a ellas mismas la ropa íntima que llevaban un día determinado. Situación que hace pensar el uso ilegal de inteligencia militar para acosar a la población civil.
Sumado a esto, habitantes de la región manifestaron que durante los operativos algunos militares les gritaban “no se preocupen por nosotros, preocúpense por los que vienen detrás de nosotros, vivan las AUC”, recordándoles las macabras alianzas entre la institución armada y grupos paramilitares que terminaron con la vida de miles de personas.
Quienes habitan esta zona del país han sufrido durante décadas las inclemencias de la guerra. Víctima reciente fue un campesino que cayó en un campo minado en la vereda Caño San José, municipio de Vista Hermosa en el Meta. Lo curioso para quienes denunciaban el hecho, es que por ese camino habían transitado personas regularmente la tarde anterior y que a cinco minutos del lugar se encontraban dos unidades del Ejército Nacional.
Otra de las denuncias recibidas por la misión humanitaria, según Martínez, está relacionada con uniformados del ejército, que llegaron en tiempos de pandemia sin respetar ninguna medida de bioseguridad, violando las normas establecidas por las comunidades locales y las mismas autoridades nacionales para contener la expansión del covid-19.
Incumplimientos del gobierno
Sumado a que estas zonas del país han sido azotadas durante décadas por el conflicto armado, el abandono estatal y la pobreza, las comunidades locales se mantienen sumidas en la incertidumbre e indignación a causa de los incumplimientos del gobierno a la implementación de los acuerdos de paz, especialmente al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET. La mayoría de campesinos y campesinas acogidos al PNIS cumplieron con la erradicación voluntaria de sus cultivos, pero el gobierno no cumplió plenamente casi ninguno de sus compromisos.
Estas felonías también afectan a excombatientes de las antiguas FARC-EP, quienes –contó Martínez- siguen comprometidos con los Acuerdos de La Habana desde los ETCR, NAR y procesos de reincorporación individual en las comunidades visitadas. Sin embargo, los incumplimientos de las responsabilidades del gobierno con la población en proceso de reincorporación y las comunidades aledañas son constantes y pueden poner en riesgo la transición a la vida civil de cientos de firmantes de la paz.
Llamado de la misión humanitaria
Finalmente Martínez y demás integrantes de la delegación hacen un llamado urgente al país a actuar para evitar una tragedia humana y ambiental de consecuencias irreparables; al Estado colombiano para que cumpla su deber constitucional, con los compromisos firmados en el acuerdo de paz, a que se garantice la vida y la integridad de la población y la preservación de los ecosistemas claves en la emergencia climática que vive el mundo e invita a la comunidad internacional a exigir el cumplimiento de los acuerdos bilaterales y obligar a sus empresas a respetar las exigencias éticas en Derechos Humanos y Ambientales.
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