Alfonso Franco
Resulta indudable que el movimiento sindical atraviesa por una aguda crisis ideológica, política y organizativa, dada la atomización que padece y la pérdida de identidad de clase. Así se evidencia, en la multiciplidad de organizaciones sindicales de primero, segundo y tercer grado que vienen creando personajes que históricamente han traficado con los principios cooperativos y que ahora lo hacen con los principios sindicales, como en el caso del sector salud donde convirtieron las cooperativas de trabajo asociado en supuestos sindicatos con la anuencia de empleadores y gobierno.
Otra muestra de ello es que el movimiento sindical ahora cuenta con siete (7) centrales obreras reconocidas (CUT-CGT-CTC-CNT-UTC-Cspcp-CTU). A pesar de no conocerse oficialmente los resultados del denominado censo sindical efectuado a finales de 2015, el anterior Ministro del Trabajo en medios de comunicación hizo pública la existencia de las siete centrales obreras, además de haber avalado la tercerización a través de la contratación sindical, mediante un nuevo decreto de 20161, siendo el sector salud el que tiene el porcentaje más alto de los contratos sindicales existentes en el país.
El Gobierno y empresariado promovieron y continúan promoviendo distintas normas para someter las relaciones laborales a los designios del derecho civil o comercial. Así se demuestra en el transito legislativo para reglamentar diversos instrumentos de intermediación y tercerización laborall, que es aprovechado para tercerizar ilegalmente, de manera generalizada, todas las actividades permanentes de las entidades, bien sea públicas o privadas. Ya no a través de Cooperativas de Trabajo Asociado -CTA-, sino de otras formas jurídicas, como operadores externos, outsoursing, Sociedades Anónimas Simplificadas -SAS-, Empresas Temporales de Servicios -ETS- e incluso los contratos sindicales. Esta última figura hábilmente utilizada por los mercaderes de los principios cooperativos, que transformaron o convirtieron las CTA en seudo sindicatos, para usufructuar la contratación pública y continuar sobre explotando el trabajo humano, ahora con los contratos sindicales.
La deslaboralización en la red pública hospitalaria alcanza niveles alarmantes cercanos al 70%, ya que los trabajadores ingresados para ocupar empleos en el sector salud, luego de que el Gobierno impusiera los denominados convenios de desempeño, acuerdos de eficiencia, la reorganización por redes de prestación de servicios, reestructuración, fusión y liquidación de las entidades hospitalarias, planes y programas de ajuste e incluso la más reciente versión de ajuste a través de los programas de Saneamiento Fiscal y Financiero, lo han hecho a través de mecanismos desregularizados y deslaboralizados, en los que no tienen derecho ni siquiera al salario mínimo, menos aún a organizarse en sindicatos, pues se considera que en estas entidades o en este tipo de contrato no hay relación laboral, siendo sometidos a la más brutal explotación2.
No resulta extraño, que el sector salud sea el que más utiliza las distintas formas de intermediación y flexibilización laboral, por cuanto en él se expresa plenamente la concepción reaccionaria y antidemocrática del Estado colombiano, evidente con el desarrollo del proceso de adecuación institucional de la salud. De los 2.032 contratos sindicales suscritos entre junio de 2014 y mayo de 2015 en el país, el 80% corresponden al sector salud, es decir 2.011, que a su vez le sirven al gobierno para presentar en los escenarios internacionales como avances en el derecho de asociación y negociación colectiva y evitar sanciones de los organismos tripartidos del trabajo, lamentablemente con la anuencia y beneplácito de connotados dirigentes de las centrales obreras.
Como referente, en este nuevo proceso de ajuste institucional, la red pública hospitalaria que actualmente no supera el millar de entidades en sus diferentes niveles de complejidad, con corte a 31 de diciembre de 2014 cuenta con un total de 45.971 servidores públicos, mientras la composición del gasto asociado al recurso humano, en promedio el 63% de este gasto, corresponde a los servicios personales indirectos y el 37% a personal de planta. Este factor, constituye el mayor foco de corrupción y presa predilecta de políticos, gobernantes y administradores para desangrar los recursos públicos vía contratación, poniendo en grave riesgo la estabilidad y sostenibilidad financiera de las entidades, como ha ocurrido cuando los trabajadores intermediados recurren a los estrados judiciales en busca del reconocimiento de sus derechos laborales por la existencia del contrato realidad.
En la perspectiva de reparar la victimización de que fueron objeto los trabajadores/as y las organizaciones sindicales del sector salud, con la implementación a sangre y fuego del modelo mercantilista de salud, el Gobierno debe concertar con los trabajadores y sus organizaciones la presentación del Estatuto del Trabajador de la Salud, para garantizar efectivas y democráticas condiciones laborales con estabilidad laboral, salarios, prestaciones dignas y justas, derechos de asociación y libertades sindicales del conjunto de los trabajadores del sector.
1 Decreto N° 036 del 12 de enero de 2016
2 La red pública hospitalaria con corte a 31 de diciembre de 2014 cuenta con un total de 45.971 servidores públicos, mientras la composición del gasto asociado al recurso humano, en promedio el 63% de este gasto, corresponde a los servicios personales indirectos y el 37% a personal de planta.
