En Colombia viven más de cinco millones de mujeres rurales, según el Ministerio de Agricultura, la mitad de las cuales vive en condiciones de pobreza
Redacción Mujer Rural
Las dinámicas que se desarrollan en la zona rural del país, debido al conflicto armado, y aun después del proceso de paz, como la desigual división de la tierra y los cultivos mal llamados ilícitos, afectan en mayor medida a las mujeres que la habitan, ya que son ellas las que en gran medida deben enfrentar estas problemáticas.
A propósito del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el pasado 8 de marzo el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) publicó un informe de carácter exploratorio en el cual busca dar a conocer un panorama general de los diferentes tipos de Violencias Basadas en Género (VBG) que afectan a las mujeres rurales en Colombia. Violencias que se agravan en relación a las diferentes problemáticas presentes en la ruralidad como lo son el conflicto armado, las dificultades para el acceso a la tierra, la escasez de recursos económicos, los roles de género tradicionales de las poblaciones asentadas en el campo, la alta tasa de analfabetismo y la escasa o nula presencia del Estado como garante de derechos.
Trabajo no remunerado
El informe nos presenta cinco apartados relacionados con la violencia psicológica o emocional, violencia física y feminicidios, violencia sexual, violencia económica y patrimonial, y la violencia institucional que viven las mujeres y otras poblaciones feminizadas en el ámbito rural, que resultan mezclándose con otras violencias relacionadas por razones de etnia, raza, edad, clase, discapacidad, orientación sexual e identidad de género.
Así mismo, hay datos que muestran un panorama de la grave situación de la mujer rural. En relación al número de horas por semana dedicadas al trabajo no remunerado en Colombia. En el caso de las mujeres urbanas, estas dedican alrededor de 32,3 horas, mientras los hombres dedican 14,1 horas. Pero, para el caso de la mujer rural, en relación a las mujeres urbanas, la cifra se incrementa en 10 horas más y la diferencia respecto al hombre rural se incrementa a 24,4 horas. Esto ligado a la poca o nula valoración que se da respecto a las labores de cuidado y de aporte a la comunidad que realiza la mujer rural, lo que conduce a una dependencia económica que construye relaciones de poder que son la puerta de entrada a otras formas de violencia y discriminación.
Desigualdad en cifras y la ausencia del Estado
De igual manera, de acuerdo al Censo Nacional Agropecuario 2014, dentro de los reconocidos como productores o personas naturales que influyen en la toma de decisión en el proceso de producción, los hombres ocupan el 61,4%, el 12,6% son hombres y mujeres de manera conjunta y solo en el 26% las mujeres son quienes toman decisiones. Pero la situación se complejiza aún más cuando se sabe que solo el 78,4% de estas mujeres productoras posee Unidades de Producción Agropecuaria menores a las 5 hectáreas y solo el 19,1% tiene acceso a maquinaria. Otro dato relevante evidenciado en el informe, es que de los 15.076 casos registrados de violencia sexual perpetrados en el desarrollo del conflicto armado, el 91,6% de las víctimas son mujeres y las niñas y mujeres entre los 10 y 24 años, las más afectadas. La mujer rural posiblemente es la principal víctima de este tipo de violencia, siendo el campo el principal escenario de desarrollo del conflicto armado.
Algo que se puede concluir como resultado del estudio, es que aún existe un gran vacío de información respecto a las diferentes expresiones de la VBG en las mujeres rurales. Los esfuerzos del Estado en esta materia, para que se permita una mirada diferenciada, son inexistentes, a lo que se suma su escasa o nula presencia en buena parte de la ruralidad, negando el acceso a rutas de promoción de derechos, apoyo y justicia a ese 13% de la población nacional que es la mujer rural.
