Por las redes sociales, los ciudadanos califican la medida como un golpe de Estado, pues le deja al parlamento un tiempo mínimo para ejercer control sobre el ejecutivo e impedir una decisión que conduzca al Reino Unido a una hecatombe
Ricardo Arenales
A la zozobra reinante en la Gran Bretaña durante el tiempo que se ha venido discutiendo la idea de separarse de la Unión Europea, en un proceso que se ha denominado Brexit, se sumó la semana pasada, una verdadera crisis institucional, con el anuncio del primer ministro Boris Johnson de cerrar el parlamento, una habilidosa maniobra que ha sido calificada, aún por miembros de su propio partido de gobierno, como un timonazo similar a un golpe de Estado, que impone una mordaza al órgano legislativo en momentos en que faltan apenas unas semanas para que se produzca esa separación.
Gran Bretaña tiene una monarquía constitucional con un órgano parlamentario que se ufana de ser de los más antiguos y estables del viejo continente. Dentro de la usanza británica se usa una figura denominada ‘prorrogación’, que consiste en que, por petición expresa del primer ministro, la Reina puede decretar un cese de actividades del congreso, que después reanuda con un discurso suyo.
Moción de censura
Usualmente, tal prorrogación se utiliza para que el primer ministro, recién nombrado, tenga un margen de juego para conformar o ajustar su gabinete; u ordenar su política de gobierno. No es lo que sucede en esta ocasión. El gobernante, simple y llanamente intenta detener la actividad parlamentaria para evitar obstáculos camino al Brexit.
Boris Johnson ha dicho reiteradamente que está dispuesto a salir de la Unión, antes del 31 de octubre próximo. En tal caso, es lo que la prensa ha denominado un Brexit duro. Una fuerte fracción parlamentaria de oposición, que arrastra consigo a un importante número de parlamentarios conservadores, del partido del primer ministro, están en contra de esa salida, y no pocos preferirían reversar el Brexit y permanecer en la Unión Europea.
Fue precisamente por oponerse a esta salida que, en el pasado reciente, el parlamento votó en contra de los acuerdos a que llegó con Bruselas la anterior primera ministra Theresa May. Y en la medida en que se tensen las discusiones entre el parlamento y el titular de gobierno, podría repetirse ese escenario en que prospere una moción de censura y el ejecutivo tenga que convocar a elecciones generales anticipadas. Boris Johnson, al parecer, no le teme a esta situación, pues hace cálculos que, ante una nueva consulta en las urnas, va a alcanzar una mayoría parlamentaria y sacar adelante su política.
Y a pesar de pensar así recomendó a la Reina el cierre del parlamento, para cercenar su función constitucional de juzgador de la política del gobernante y evitar que, como lo anunció la oposición, se intente una salida alternativa al Brexit duro. Con la medida se estrangula de facto cualquier iniciativa parlamentaria en este sentido.
Atropello constitucional
Los diputados de la Cámara de los Comunes están indignados, pues se oponen a un Brexit si acuerdos con la Comunidad Europea. Algunos de ellos lo califican de ser “un dictador” al querer eludir el debate parlamentario en un momento “crucial” de la vida política británica. El presidente del parlamento, el conservador John Bercow, pese a ser de la cuerda del gobierno, calificó la medida como un “atropello constitucional”.
Por las redes sociales, los ciudadanos califican la medida como un golpe de Estado, pues le deja al parlamento un tiempo mínimo para ejercer control sobre el ejecutivo e impedir que se tome una decisión de una envergadura tal, que conduzca al Reino Unido a una hecatombe. A última hora, se conoció que el exprimer ministro conservador John Major, demandará ante los tribunales a Boris Johnson por suspender el parlamento. Major se pronuncia por la permanencia de la Gran Bretaña dentro de la Unión Europea.
Un Brexit sin acuerdo significa, conflictos aduaneros, ralentización de la economía, caos comercial por la desconexión sin un acuerdo previo, desabastecimiento de alimentos, medicinas, combustibles, aumento de precios y pánico entre consumidores, entre otras consecuencias.
