Días después del desalojo, en el mes de mayo de 2018, hombres y mujeres que trabajan en la informalidad en la localidad de Suba, marchan para reclamar sus derechos. La Alcaldía no responde, y diferentes familias se han visto afectadas económicamente
Renata Cabrales
@RENATARELATA
Las consignas durante la manifestación después de las injusticias de las que fueron víctimas los vendedores informales de Suba, en mayo de 2018, estaban relacionadas con la exigencia del derecho al trabajo y al trato digno por parte de las autoridades y la institucionalidad. Asimismo, insistían en que el desalojo del que habían sido víctimas no era legal. Desalojo que se llevó a cabo, además, con malos tratos que incluían la destrucción de más de 400 carpas que fueron instaladas para poder vender sus mercancías y esto, con el permiso de la Alcaldía. Con este desalojo, argumentaron los manifestantes, afectaron su estabilidad económica y su entorno familiar.
Desde entonces, los representantes de los vendedores informales insisten en ser escuchados, pues están dispuestos a recuperar el espacio donde podían llevar a cabo su trabajo informal, por medio del cual podían brindar a sus familiares una mínima estabilidad económica, pero, a pesar de esto, la Alcaldía solo se preocupa por mantener el sitio bajo vigilancia, en lugar de resolver su problemática.
Las mujeres en la informalidad
Según el DANE, la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 46,9% para el trimestre móvil marzo – mayo 2019. Para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 48,1%.
En el trimestre móvil marzo – mayo de 2019, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la proporción de hombres ocupados que eran informales fue de 44,8%, mientras que esta proporción para las mujeres fue de 49,5%. En el mismo periodo del año anterior, la proporción de ocupados informales para hombres y mujeres fue 46,1% y 49,1%, respectivamente.
Según el nuevo Código de Policía, en Bogotá, los vendedores deben tener unos documentos en regla que les permitan ejercer su oficio en los espacios indicados.
Pero, por otra parte, la Corte Constitucional publicó el fallo que condicionó la exequibilidad del numeral 4º del artículo 140 del Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 del 2016), que establece como comportamiento contrario al cuidado e integridad del espacio público la ocupación en violación de las normas vigentes.
Debe entenderse entonces, según la sentencia de la Corte, “que cuando se trate de personas en situaciones de debilidad manifiesta o pertenecientes a grupos de especial protección que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, se encuentren protegidas por el principio de confianza legítima no se les aplicarán las medidas correccionales de multa, decomiso o destrucción por la materialización de esta conducta, hasta tanto se les hayan ofrecido programas de reubicación o alternativas de trabajo formal, en garantía de los derechos a la dignidad humana, mínimo vital y trabajo”.
En Colombia, las mujeres que se dedican al “rebusque”, por lo general, son madres solteras en situación de vulnerabilidad, que realizan esta actividad en la medida que no tienen otras oportunidades de trabajo digno, también porque vienen de familias que todo el tiempo se han dedicado a la informalidad y aprendieron a buscar el sostén económico de esta forma y por supuesto, por ser cuidadoras, que ven en la informalidad una oportunidad de dedicarle más tiempo a sus familiares.
Informal y organizada
“Prácticamente, desde el vientre de mi madre, soy vendedora informal. Es algo que he hecho siempre y de lo cual me siento muy orgullosa. Desde que era niña aprendí a vender frutas. Empecé, en ese entonces, a trabajar en una plaza de mercado que se llama Rumichaca, al lado de la iglesia de Egipto, ayudando a una señora, yo vendía frutas y mi hermana vendía tintos, cada una se dedicaba a una actividad diferente.
Con eso nos rebuscábamos para ayudar a mi mamá, pues lo que ella se ganaba, también en el rebusque, no alcanzaba para todos los gastos”, narra Magaly Santos, vendedora informal, pero organizada en una asociación de vendedores ambulantes de la localidad de Suba en Bogotá, de la cual es representante legal.
En conversación con VOZ, Magaly, antes de mencionar el tema del desalojo del cual fueron víctimas 400 vendedores informales de la localidad de Suba y del cual fue víctima, nos habla sobre todas las actividades que realizó como trabajadora de la informalidad, desde que era una niña, debido a que a sus progenitores no les alcanzaba con su trabajo de lustradores de zapatos para mantener a una familia de cuatro hermanas.
“Nosotras, por ejemplo, algo que hacíamos y que ahora se hace de forma más sofisticada, era llevar los mercados a domicilio, los llevábamos a las casas, en costales. Igualmente, en la escuela, también fuimos vendedoras informales, allí vendíamos palomitas de maíz en bolsitas. Una de mis hermanas fue la primera mujer emprendedora, en cuanto a la venta de maíz. Todo empezó porque nosotras ayudábamos a una señora a sellar las bolsitas de maíz con una vela, entonces, mi hermana se aprendió el recorrido donde se distribuían y así empezó su propio negocio. A mi hermana Marcela y a mí, nos pagaba con bolsitas con el producto que vendíamos en las tiendas del barrio y en la escuela, eran bolsitas de palomitas de maíz de colores que llevaban un anillito o alguna cosita de sorpresa, para los niños y niñas”, comenta la mujer vendedora.
Vulneración del derecho al trabajo
“Las ganancias nos servían para comprar, por ejemplo, una papa chorreada en el descanso, porque nuestra mamá no tenía para darnos y con eso nos ganamos la fama de las “caspitas” del salón, porque íbamos era a producir”, agrega con orgullo.
“Mis derechos han sido vulnerados en todo este recorrido como vendedora informal, más aún con el nuevo código de policía y todas esas políticas contra los vendedores ambulantes, desde la anterior alcaldía de Peñalosa hemos sido maltratados pues él en ese entonces, fue quien supuestamente autorizó levantar a los vendedores del Restrepo y nos sacaron con camiones, con tanquetas y nos ponían a correr todo el tiempo”, afirma Magaly Santos.
Después de tantas experiencias de maltrato por su trabajo, cuenta la mujer que lo más más reciente que ha experimentado, fue el desalojo en la localidad de Suba, donde levantaron todas las carpas sin previo aviso.
“Pero, gracias al representante a la cámara, Inti Asprilla, nos enteramos de que la sentencia C-211 de 5 de abril de 2017, protegía nuestros derechos como vendedores ambulantes. En Suba, estábamos ubicados en una plaza con unas carpas, desde hace diez años e incluso teníamos un permiso de la alcaldía, teníamos una asociación de la cual yo era la representante legal, se llamaba Asoexis, registrada en Cámara de Comercio, cuyo N.I.T es 900176127-7. Fuimos legalizados ante la alcaldía y sacamos el permiso para colocar las carpas y en un momento inesperado nos desalojaron y hasta hoy, no hay respuesta”, agrega Santos.
Fueron muchos los daños causados, pues según la entrevistada, había muchas madres que trabajaban por sus hijos e hijas, incluso, “hubo el caso de una mujer que, a raíz del desalojo, le tocó vender con una chacita y no podía pagar el arriendo, la sacaron de su casa con sus hijas y le tocó irse a vivir en la calle detrás de una carreta. Muchos sueños se frustraron con el desalojo”.
A pesar de todo, Magaly Santos sigue en el “rebusque” y en la lucha por el derecho al trabajo digno. Hoy en día recicla llantas y está planeando realizar un proyecto de reciclaje de productividad ecológica, con la participación de toda la comunidad, que piensa llamar Ecoprogreso.
